El PP promete acelerar la identificación de víctimas del franquismo tras el 17M y una Ley de Concordia como pide Vox
El broche del programa del PP andaluz para el 17M es un retrato de Juan Manuel Moreno sobre fondo de banderas europeas y un marco de “memoria democrática”. Un catálogo electoral que cierra así su literatura con una sola promesa, buscar las fosas comunes, y una novedad: por primera vez se interesa en solucionar el atasco en la identificación de las víctimas del franquismo. La oferta defiende además una coincidencia recurrente con Vox: liquidar la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por la de “Concordia”.
La cuestión está en cómo casa el PP su propuesta y la oposición frontal de la extrema derecha, con quien negociará el sillón presidencial de la Junta de Andalucía si no logra mayoría absoluta. Porque los populares prometen localizar y recuperar a los represaliados por los golpistas y aligerar los plazos en las identificaciones genéticas y Vox quiere acabar con lo que considera “leyes ideológicas” que, dicen, “pretenden reescribir la historia”.
No es la primera vez que las derechas anuncian que irán de la mano para exterminar la legislación memorialista andaluza, aprobada en 2017 sin votos en contra. En el programa electoral de 2018 el PP de Moreno no aludía a estos términos pero sí en el acuerdo de investidura que alcanzó con la formación ultra de Santiago Abascal para llegar a San Telmo. En 2022 ya ponía negro sobre blanco la idea reincidente de canjear “Memoria” por “Concordia”.
En 2026, el PP considera “necesario avanzar hacia una Ley de Concordia que nazca del diálogo parlamentario y cuente con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas”. Vox, por su parte, habla de “un marco de Concordia que una a los españoles”. La derogación del texto legal ya fue propuesta por la extrema derecha en 2021 y contó con el rechazo del Parlamento de Andalucía tras los votos contrarios del bloque de izquierda y la abstención determinante de PP y Ciudadanos.
La “principal deuda” de Andalucía
El atasco en la identificación de las víctimas del franquismo en suelo andaluz alarga la espera de al menos un millar de familias, como contó elDiario.es Andalucía. La Junta presidida por Moreno reconoció el retraso en la respuesta que ahora promete solucionar. “El paso del tiempo dificulta cada vez más los procesos de identificación, lo que hace imprescindible intensificar los esfuerzos”, reza su programa electoral para el 17M.
Localizar, recuperar e identificar a los represaliados es “la principal deuda pendiente de nuestra sociedad”, según el PP, y una “prioridad compartida” por la “mayoría” de andaluces, subrayan los conservadores. Por eso, ponen números, “desde 2019, la Junta de Andalucía ha exhumado 2.840 víctimas y ha llevado a cabo el análisis de ADN de 2.700 familiares y 4.146 víctimas, incluyendo muestras procedentes de exhumaciones realizadas por otras administraciones”.
No matizan, sin embargo, que gran parte de esos casos siguen sin respuesta. El Gobierno de Moreno acumula un total de 2.709 esqueletos, 994 familias y un tiempo de respuesta que oscila “entre 12 y 18 meses”, según reconoció a este medio. Las cifras de esa larga lista de espera casan con la apuesta alicortada de Andalucía por la Memoria Histórica en los gobiernos del PP, con un II Plan Andaluz de Memoria Democrática echa a andar con tres años de retraso –en un programa que heredó del PSOE y debía arrancar en 2023– y cientos de tumbas ilegales todavía por buscar.
Andalucía, cabe recordar, es la zona de España con más víctimas del terror golpista: 50.000 civiles ejecutados y 900 fosas comunes, más desaparecidos forzados que las dictaduras de Argentina y Chile juntas, como contó este periódico. La mayoría de estas víctimas siguen bajo tierra. La región es, además, una tierra de fosas de mujeres con 1.500 “rosas” asesinadas por el franquismo y cinco casos simbólicos.
La reincidente Ley de Concordia
El programa electoral del PP entra en materia memorialista en su último punto, que titula ‘Una Andalucía con valores. Atención a las víctimas y concordia’. Ahí centran su atención en la “deuda permanente con las víctimas del terrorismo” para finiquitar el asunto tocando la Memoria Histórica y su promesa, reincidente, de liquidarla: “Seguimos considerando necesario avanzar hacia una Ley de Concordia que nazca del diálogo parlamentario y cuente con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas”, sostiene.
“Defendemos una política de memoria democrática alejada de la confrontación y centrada en las personas”, matizan los populares. Por eso, continúan, desde el Gobierno andaluz han abordado “la principal deuda pendiente de nuestra sociedad”. Aunque las víctimas del franquismo denuncian el “parón” en las políticas públicas memorialistas desde la Junta de Andalucía.
Concluye el retrato de Moreno con una única promesa: “Seguiremos reforzando los trabajos de localización de fosas, exhumaciones e identificación genética, con el objetivo de avanzar en la reparación y dignificación de las víctimas”. Una oferta que choca con el ideario de Vox contra la Memoria Histórica y ambas formaciones tendrán que maridar, llegado el caso en la mesa de negociaciones.
La extrema derecha de Abascal sí extiende en varios puntos su ataque a las políticas que consideran un “lastre ideológico”. La formación ultra defiende “la reconciliación heredada” frente a quienes “pretenden reescribir la historia e imponer una verdad oficial” y buscan impulsar “la superación de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sustituyéndola por un marco de Concordia que una a los españoles”. El resto de la literatura memorialista de Vox apela a la manida equidistancia de “homenajear a todos”, es decir, golpistas y demócratas, y cuestiones como oponerse a la retirada de las denominadas ‘cruces de los caídos’ franquistas.
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