Pesca también oculta el resultado de sus inspecciones en las jaulas marinas de Telde por orden de la Fiscalía

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias también se ha visto obligada a ocultar el resultado de sus inspecciones históricas en las jaulas marinas de Telde que registraron una mortandad masiva entre octubre y noviembre del año pasado, provocando el cierre de las playas del municipio durante semanas por un episodio de contaminación marina.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha hecho extensible al departamento liderado por Esteban Cipriano Reyes el bloqueo que impuso sobre las actas e informes emitidos por el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias, conocido como PLATECA, denegando el acceso a la información a Canarias Ahora, que había solicitado esos datos en aplicación de la Ley de Transparencia.

Es la segunda vez este año que el Gobierno regional se escuda en el carácter “reservado” de las investigaciones del Ministerio Público sobre el origen de la contaminación en Telde para rechazar la entrega de documentación. En la primera ocasión, la que tiene que ver con los documentos del PLATECA, se precisó que habían sido requeridos por el Seprona o la Fiscalia y que ahora por tanto “participan de la naturaleza” de un procedimiento penal. Pero esta vez no ha habido mayor explicación.  

Ambas resoluciones llegan en un momento en el que continúa sin saberse qué mató el pasado mes de octubre a las 2.500 toneladas de lubinas de las instalaciones de Aquanaria, la empresa encargada de la explotación de dos piscifactorías en la costa teldense, una de ellas ubicada en zona prohibida para tal uso desde la aprobación del plan autonómico que regula su actividad en 2018.

Este periódico quería saber el total de inspecciones realizadas por la Dirección General de Pesca en las jaulas marinas de Aquanaria. La empresa de origen cántabro tiene dos en Telde, otras dos en San Bartolomé de Tirajana y una en Arinaga. Produce en total 10.451 toneladas anuales entre lubinas, doradas, lenguados y pez limón o medregal, según datos del visor de Grafcan.

Pesca realiza dos tipos de inspecciones sobre las piscifactorías. Unas sobre las propias instalaciones y otras sobre el estado sanitario de los peces evaluando los métodos, las condiciones técnico-sanitarias y de producción, explican fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

De las actuaciones en las jaulas se encarga la empresa pública Tragsa, que ejecuta un mínimo de dos al año, puntualizan esas mismas fuentes, aunque “en caso de incidencias se realizan las inspecciones extraordinarias que sean necesarias”. Sobre las sanitarias, “se realizan de manera periódica, con toma de aguas de la concesión, así como muestras de peces para sus análisis”, apuntan desde la cartera liderada por el herreño Narvay Quintero, de Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Canarias Ahora quería conocer cuántos de esos registros se habían llevado a cabo en las explotaciones acuícolas de Aquanaria, sus fechas y los resultados, sin hacer mención del episodio de contaminación marina del pasado año.

Sin embargo, en una resolución firmada el pasado 19 de febrero, Pesca ha denegado el acceso a esos datos amparándose en el mismo criterio que la Fiscalía objetó para ocultar las actas e informes del PLATECA: el carácter “reservado” de su investigación. Esta vez sin detallar si esas inspecciones forman parte o no de ella. Tan solo exponiendo un pequeño razonamiento del Ministerio Público para rechazar la entrega de información en el marco de unas diligencias.

“El reglamento del Ministerio Fiscal prevé que los procedimientos tramitados son reservados, en los términos legalmente establecidos. La publicidad que, con carácter general, se predica de las actuaciones administrativas e incluso de las judiciales encuentra importantes limitaciones en el ámbito penal”, recoge el texto.

Pesca sostiene en su resolución de tres páginas que conceder los datos solicitados por este periódico “podría suponer un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”, uno de los supuestos invocados en la ley de transparencia canaria para bloquear el acceso a información. Pero no detalla en qué medida conocer el resultado de las inspecciones sobre las jaulas marinas de Aquanaria afectaría a dichas pesquisas.

Conviene recordar que incluso antes de la aprobación de las dos leyes de transparencia, la autonómica (en 2014) y la estatal (en 2013), ya había sido aprobada la ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, “lo que da a ver la importancia que ha tenido la difusión de este tipo de datos para la protección del medio ambiente”, destaca Noel Armas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla.

Este mismo lunes el Ayuntamiento de Telde lanzó un comunicado en el que volvió a denunciar la “opacidad” del Gobierno de Canarias al respecto. Después de una reunión celebrada entre el alcalde, Juan Antonio Peña, y dirigentes autonómicos, entre ellos el propio consejero Narvay Quintero y el director general de Pesca, Esteban Cipriano Reyes, el Consistorio ha lamentado que “lejos de aportar claridad, (…) la cita dejó más incertidumbre que respuestas”.

Quintero señaló que “todos los expedientes relacionados con la concesión administrativa, la actividad de las jaulas y sus autorizaciones se encuentran bajo secreto de sumario”. Pero Peña considera que “nos encontramos ante una situación que afecta directamente al medio ambiente, a la salud pública y a la economía local, y aun así se nos niega información básica para poder actuar con responsabilidad”.

La Plataforma por un Mar Limpio también ha criticado en una misiva emitida este martes que “la falta de transparencia es absoluta. [Los representantes institucionales] se escudan en un supuesto secreto fiscal que impide a la ciudadanía acceder a información esencial sobre una actividad que afecta directamente al medio marino”.