Lo que Ana Oramas no cuenta cuando habla de vivienda y culpa a Sánchez de la crisis

Ana Oramas (Coalición Canaria) y Tesh Sidi (Frente Amplio) en el especial 'El Objetivo: Mesa Abierta'

Carlota Martínez

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La representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, acudió la noche de este martes 17 de noviembre al debate especial de LaSexta, El Objetivo: Mesa Abierta, junto a José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) para abordar las propuestas sobre vivienda, migración, empleo y pensiones, tras las ausencias del Partido Popular y Vox.

Uno de los primeros asuntos a debatir ha sido el de la vivienda, donde Oramas cargó contra el actual Gobierno por el segundo decreto, que incluía la prórroga obligatoria casi indefinida de los contratos de alquiler, el cual calificó de “disparate”.

A este respecto, se incluyó otra cuestión que preocupa a los canarios, que es la compra de extranjeros. La exdiputada nacional afirmó que “el 20-25% de las viviendas de Canarias la compran extranjeros” y que para poner fin a esta situación es necesaria “una ley de residencia que ya hemos llevado a Bruselas”. Sobre este asunto afeó al Gobierno de Sánchez, al cual llamó “Gobierno de progres”, que no se hayan sentado en la mesa a negociar y cuestionó que en sus ocho años de mandato no se haya creado vivienda pública y vivienda social.

Oramas reconoció también la responsabilidad de las comunidades autónomas en la construcción de dichas viviendas, después de que la diputada del Congreso y número dos del Frente Amplio, Tesh Sidi, recordara que “lo pueden hacer las autonomías”. La representante de Coalición Canaria defiendió que “es lo que está haciendo ahora Canarias, que no se hizo en el pacto anterior cuando estaba Ángel Víctor Torres”, a pesar de que la mayoría de las viviendas protegidas que actualmente se encuentran en construcción están contempladas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, aprobado durante el mandato socialista.

Oramas también señaló que algunos de los obstáculos que dificultan la construcción de vivienda protegida, son la burocracia municipal y la necesidad de habilitar suelo público. En este sentido, reclamó una modificación de la Ley del Suelo, que “durante ocho años de Gobierno socialista no se ha cambiado”.

De esta manera, defendió que “la responsabilidad de las familias vulnerables tiene que servir a políticas sociales de las administraciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas”, y no recaer sobre los pequeños propietarios privados, “que tienen los ahorros de su vida”. “Están pagando lo que no han hecho los Gobiernos”, concluyó.

Por su parte, el representante del PSOE, José Muñoz, calificó de “cortoplacista” el análisis de Oramas y situó el agravamiento del problema de la vivienda en los años posteriores a la pandemia, cuando, según explicó, los precios comenzaron a experimentar un incremento exponencial. Muñoz apuntó por el contrario a varios factores detrás de esta subida, entre ellos el aumento de la inversión extranjera, tanto a través de capital privado como de fondos de inversión, y la presión del turismo sobre el mercado inmobiliario.

En este contexto, advirtió de que muchos vecinos “están siendo expulsados de los barrios tradicionales en los que han nacido y crecido y donde aspiraban a desarrollar toda su vida”. Frente a esta situación, defendió la construcción de vivienda pública y protegida como parte de la solución, aunque reconoció, frente a la acusación de Oramas, que sus efectos no son inmediatos. Al término de este primer bloque sobre vivienda, rechazó que el problema sea consecuencia exclusiva de los últimos ocho años de Gobierno socialista y sostuvo que se había intensificado durante los últimos tres o cuatro años.

Canarias sigue sin construir vivienda protegida pese a las promesas políticas

A pesar de que Oramas reclame la construcción de vivienda pública o protegida como solución a la crisis en la que se encuentra inmersa tanto el Archipiélago como el resto de España, Canarias lleva casi cuatro años, coincidiendo con el Gobierno de Coalición Canaria, sin construir ni una sola vivienda protegida, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno y solo el  2% de las viviendas públicas proyectadas hace cinco años han sido entregadas.

Además, numerosos economistas, entre ellos el exministro Alberto Garzón, señalan que construir más casas -como están defendiendo diferentes partidos políticos-, no solucionaría por completo crisis de la vivienda, sino que lo ideal sería una combinación entre construcción significativa de vivienda pública y accesible en aquellos lugares donde más se necesite y un paquete discal y regulatorio que desincentivara o prohibiera el uso de la vivienda como bien de inversión.

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