Romper con el pasado para cuidar el presente: tres pueblos sevillanos revisarán su simbología franquista con la ayuda de Diputación

Romper con el pasado como estrategia para cuidar el presente. Alcalá de Guadaíra, Écija y Gines han tomado el toro del franquismo por los cuernos y quitarán de sus calles las huellas de la dictadura. La Diputación de Sevilla asiste a estos tres ayuntamientos que harán un trabajo de revisión de la simbología contraria a la democracia que siga vigente en sus pueblos, para eliminarla.

Con estas iniciativas los consistorios están “cumpliendo la Ley de Memoria Democrática” al tiempo que buscan “promover la participación y sensibilización ciudadana”, aseguran. Todo en unos procesos –a desarrollar en el año 2026– útiles para retirar “representaciones de un régimen que persiguió, torturó y asesinó a miles de personas principalmente por sus ideas políticas”, sostienen.

Las actuaciones tienen cobijo en las ayudas de la Diputación de Sevilla que han activado la Memoria Histórica en la mitad de la provincia con un millón de euros de presupuesto. Los proyectos que buscan la “retirada o eliminación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” –avalada por el Tribunal Supremo frente a la oposición de la derecha– entran en la línea 3 de estas subvenciones, la menos solicitada.

Alcalá de Guadaíra, Écija y Gines han recibido el importe máximo de esta ayuda para dejar fuera el rastro del franquismo: 4.000 euros. Las leyes de Memoria Democrática, tanto estatal como regional, regulan y sancionan la permanencia de simbología franquista con multas de hasta 10.000 euros. El Gobierno de España calcula que quedan 4.000 vestigios franquistas que deben retirarse en todo el país.

La apuesta de la Diputación guía a las entidades locales sevillanas para “el reconocimiento y la reparación de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, conciencia, creencia religiosa, orientación o identidad sexual”, explica el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. Un “compromiso” que refuerza la “firme determinación” del Observatorio Provincial para la Memoria Democrática para “recuperar todo aquello que no sea irreversible por el paso del tiempo” con “recursos para encontrar y honrar a las víctimas del franquismo; pero también en lo cultural, para reforzar la garantía de no repetición”, refiere Manuel Lay.

“Cumpliendo la ley”

El proyecto ‘Eliminación de simbología franquista y adecuación de espacios públicos’ de Alcalá de Guadaíra nace “cumpliendo la Ley de Memoria Democrática”. Y desde un objetivo claro: “se eliminarán o sustituirán símbolos, placas y otros elementos contrarios a la dignidad de las víctimas, fomentando espacios libres de exaltaciones antidemocráticas”, explica.

La acción, en tres fases, arranca con el “inventariado y diagnóstico” de la situación con un “registro fotográfico de los elementos a retirar”. Un segundo paso será la “retirada física de elementos y sustitución por nueva señalética” que culmina en la “comunicación y sensibilización” social con una “campaña informativa para explicar el proceso y su fundamento legal”. El Ayuntamiento colaborará con entidades memorialistas y colectivos vecinales y tiene un presupuesto total de 10.000 euros.

Écija resume así su iniciativa: “consiste en reseñar de forma pormenorizada la existencia de estos símbolos, su localización y su eliminación”. Y añade: “los símbolos franquistas no son meros vestigios históricos” sino “representaciones de un régimen que persiguió, torturó y asesinó a miles de personas principalmente por sus ideas políticas”. De ahí, “su permanencia en el espacio público, que debería ser un lugar de encuentro y de respeto mutuo, glorifica un pasado de opresión”.

“Promover la participación ciudadana”

Una cuestión que, más allá de un mero detalle, “para las familias de las víctimas y para la sociedad en su conjunto, ver estos símbolos es revivir el dolor y la injusticia”, subraya el Ayuntamiento astigitano. “La retirada de estos elementos es un acto de reparación simbólica”, añade. Como ejemplo, “muchos de ellos se han detectado en la fachada de casas a modo de placas metálicas”, que desaparecerán.

Gines define el objetivo: “revisar el callejero municipal para identificar y eliminar denominaciones vinculadas al franquismo y sustituirlas por otras acordes a los principios democráticos, de justicia histórica y diversidad”. El Ayuntamiento busca “promover la participación ciudadana” en la elección del nuevo callejero, que incluirá a “mujeres referentes”, y “sensibilizar a la población sobre la importancia de la memoria democrática”.

La investigación será el punto de partida e incluye la consulta de archivos municipales y actas de plenos. A partir de ahí, el “proceso participativo” creará una Comisión Técnica de Memoria y realizará encuestas ciudadanas y talleres con entidades sociales, centros educativos y asociaciones memorialistas. Luego vendrán las propuestas para reemplazar la simbología franquista y cierra el proceso la etapa de “difusión y sensibilización” con una “campaña de comunicación municipal”, una “exposición divulgativa sobre el proceso” y diversas “actividades escolares de memoria histórica”.

Qué dicen las leyes de Memoria

¿Y qué dicen la legislación –estatal y regional– sobre las huellas vivas del franquismo? Los “símbolos y elementos contrarios” a la memoria democracia están citados en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática de España y en el 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. La permanencia de esta simbología está catalogada –en los dos marcos jurídicos– como infracción grave, tipificada con multa de entre 2.001 a 10.000 euros.

Los textos señalan las “menciones conmemorativas en exaltación” al golpe de Estado, la dictadura, su sistema represivo y las organizaciones que la sustentaron, además de sus “dirigentes” o “participantes”. No cabe que sigan vigentes en “edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos” así como las referencias en topónimos o en el callejero al franquismo. Y revisan, también, la “exhibición” de “otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública”.

“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”, determinan. Y todo esto, añade la ley andaluza, “sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.