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Profesores que intervienen ante caseros y jueces para que no desahucien a sus alumnos: “Algunos se van a mitad de curso”

Foco
Foto de archivo de una manifestación en defensa de la vivienda y la educación pública, en Málaga.

Daniel Sánchez Caballero

18 de noviembre de 2026 21:43 h

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“Sin vivienda no hay educación”, se escucha cada vez más en las manifestaciones, tanto del sector educativo como en las que auspicia el Sindicato de Inquilinas por todo el Estado. Sin una casa digna, sin un mínimo espacio habitable, observa el profesorado desde sus aulas, el rendimiento de los niños en la escuela se desploma. Y en tres de cada cuatro desahucios hay menores, saben los activistas de la vivienda. Un lanzamiento, muchos problemas. Y dos de las principales luchas que atraviesan el país se miran y unen fuerzas, convencidas sus protagonistas de que, como poco, tienen mucho en común y en algún escenario son, incluso, la misma cosa.

A los docentes el lema se le materializa en el aula cada día. “El profesorado, sobre todo las orientadoras y el PTSC (Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad), somos la primera línea de la administración en contacto con los menores, y quienes detectamos los problemas personales y de vivienda”, explica Ana Vicenti, profesora de Secundaria y, en los últimos meses, portavoz del colectivo de docentes Menos Lectivas, una de las organizaciones detrás de la huelga educativa que se celebra hace ya cuatro semanas en Madrid.

Vicenti sabe de lo que habla: en su instituto, en el centro de Madrid, uno de sus estudiantes está sufriendo un proceso de desahucio. Pero esta vez desde el IES no se han quedado mirando, observando los acontecimientos, como habrían hecho hasta ahora. La dirección ha dado un paso adelante y ha enviado al propietario del piso (la Empresa Municipal de la Vivienda, en este caso) y al juez que lleva el proceso un informe que relata las consecuencias que tiene para el menor ser desahuciado en mitad de un curso.

Del centro a la sierra

Con este son ya al menos tres los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid que están interviniendo en desahucios con informes de vulnerabilidad. Se dan casos en el centro de Madrid, como el instituto de Vicenti, en el IES de Aluche, en el extrarradio de la capital, o en Bustarviejo, un pueblo de la sierra. “Los problemas de emergencia habitacional son muy habituales para el profesorado, de una manera u otra se te cruza en algún momento”, explica Vicenti. “Yo he tenido desahucios, familias enteras viviendo en una habitación, chavales que se van a mitad de curso...”.

Esta alianza educadores-activistas por la vivienda va cogiendo fuerza por todo el territorio de la mano del Sindicato de Inquilinas y las direcciones de los centros, a la par que han ido creciendo las protestas en ambos sectores. En Catalunya, el colectivo de docentes 080 por una vivienda digna lleva casi dos años haciendo algo parecido. Las sinergias entre el Sindicato de Inquilinas y los centros educativos permite, por un lado, que haya más personas pendientes del fenómeno y, por otro, junta los saberes de activistas y docentes para hacer causa común.

Hace ya más de un año que se estableció el protocolo entre los centros educativos que quieren colaborar y el Sindicato de Inquilinas. Y una parte esencial de este protocolo son los informes de vulnerabilidad, en los que las educadoras explican el prejuicio que supone para el menor un desahucio, indica Elena García-Matres Cortés, directora del colegio de Bustarviejo que está gestionando un caso como tantos otros: una familia que vivía en una casa propiedad de la obra social de La Caixa, que se la vende a un fondo (Kadir Real State) y con el cambio de propietario desaparece el carácter social y el nuevo dueño no perdona ni un día de retraso en el pago.

El informe enviado por García-Matres dice: “La situación de inseguridad habitacional que vive alumne [se evita el género para no facilitar la identificación de la persona ni su familia] actualmente le está generando diferentes consecuencias que impactan en su aprendizaje, aprovechamiento de la educación y resultados académicos, debido a la inseguridad y miedo, que ya de por sí tenía al separarse de sus padres a la hora de ir al colegio, mostrándose irritable y demostrando con llantos constantes su vulnerabilidad”, se lee en el informe que ha enviado esta directiva.

Las consecuencias derivadas de la ejecución del desahucio para el menor, advierte el informe, serán “un trauma psicológico que comprometa sus funciones cognitivas y emocionales, impidiendo el aprovechamiento de la enseñanza obligatoria; el desplazamiento forzoso lejos del centro, dificultando su traslado diario al colegio o un cambio de centro educativo, separación de iguales con los que ya ha conseguido crear vínculos; separación de figuras educativas que llevan trabajando con elle desde su escolarización y, sobre todo, perder los apoyos que estaban recibiendo elle y su familia; riesgo de una repetición, suponiendo, además, un paso hacia atrás en su seguridad, autoestima y autoconcepto, haciéndole rechazar de nuevo la institución escolar y los aprendizajes que esta le ofrece a este alumne”.

La directora lo simplifica en un par de frases: “Es una familia con dificultades a veces le cuesta entender la importancia de la continuidad en la asistencia al centro y ha sido muy difícil ganarse su confianza para convencerles de que no es traumático, que es bueno crear relaciones de amigos... Todo eso habría que empezarlo de nuevo, y no es una cosa de un mes, son años”.

Un pequeño éxito

En este caso el informe todavía no se ha enviado, explica Raúl San Juan, del nodo sierra norte del Sindicato de Inquilinas en Madrid, que está llevando el caso de Bustarviejo, por una cuestión de plazos del procedimiento, pero el sindicato tiene noticias de que en otras situaciones sí están funcionando. Aunque sea a medias.

Ha pasado en el instituto de Cristina, en Aluche, donde también gestionan otro caso. “Enviamos el informe señalando la importancia de que siguiera los estudios donde los había empezado en 1º de la ESO y hubo una negociación”, cuenta esta profesora. “El fondo (Brookfield) accedió a aplazar el desahucio y mandó un nuevo contrato”, casi celebran la victoria en el centro. “La sorpresa fue que era una prórroga de dos meses y siguen con la amenaza”, lamenta la docente.

En este caso fue el Sindicato de Inquilinas el que detectó la situación y pidió ayuda al centro para intentar frenar el lanzamiento. “Es la primera vez que las profesoras nos enteramos de un caso”, relata la docente. Para evitar que suceda más, se han constituido como centro en punto de vivienda en colaboración con el Sindicato de Inquilinas.

Esta es la situación ideal, explica San Juan. El centro, con el beneplácito del claustro, se constituye en punto de vivienda y los docentes reciben una formación específica para abordar los posibles casos. Así, activistas y docentes juntos ven más que de lo que lo harían por separado y aspiran a detectar más casos, porque muchas familias viven el desahucio como un estigma y les cuesta comunicarlo, según explican las personas implicadas.

“La idea es generar conciencia del problema de la vivienda, que se pueda hablar de ello en los centros y que el alumnado y las familias que puedan tener problemas aquí vean que no están solas y pueden contar con un espacio en el que hablar de ello”, ilustra Gonzalo Baena, compañero de San Juan en el sindicato y miembro del grupo de trabajo Protocoles.

Aunque el despliegue va lento, también por la huelga, Baena explica que se van reuniendo con los centros que tienen interés, les explican el proyecto y a partir de ahí se va configurando la relación. Todavía está en un punto muy inicial, pero la evolución es positiva, cree. “Estamos a la expectativa de que empiece a rodar para ir entendiendo cuáles son las buenas prácticas, compartirlas, replicarlas o ir ajustando a cada centro según sus necesidades. Son procesos en construcción. Hay que seguir luchando, conectando con las personas que tienen mayores dificultades. Que las familias se sientan acompañadas, que el alumnado no sienta miedo o vergüenza de contarlo y potenciar relaciones sanas y sociales entre el alumnado y las familias”, cierra.

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