Los Comités Locales denuncian que el 'ladrillazo' sigue amenazando la seguridad de las comarcas víctimas de la dana

Los Comités Locales de los municipios afectados por la dana (CLER) han alzado la voz contra la persistencia de un modelo urbanístico que consideran “depredador” y que, según denuncian, fue el principal potenciador del efecto destructor de la riada. Tras una reunión de trabajo mantenida este miércoles con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los representantes locales han trasladado su “gran preocupación” ante lo que califican como un “aluvión” de proyectos para nuevos polígonos industriales en las zonas damnificadas.

Para los CLER, resulta alarmante que los fondos europeos destinados precisamente a la prevención de catástrofes se estén empleando para financiar “más ocupación y hormigón”. Por ello, han exigido de forma contundente la implementación de una moratoria urbanística, advirtiendo que, de lo contrario, las comarcas sufrirán un colapso aún mayor en la próxima dana. Según los comités, lejos de revertirse las políticas basadas en el “ladrillazo”, el número de proyectos ha aumentado en los últimos meses aprovechando la tardanza en la aprobación de leyes más restrictivas.

Discrepancias técnicas con la CHJ en puntos críticos

La reunión en la sede de la CHJ ha servido para constatar que, aunque existe sintonía en el uso de soluciones basadas en la naturaleza para laminar las avenidas en espacios abiertos, las posturas son “opuestas” respecto a los tramos finales de los barrancos en poblaciones como Catarroja y Massanassa. Mientras que la Confederación prácticamente no propone actuaciones significativas en estos puntos, los técnicos de los ayuntamientos ven imprescindible ampliar el barranco y sustituir los tres puentes finales que actúan como “tapones”, especialmente el puente viejo del Camí Reial.

Por su parte, la CHJ ha recordado que las competencias de planificación territorial corresponden a la Generalitat Valenciana y las normas urbanísticas a los ayuntamientos, instando a que estas se rijan por los mapas de peligrosidad actualizados tras la catástrofe. Ante este escenario, los CLER concluyen que el plan de resiliencia actual “se queda corto” y no garantiza que la riada deje de circular por las calles y las casas en lugar de hacerlo por el cauce.