Derecho al Techo, sobre el decreto canario de Vivienda: “Es ilegal y jurídicamente impugnable”

Derecho al Techo exige la nulidad del nuevo decreto de vivienda pública de Canarias por considerar ilegal su exigencia de 12 años de residencia continuada, que vulnera el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. El colectivo denuncia que esta barrera administrativa “excluye a sectores vulnerables, no resuelve la escasez de parque público y sirve de maniobra electoralista con adjudicaciones inexistentes”.

La plataforma ha emitido el comunicado después de que el Gobierno de Canarias aprobó el 23 de diciembre de 2025, y amplió este 9 de marzo de 2026, un nuevo Registro único de Demandantes de Vivienda Protegida que elimina el sorteo por un sistema de baremación basado en criterios económicos, sociales y familiares. Exige 12 años de residencia ininterrumpida en las islas (o 15 discontinuos), más arraigo municipal como 5 años de residencia o empleo en el lugar de la promoción, con cupos para jóvenes, mayores, discapacitados y víctimas de violencia.

El Ejecutivo autonómico lo presenta como un modelo “más justo y objetivo”, enfocado en quienes tienen vinculación prolongada con el territorio, con inscripción online y énfasis en transparencia.

Por su parte, la plataforma sostiene que un decreto reglamentario “no puede restringir derechos de rango superior, como el artículo 22 del Estatuto (derecho a vivienda digna) y el 47 constitucional, incurriendo en nulidad”. Critican que no frena especulación ni uso turístico, sino que “fomenta desigualdad al culpar a migrantes y vulnerables, ignorando la falta estructural de vivienda pública”.

Desde Derecho al Techo reclaman su retirada inmediata y políticas efectivas: “Ampliar el parque público, regular el mercado y limitar la especulación”. “La vivienda es un derecho, no un privilegio ni instrumento de exclusión”, concluyen.