Un grupo de menores saca a la luz nuevos episodios de violencia en un centro de Tenerife: ''Parece un lugar de castigo''

Imagen de archivo de jóvenes paseando en Canarias

Natalia G. Vargas

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La denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar de Arrecife ha hecho estallar la burbuja de los centros de menores migrantes en Canarias. Un grupo de jóvenes ha decidido sacar a la luz supuestos malos tratos en un dispositivo de Tenerife. “En lugar de un centro de menores parece un centro de castigo”, narra a esta redacción Alioune*, que ha decidido no dar su nombre real para evitar represalias. Él y cinco jóvenes más afirman que llevan cinco meses en este recurso de emergencia presenciando golpes, castigos y provocaciones por parte de algunos educadores.

“Llevamos cinco meses allí, pero los demás dicen que esto pasaba desde antes”, cuentan. Los usuarios de este centro habilitado en un hotel del norte de Tenerife aseveran que conviven en un ambiente de “tensión”. “No es bueno”, sostienen. Según Alioune, solo están a gusto cuando salen a pasear por la zona por su cuenta o cuando acuden a clases de español ofrecidas por voluntarios y voluntarias de la isla. “Algunos educadores siempre buscan la manera de que haya problemas”, dicen.

El grupo de jóvenes describe a estos trabajadores como “seguritas” que “no hacen nada”. Además, aseguran que cuando han intentado denunciar dentro del propio centro estos supuestos malos tratos no se han sentido protegidos, ni siquiera por el equipo directivo. “No se nos escucha”, afirman. Según el testimonio de los menores, solo se sienten comprendidos por algunos empleados senegaleses. 

En este dispositivo conviven cerca de un centenar de jóvenes. La mayoría tiene entre 16 y 17 años y otros están pendientes de las pruebas de determinación de la edad, aseguran los usuarios. “Nos levantamos entre las 8 y las 9 de la mañana. Desayunamos. Si no sales del centro, en el interior hay profesores voluntarios de 10.30 a 11.30, pero no hay casi nada planeado durante el día. Nos quedamos mirando al techo sin hacer nada”, critican los usuarios del dispositivo. Algunos de ellos expresan su voluntad de llegar a la Península y se preguntan si su viaje a Europa a través de la peligrosa ruta canaria termina en ese centro. 

Fuentes próximas al recurso han asegurado a este periódico que uno de los jóvenes fue interrumpido durante el rezo y, después de un enfrentamiento con un educador, fue aislado en “la sala de la quinta planta”. Tal y como narran los menores, se trata de un espacio donde los usuarios son encerrados para corregir su comportamiento. “Les suben la comida, pero a veces pasan más de un día allí. También se les retira el móvil y pueden pasar semanas sin hablar con sus familias”, explican. Preguntados por los supuestos golpes y agresiones, afirman que los reciben “en zonas donde no se pueda ver la marca” y que algunas fotos que han hecho como prueba de los golpes han tenido que borrarlas después por orden de la organización. 

Este periódico ha intentado conocer la versión de la fundación que gestiona el recurso, pero la entidad se ha limitado a remitir a la Dirección General de Protección a la Infancia. Hasta el momento, esta redacción tampoco ha obtenido una respuesta por parte de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, responsable de los centros de emergencia. 

Los casos de Lanzarote

Esta denuncia pública sale a la luz una semana después de que dos abogadas llevaran a la Fiscalía una denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar, un centro de menores migrantes de Lanzarote. El escrito advierte del mal estado y la suciedad de las instalaciones y recoge algunos episodios de violencia física y verbal que los usuarios del centro han sufrido por parte de algunos educadores. Este centro, abierto también en el marco de la emergencia declarada por el aumento de llegadas de pateras y cayucos a Canarias, tiene capacidad para 25 usuarios, pero ha llegado a acoger a 64 menores en 20 habitaciones. 

El recurso no tiene cocina, solo una pequeña cafetería a la que solo pueden acceder los trabajadores y donde se ha reportado la presencia de cucarachas y hormigas. La comida para los menores la prepara un catering, cuya calidad es “pésima”. Unas fotografías incorporadas a la denuncia reflejan la suciedad de los baños, las ventanas rotas y los cables pelados y sueltos sobre las camas en las que duermen los niños y adolescentes. No hay sábanas, la ropa no se limpia y tampoco cuentan con extintores. 

Estas condiciones de vida han empujado a algunos menores a caer en adicciones que antes no tenían y que no han sido tenidas en cuenta ni tratadas, reza la denuncia. Se ha extendido el consumo de ansiolíticos como Rivotril o Diazepam, que algunos jóvenes llegan a mezclar incluso con alcohol como mecanismo de evasión. 

A pesar de ello, los menores no reciben asistencia psicológica. Por el contrario, la denuncia presentada ante la Fiscalía recoge casos de violencia verbal ejercida por los trabajadores, con comentarios como “estás loco, vamos a tener que pedirte cita con el psicólogo, que falta te hace” o “ojalá lleguen más subsaharianos, que son más tranquilos”. El escrito también advierte de un episodio de violencia, en el que un trabajador social “usó la fuerza física” agarrando por el cuello a un menor y empujándolo contra la pared.

No es el primer caso de malos tratos denunciado en un centro de menores de Lanzarote. En abril, la Guardia Civil abrió una investigación contra cinco educadores que trabajaban en el albergue de La Santa por amenazas y coacciones a los usuarios. A raíz de una denuncia presentada por un menor no acompañado, la Guardia Civil informó de que los trabajadores obligaban a los jóvenes a cometer actos vandálicos y a desobedecer las normas para desestabilizar la organización del dispositivo. 

Canarias cuenta en la actualidad con 80 dispositivos abiertos para acoger a 5.600 menores no acompañados. Esta semana, el Gobierno autonómico ha anunciado además que pedirá permiso a Puertos para instalar campamentos en los muelles y atender allí a los jóvenes, en pleno debate sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

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