Por una revolución roja, verde y violeta para Castilla y para León

En ninguna parte está escrito que la Junta de Castilla y León pertenezca al Partido Popular, aunque se comporten como si así fuera. Le pertenece a la ciudadanía, y esta sabe que los problemas estructurales de nuestra tierra no pueden resolverse por quienes llevan décadas gobernando para unos pocos, profundizando la desigualdad territorial, social y económica. Cada año miles de amigas, familiares, vecinos, se marchan a otros lugares, porque no ven que puedan construir un futuro, un proyecto de vida aquí.

Nuestra tierra no está condenada. La despoblación, la precariedad, el deterioro de los servicios públicos y la crisis ecológica no son una maldición: son el resultado de decisiones políticas que han priorizado el beneficio privado frente al interés general.

Basta de resignación. Es el momento de dejar de ser periferia. Para ello, es imprescindible recuperar la iniciativa pública y democrática: planificar un modelo productivo e industrial distribuido, diverso y verde, que genere empleos de calidad. Un modelo que se apoye en nuestra universidad pública, la investigación y el conocimiento, garantizando transferencia tecnológica al servicio del bien común y no de la especulación.

Aprovechemos nuestras inmensas capacidades para liderar la transición energética. Hagamos de la energía un derecho, no un negocio oligopólico. Reduzcamos su consumo, garanticemos el acceso universal y la redistribución de la riqueza. Impulsaremos un modelo público y cooperativo, justo y descentralizado, que cree empleo y revitalice comarcas como Villablino, Fabero o Guardo. La transición ecológica solo será justa si es también social: nadie tiene que quedarse atrás.

Esta transición energética debe ir de la mano de una revolución en el campo. Tenemos una gran riqueza agrícola y ganadera que debe ser garante de nuestra soberanía alimentaria. Rechazamos el modelo de macrogranjas y de grandes empresas que monopolizan la distribución de productos del campo, pagándolos a precios de miseria y usando la tierra y los animales como forma de especulación. Nuestra apuesta es por un modelo agroecológico basado en pequeñas y medianas producciones, la cooperación, los circuitos cortos de comercialización y precios justos que fijan población en el medio rural. Bajo el asfalto está la huerta y para la vida en la ciudad es necesario cultivar la alianza entre el campo y la ciudad.

Defender el campo es también defender derechos laborales, condiciones de vida dignas y relevo generacional para quienes quieren vivir y trabajar en él.

Castilla y León necesita una intervención pública decidida en materia de vivienda, entendida como derecho y no como mercancía, Es urgente poner en marcha un plan de emergencia habitacional que declare zonas tensionadas, tope el precio de los alquileres y movilice el parque vacío con alquileres sociales vinculados a la renta, promover vivienda pública y protegida para repoblar el medio rural. Garantizar vivienda digna y accesible es, a la vez, la primera urgencia social y la mejor apuesta para retener y atraer población. La vivienda pública debe ser estructural, permanente y blindada frente a la especulación, no un parche coyuntural.

Pero una vivienda digna es solo el primer pilar. Para que la vida sea plena, necesitamos redoblar nuestro compromiso con los servicios públicos de calidad en todas las comarcas. La apertura de consultorios y escuelas rurales, o de servicios a la dependencia, no se puede ni se debe medir en términos de rentabilidad económica inmediata. Al contrario: son una inversión a medio y largo plazo para atraer población a esas comarcas. Como lo es también el transporte público. Necesitamos redes de transporte metropolitano en torno a las ciudades, ferrocarril de cercanías ágil y frecuente y soluciones versátiles para conectar los núcleos más pequeños con sus cabeceras de comarca. Para ello debe abandonarse toda lógica de privatización en la sanidad, la educación y los cuidados que tienen que ser 100% públicos, con empleo digno y estable y entender lo público no como la prestación de un mero servicio, sino como elemento estratégico de vertebración del territorio.

Gozamos de un incomparable patrimonio histórico y cultural que debe ser preservado y potenciado. Hay que proteger nuestros bienes de interés cultural y “superar la utilización partidista y excluyente de la tauromaquia por la pasión hacia nuestro arte, arquitectura y etnografía. Primar la cultura de base sobre el mero espectáculo. Incentivar las industrias culturales, velando por los derechos laborales de profesionales con particulares condiciones de precariedad e intermitencia. La cultura es un derecho, no un lujo, y debe estar presente en todo el territorio, no solo en las grandes ciudades. Llevaremos la cultura del centro a cada rincón, priorizando la creación local sobre el mero espectáculo.

Y con tanta o más intensidad debemos preservar nuestro patrimonio natural, y prevenir los incendios durante todo el año mediante una política forestal pública, profesionalizada y bien financiada con salarios adecuados. Proteger nuestra biodiversidad, seña de identidad y valor esencial de nuestra comunidad. Y cuidar de forma constante el equilibrio de los ecosistemas.

Por último, defendemos una Castilla y León solidaria, en la que no se levanten muros ni fronteras sino pasarelas que permitan que quienes vengan de fuera puedan adaptarse a vivir con nosotras y nosotros. Nuestra defensa de Castilla y de León no es un gesto contra nadie sino a favor de una Comunidad con menos desequilibrios. Castilla y León no quiere ser más ni menos que nadie. Y construimos país desde la diversidad, con justicia y equilibrio entre todas. La diversidad es una riqueza y la acogida, una oportunidad para reconstruir comunidad y futuro.

Nuestra tierra es una tierra de gente trabajadora que pide la palabra para llevarla allende nuestras fronteras, queremos construir otra Castilla y León posible junto con mucha otra gente que quiera venir aquí a construir un futuro digno para la Comunidad y para quienes la habitamos. Exigimos respeto, derechos y futuro para Castilla y León y para quienes la habitan.