Canarias lleva casi cuatro años sin terminar una sola vivienda protegida

Canarias se halla a la cola en la clasificación de comunidades autónomas del país que más viviendas protegidas han terminado desde el año 2019, el ejercicio en que las Islas estrenaron legislatura, en julio, y Gobierno progresista, el apoyado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG. Tras esa etapa, la que se cerró con las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el Ejecutivo regional está bajo el control de CC y PP, con la presidencia del nacionalista Fernando Clavijo.

Con unos o con otros al mando, aunque en la pasada legislatura con el factor limitante de la covid, los resultados oficiales ahora conocidos para el archipiélago (difundidos previamente por eldiario.es), que son los publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno español (1990-junio de 2026), seguro que no superan el aprobado: están muy por debajo de eso.

Para empezar, Canarias lleva casi cuatro años seguidos, desde 2023, sin terminar un piso protegido, mientras que en la legislatura pasada, con el socialista Ángel Víctor Torres de presidente del Gobierno autonómico, solo se finalizaron 268 unidades, con 60 dentro del año 2019 (una parte de ese año fue legislatura gobernada por Fernando Clavijo) y 208 en 2022.

Por mucho que se mire a todos lados, no se encuentra nada más en las estadísticas servidas por el Ministerio. Por lo tanto, la media resultante para ese periodo de siete años y seis meses, de enero de 2019 a junio de 2026, es descorazonadora, pues solo sale un promedio por año de vivienda protegida terminada de 36 unidades.

En Canarias, la población de derecho supera los dos millones de personas, en torno a 2,2 millones; las islas recibieron en 2025 la cifra de 18,4 millones de turistas; hay una oferta elevadísima de viviendas explotadas en régimen de alquiler vacacional, y la presión de la segunda residencia también es fortísima, de manera singular por parte de la demanda extranjera (ya se dio la cifra de visitantes turísticos).

Pese a las peticiones formuladas por muy pocos ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo autonómico se ha negado por ahora a activar el sistema nacional establecido por ley para limitar el ascenso especulativo de los precios de alquiler de las viviendas en zonas calificadas como tensionadas.

A tremendo déficit de oferta en el segmento público en Canarias, se une otro registro casi igual de negativo: la dinámica de construcción tampoco ha ido mucho mejor para la vivienda privada, la de mercado libre. Este sector no termina en Canarias, como también ocurre en el resto de España, de recuperar un ritmo razonable de edificación tras la potente crisis del ladrillo en 2008.

En efecto, así es. En el primer semestre de 2026, solo se han terminado 1.574 viviendas de promoción privada y mercado libre en las islas, mientras que en 2025 se llegó a 3.152 residencias. Como contraste a estos valores, se tienen los registros más abultados del periodo 1990-2026, que son el de más 29.600 en 2008, el año del crack, y casi 28.200 en 2002. Desde 2012, no se recupera una oferta media igual o superior a los 5.000 pisos privados por año, el registro de 1994.

Está claro que Canarias no es una gran potencia regional en construcción de vivienda protegida, ni en términos absolutos ni en relativos respecto a la oferta global de primeras residencias, pero sí es verdad que los indicadores absolutos del periodo 2019-2026 poco se parecen a los de los años 1997 y 1998, que son los ejercicios anuales del periodo de análisis más abierto, de 1990 a junio de 2026, en que más hubo vivienda pública terminada, con niveles por encima de las 4.000 unidades en ambos casos.

En 2022, cuando más se terminó vivienda protegida en los últimos casi ocho años, solo se alcanzaron las 208 unidades de pisos protegidos. Todo lo demás dentro de la etapa 2019-2026 es puro desierto, sino fuera por ese dato de 2022 y las 60 viviendas de 2019. El resto representa la sequía más absoluta.

Pedro Sánchez ‘versus’ Mariano Rajoy

Desde 2023, en España se han entregado 47.000 pisos públicos protegidos. La cifra prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue de 184.000. Obvio que se ha estado muy lejos de alcanzarla, pero con Mariano Rajoy en el Gobierno español la cosa fue aún peor en su segunda legislatura, con solo 18.000 viviendas entregadas.

Un estudio del Banco de España cifra el déficit de vivienda pública en el país en 750.000 unidades, una carencia que cada año que pasa sin las soluciones adecuadas se eleva en 250.000 más. Por poner ejemplos opuestos al español, conviene citar cómo lo hacen en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública.

Además, conviene saber que en España solo el 1,5% del parque de viviendas es de titularidad pública, nivel muy por debajo de la media en los países de la OCDE, en el 7,1%, y lejísimo del 16,4% de Reino Unido y el 14% de Francia. 

España se acerca al nivel relativo de Alemania, con el 2,6%, y está por encima de Portugal, en el 1,1%.