“Estamos bajo mínimos”: el cierre de las playas de Telde por la contaminación de las jaulas marinas asfixia a la hostelería

Un miércoles cualquiera, en las playas de Melenara y Salinetas, en Telde (Gran Canaria), habría tanta gente que “te perderías intentando contar el número de personas” en ellas, dice Luis Santana, vecino de 63 años. Pero este no es un miércoles cualquiera.

Desde hace poco más de un mes, ambas playas, junto a otras tres del municipio, permanecen cerradas después de que miles de lubinas de la piscifactoría ubicada a pocos cientos de metros de la costa murieran de forma masiva. Restos de materia orgánica en descomposición no han parado de llegar al litoral, una especie de grasa que continúa apareciendo en los análisis realizados diariamente por el departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

“Al desconocerse cómo puede afectar la exposición al vertido”, reconoce una portavoz de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, la recomendación de cierre persiste. Y el Ayuntamiento de Telde, que es quien gestiona las playas, atiende a Salud Pública. Ninguna de las administraciones sabe cuándo volverá a estar limpia el agua. Tampoco tienen idea de qué pudo matar a miles de peces de acuicultura para provocar esto.

En la arena, mientras tanto, donde antes había toallas y sombrillas, ahora solo hay gaviotas campando a sus anchas como en los meses más duros de la pandemia de coronavirus, recuerda Francisco González, de 39 años, también vecino. Los socorristas se dedican estos días a vigilar si algún despistado se adentra en el mar como si nada. Un dron analiza el estado de las aguas. Apenas hay visitantes. Ni extranjeros ni locales. Los restaurantes y cafeterías de la zona han comenzado a impacientarse.

“El cabreo es descomunal. Estamos trabajando bajo mínimos. Ahora viene alguien y se toma un café, pero antes el que venía a la playa se compraba un bocadillo y un refresco”, lamenta Ana Florido, de 40 años, trabajadora de un local. “¿Un mes tan malo como este? Jamás había visto algo así. Nadie ha venido a hablar con nosotros ni a preocuparse por nada”, agrega.

En el comercio contiguo, Miguel, de 47 años, expone una realidad similar. “La caída en facturación es de más del 50%. Los turistas extranjeros ya no vienen. Hemos tenido que reducir horarios porque no merece la pena tener el negocio abierto todo el día. Perjudica en todos los sentidos. Así que a veces hemos tenido que cerrar antes. Lo que sea necesario”, remacha.

Al mismo tiempo que las terrazas agonizan, un pequeño barco va y viene del Puerto de Taliarte a las polémicas jaulas marinas. La actividad allí volvió a la normalidad hace semanas, asegura Pedro Sánchez, el director comercial y de marketing de la empresa concesionaria, Aquanaria. Así que las lubinas han vuelto a hacer lo que hacen las lubinas cuando crecen en cautividad: engordar hasta ser comercializadas. “Está todo limpio” desde hace casi un mes, asevera Sánchez. Pero en los alrededores de la piscifactoría, todavía no.

La Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas incoó diligencias de investigación el pasado 17 de octubre a raíz de una denuncia presentada por la propia empresa. El Ministerio Público encomendó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) las labores de investigación para identificar el origen y la autoría del vertido. Fuentes de la Benemérita señalan que continúan explorando qué mató a las 1.500 lubinas de Aquanaria, según una estimación del Gobierno regional.

La empresa tiene su propia hipótesis. Creen que un vertido “extraño y de apariencia química” procedente de un emisario municipal muy próximo a las jaulas pudo haber matado a los peces. Un pescador les alertó el 3 de octubre de ello y, “a partir de ese día”, añaden, “el personal técnico detectó un cambio abrupto en su comportamiento y en las condiciones del agua”. Poco después “se constató una mortalidad anómala y progresiva” con consecuencias “devastadoras”.

A juicio de Sánchez, “hay muchas evidencias de lo que ha pasado”. Afirma que Aquanaria tiene documentación que asocia ese supuesto vertido ilegal (que luego el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, dijo que podría ser de gas sulfhídrico) con la mortandad de las lubinas. Defiende que la compañía “ha actuado con total transparencia y responsabilidad, informando de manera inmediata a todas las autoridades”. Y siente que son los principales perjudicados de este episodio, según indicó la empresa en un comunicado el pasado 31 de octubre.

“El valor estimado de las pérdidas directas supera los 15 millones de euros”, cifra la mercantil, que dice no incluir otros gastos secundarios “ni los perjuicios reputacionales y comerciales sufridos”.

La contaminación también afectó temporalmente al resto de la costa sureste de Gran Canaria y al centro Ecoaqua, un instituto de acuicultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que registró un caso de “mortalidad masiva” similar al reportado por la empresa cántabra. El organismo calculó que el 5% de la biomasa total de peces en sus dependencias (unos 500 ejemplares) presentaban “lesiones a nivel branquial que han condicionado la capacidad respiratoria, limitando e impidiendo el intercambio de oxígeno”. Según Sánchez, el centro emplea agua de la misma zona que las jaulas marinas. De ahí la posible relación.

Imágenes vía satélite analizadas por Canarias Ahora muestran una mancha blanquecina procedente del emisario 222, el que señala Aquanaria como origen del vertido, el día 3 de octubre, el mismo que el pescador les alertó de “un olor a cloacas, a químicos”. Se trata de un emisario autorizado, gestionado por la empresa pública de aguas de Telde, que vierte al mar las aguas residuales urbanas procedentes de dos depuradoras, la de Ojos de Garza y la de Silva.

Sánchez asegura que observó “mortandad de peces salvajes” más allá de las jaulas. Y que si no hubo más fue porque “cualquier animal huye de ahí”. Pero ese rastro que puede apreciarse en la imagen no parece ser una novedad. Otra instantánea del 3 de septiembre, es decir, de un mes antes, también muestra una mancha prácticamente idéntica. Y la Cooperativa de Pescadores de Melenara no ha presenciado ninguna alteración en la fauna marina del lugar en todo este tiempo, informó TeldeActualidad.

El Ayuntamiento de Telde descartó rápidamente la hipótesis del vertido químico tras llevar a cabo dos muestreos los días 15 y 16 de octubre que encontraron “parámetros normales y sin indicios de contaminación química”. Y desde entonces, la batalla por el relato entre la empresa y el propio Consistorio no ha cesado.

“El emisario es propiedad municipal. Y el vertido se fue diluyendo. Si hicieron el análisis a mitad de octubre, ya no había nada [que analizar]”, defiende Sánchez, que ha acusado a la Corporación teldense de “pasividad” y de haber dejado “sola” a Aquanaria en las primeras semanas de la catástrofe “a pesar de haber informado con detalle” desde el 9 de octubre, sostiene.

“Los únicos resultados existentes, contrastados y que se han trasladado a la opinión pública son los realizados por el propio municipio de Telde, que descartan que en los días 15 y 16 de octubre existiera cualquier vertido, como se acusa de manera inicial sin pruebas”, expresó el alcalde, Juan Antonio Peña, poco después de que cientos de vecinos de Telde protestaron por la contaminación a mitades de noviembre.

La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio ha denunciado la “falta de información fiable” por parte de las administraciones. La organización rechaza la teoría del vertido esgrimida por Aquanaria ya que, a su juicio, “contradice el comportamiento del mar, ignora más de 20 años de impactos asociados a las jaulas marinas y busca desviar la atención del verdadero origen de la contaminación únicamente para proteger intereses económicos”

La hipótesis que de hecho está ganando cada vez más fuerza entre la población apunta directamente al funcionamiento y ubicación de la piscifactoría como detonante del desastre.

José Manuel Espiño, de 69 años, educador ambiental y uno de los fundadores del colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, explica que la acumulación de heces y restos de pienso para peces en el fondo de las jaulas, unida a las altas temperaturas que se registraron en Canarias durante esas semanas, podría haber favorecido la proliferación de bacterias que generan sulfuro de hidrógeno (H2S), un gas que en contacto con el agua se convierte en ácido sulfhídrico, capaz de abrasar las branquias de los peces.

Que un trabajador de Aquanaria alertara de riesgos biológicos en las jaulas días antes de que todo estallara, tal y como adelantó Teldeactualidad, ha levantado aún más dudas.

“Hay experiencias para saber que esto, si no está muy bien regulado, si no está alejado de la costa, si no está trabajado con la limpieza de los fondos, es una ruina para los mares. Entonces, si se sabe todo eso, ¿cómo se permite algo así? No es ni más ni menos que otro tipo de colonización”, critica Espiño.

El también vecino de Telde recuerda que Noruega, país líder en la producción de salmón, ha reportado episodios de mortalidad masiva de salmones en instalaciones de acuicultura por lo mismo que, a su juicio, ha ocurrido en el litoral canario: exposición al sulfuro de hidrógeno debido al acopio de residuos orgánicos.

Espiño carga de manera general contra la piscifactoría. Asegura que “ha desaparecido” la cadena trófica que había en la costa, menciona casos de infecciones de oído, piel y orina en personas que estuvieron en contacto con el agua antes del cierre de las playas, y argumenta que la imagen de “aguas prístinas” que caracteriza a Canarias está en peligro.

“Hay viviendas vacacionales a las que se les han anulado las reservas después de conocerse que las playas están contaminadas. Todos los restaurantes de la zona reconocen que están sufriendo una recesión. El letrero de ”Jaulas No“ no es un letrero gratuito. Es porque se nos acaba el único bien activo que tenemos, que son las aguas y nuestras playas, y porque están llevando a gente a la ruina”, sentencia el presidente de honor de Turcón-Ecologistas en Acción.

Aquanaria ha anunciado que sus jaulas frente a las playas de Melenaras y Salinetas serán desmanteladas en 2029, cuando finalice su concesión, o incluso antes. Están ubicadas a poco más de 400 metros de la costa en una zona prohibida para la acuicultura, según el plan que regula este sector en Canarias, aprobado en 2018. La instalación de la empresa cántabra lleva operando desde 1999. Produce en ella unas 650 toneladas al año entre lubinas y doradas. En el momento en que se produjo el episodio de contaminación, la piscifactoría se hallaba en torno al 60% de su capacidad.