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Juan Miguel Baquero

Periodista. Memoria Histórica y Derechos Humanos. Autor del libro 'Que fuera mi tierra' sobre 'Intervenciones en fosas comunes del franquismo en Andalucía'. Premio Chaves Nogales al mejor libro periodístico de 2016.

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Ser mecenas del franquismo desgrava: así vende la Fundación Franco las ventajas fiscales de hacerse socio

Hacerse socio de la Fundación Franco sale a cuenta. Como ocurre con cualquier fundación, ONG o asociación declarada de utilidad pública, las donaciones o aportaciones desgravan a la hora de ponerse al día con Hacienda. La sociedad que ensalza la figura del dictador aprovecha el filón y vende con insistencia las ventajas fiscales que tienen sus benefactores en la declaración de la renta. Ser mecenas del franquismo desgrava y Hacienda, por lo tanto, asume el coste de lo que dejan de pagar estos afiliados por las exenciones.

Tiene premio financiar al lobby que actúa contra la Memoria Histórica, que es la cara visible de las  fundaciones fascistas de España e intenta cambiar sus estatutos para sortear su ilegalización. Y el ente franquista pone un ejemplo: "Si se donan 150 euros, Hacienda les financiará 112,5 euros, y su coste real será de solo 37,5 euros", especifica la sociedad en su página web con el objetivo de conseguir apoyos.

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El SAT ocupa "simbólicamente" las tierras del franquista Queipo como homenaje a Blas Infante

Jornaleros andaluces ocupando las tierras “regaladas” a un militar franquista y “criminal de guerra”. La frase ha resonado en el cortijo de Gambogaz (Camas) con el skyline de Sevilla al fondo, la ciudad donde el golpista Queipo de Llano sigue enterrado con honores en una iglesia. La toma simbólica de la propiedad ha sido convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) como homenaje a Blas Infante y para pedir que la finca sea expropiada y pase a manos públicas.

En la protesta ha participado en diputado en el Congreso de Unidos Podemos Diego Cañamero; el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina; la concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento sevillano, Cristina Honorato; y organizaciones como la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT) o Jaleo!!!.

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La Fundación Franco intenta sortear su ilegalización cambiando sus estatutos

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) tiene una estrategia para evitar su ilegalización: cambiar sus estatutos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de prohibir las fundaciones de carácter fascista y la sociedad franquista ha reaccionado a esta amenaza solicitando un retoque al articulado que adapte los fines de la institución a la Ley de Fundaciones.

Los cambios fueron presentados en abril en el Protectorado de Fundaciones, que todavía no ha respondido a la petición, según adelantaba La Razón. La maniobra pretende sortear la futura reforma y aplicación de la Ley de Memoria Histórica que supondría ilegalizar este tipo de entidades, como  estudia el nuevo Ejecutivo.

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"Sacar a Franco es un planteamiento simbólico importante de ruptura con el pasado"

Fernando Martínez (Almería, 1949) guarda con celo, como todos en el Gobierno, la fecha en la que se aprobará el decreto ley con el que Pedro Sánchez dará el pistoletazo de salida al proceso de exhumación de Franco. Un gesto simbólico que para el responsable de la nueva Dirección General de Memoria Histórica es un paso importante de "ruptura con el pasado". El catedrático de Historia Contemporánea, que aún está de inquilino en el Ministerio de Justicia, desgrana todo lo que pretende llevar a cabo desde la dirección general de nueva creación y que pivota en torno a la reforma integral de la ley de 2007, para lo que cuenta con el plácet de José Luis Rodríguez Zapatero.

Martínez espera que la legislatura dure hasta 2020 para que le dé tiempo a hacer lo máximo posible e incluso se muestra optimista respecto a la aprobación de unos presupuestos que permitan dotar de fondos hasta ahora inexistentes a la memoria histórica. Si no salen adelante, se compromete a encontrar la fórmula para encontrar dinero con el que llevar a cabo la que es su prioridad: la exhumación de las fosas comunes: "E s una cuestión de dignidad nacional democrática".

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Andalucía Republicana inicia acciones legales contra la Junta y el Arzobispado por incumplir la ley de Memoria con la tumba de Queipo de Llano

Andalucía Republicana ha presentado un “requerimiento de denuncia” ante la Junta de Andalucía por la tumba del franquista Queipo en una iglesia de Sevilla. La plataforma ciudadana entiende que el Gobierno de Susana Díaz incumple la ley de Memoria Histórica andaluza y fija como plazo hasta finales del año 2018 para exhumar los restos del militar golpista o presentará querellas contra el Arzobispado sevillano, la Hermandad de La Macarena y la Administración regional.

La coordinadora acordó denunciar a las tres entidades mencionadas en una asamblea celebrada durante la  vigilia antifascista ante la Basílica de la Macarena, donde sigue enterrado con honores el  “criminal de guerra” Gonzalo Queipo de Llano. El escrito ha sido entregado en el Palacio San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, “como la primera acción legal” del caso, según los asesores jurídicos de Andalucía Republicana (AR).

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Defensa reconoce la 'fosa de los militares' ejecutados por Franco y que ignoró el Gobierno de Rajoy

El Ministerio de Defensa reconoce por primera vez la existencia de fosas comunes con militares ejecutados por los franquistas tras permanecer leales a la República. La asociación memorialista de San Fernando (Cádiz) había enviado a Defensa el listado de 106 soldados asesinados por Franco para pedir "ayuda" en los trabajos de exhumación. La cartera dirigida por Margarita Robles ha respondido de forma positiva y remite el caso a la Dirección General de Memoria Histórica.

El Gobierno de Pedro Sánchez "está muy sensibilizado con la exhumación de las víctimas y con las medidas que lo hagan posible", dice Defensa en una carta fechada el 19 de julio a la que ha tenido acceso eldiario.es. La misiva es la respuesta a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE), que ya  apeló sin éxito a la anterior ministra del ramo, María Dolores de Cospedal.

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El Ayuntamiento de Sevilla rechaza una moción para sacar al franquista Queipo de La Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado una moción que pedía la exhumación “urgente” de los restos del golpista Queipo de Llano y del “auditor de guerra” Francisco Bohórquez de sus tumbas en la Basílica de La Macarena, entre otros puntos relacionados con la memoria histórica. La iniciativa instaba, en votación conjunta, a reconocer las fosas comunes del cementerio de la ciudad como Lugares de Memoria y a suprimir del callejero los últimos nombres franquistas.

La propuesta de IU y Participa Sevilla fue votada en contra por el PP y las abstenciones de PSOE y Ciudadanos, que pedían el voto por separado de los diferentes puntos, y el voto a favor de los proponentes. Solo unos días antes, en el Pleno de la Diputación de Sevilla, el  PP ya votó contra la salida de los restos del general franquista de la iglesia donde yace enterrado. La moción, en cambio, sí fue aprobada con el apoyo del resto de formaciones políticas.

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Dos nuevos querellantes relatan las torturas de Billy el Niño: "Contaba los golpes que me daba para no perder la cordura"

Adolfo tenía 18 cuando fue detenido. Contaba los golpes para mantener un hilo de cordura. Llegó a sumar más de 200. Julio era un estudiante antifascista. Las primeras 36 horas recibió palizas de gran intensidad. Acabó orinando sangre. "Te vamos a llevar a Paracuellos y a darte dos tiros", le decían. Son los relatos de Adolfo Rodríguez Gil y Julio Gomáriz Acuña, las nuevas víctimas del franquismo que han presentado sendas querellas contra  Billy el Niño.

El más 'famoso' agente de la policía política de Franco, Antonio González Pacheco,  suma estos casos a los siete presentados en los juzgados de Madrid, seis de los cuales ya han sido inadmitidos a trámite por la justicia.  Billy el Niño está acusado de delitos de tortura en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura  en los calabozos de la Brigada Político Social (BPS) en la Dirección General de Seguridad (DGS), ubicada en la Puerta del Sol de Madrid.

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Dos nuevas querellas contra Billy el Niño citan al Gobierno y a la justicia española con la impunidad del franquismo

Billy el Niño suma dos nuevas querellas en su contra. El más 'famoso' agente de la policía política de Franco está acusado de delitos de tortura en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura, esta vez por Adolfo Rodríguez y Julio Gomáriz, detenidos en los años 70 y “brutalmente torturados” en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid.

Los querellantes buscan que España se atreva a romper la impunidad del franquismo. Con este objetivo reclaman la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez y que la justicia española admita a trámite las acciones presentadas. Porque Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, nunca ha sido juzgado. Como tantos personajes partícipes del régimen franquista.

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La Fundación Franco y otras siete asociaciones fascistas que perviven en España y que el Gobierno quiere ilegalizar

El Gobierno  quiere ilegalizar las fundaciones y asociaciones que hagan apología del franquismo en España, como avanzó este miércoles la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La mayoría de ojos apuntan a la Fundación Francisco Franco, la más conocida porque  funciona como un grupo de presión que pone denuncias, logra batallas judiciales y tiene una importante presencia en redes y medios de comunicación. Con el nuevo gobierno socialista, que ya ha avanzado medidas memorialistas como financiación de exhumaciones o anulación de condenas de tribunales franquistas, este lobby ha doblado su actividad. 

La idea de ilegalizar esta fundación ya se ha llevado al Congreso a través de propuestas Izquierda Unida y En Marea. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también ha pedido por escrito a los diputados que revisen la ley de fundaciones para que "impida explícitamente la actividad" de organizaciones que enaltezcan o traten de convertir "en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos". La petición explicaba que la actividad de las fundaciones tiene "una protección especial", como la posibilidad de desgravaciones fiscales para sus donantes económicos.

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