El Ayuntamiento del PP garantiza con la fosa Monumento un “compromiso” que los memorialistas de Sevilla no se creen

La exhumación de la fosa común Monumento en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se calcula que puede haber hasta 2.613 represaliados del régimen franquista, se mueve en dos líneas paralelas. Por un lado, las cuatro administraciones (los gobiernos central y andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense) siguen afinando a ritmo pausado los convenios que hagan posible estos trabajos, mientras que por otro las asociaciones memorialistas mantienen su presión sobre el gobierno municipal del PP, que en teoría debe liderar este proyecto y no hace más que defender un “compromiso sincero” del que desconfían estos colectivos.

Buena muestra de estas posturas encontradas ha sido la reciente reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Memoria Democrática, forzada por los memorialistas reuniendo los votos necesarios que exige su reglamento, en la que el gobierno de José Luis Sanz (PP) insistió en que no se esconderá llegado el momento. “Este Consistorio siempre va a apoyar que las familias recuperen sus seres queridos, mantiene un compromiso inequívoco con el proyecto y con la parte económica que le corresponda”, aseguraron en este sentido fuentes municipales a Europa Press.

Las entidades (en el Consejo están también sindicatos y partidos políticos) admiten que el primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), transmitió de manera literal su “sincero compromiso” con la exhumación, pero esto no les termina de convencer. “Los hechos hacen que tengamos que poner en duda estas buenas palabras, que se van a quedar en sólo eso”, lamentan desde la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

Propaganda frente a sensibilización

“Muy buenas palabras, pero los hechos son los hechos”, insiste su secretario Juan Cruz, que incide por ejemplo en la renuncia municipal a una subvención directa de 200.000 euros por parte del Ejecutivo central. Esta cuestión fue precisamente la que justificó la sesión extraordinaria del Consejo, en la que el PP alegó “excusas administrativas de plazos inasumibles” para no aceptar estos fondos.

A esto unió su desacuerdo con la obligación de reservar una parte para lo que considera “papelería y propaganda”, que para Cruz consiste en una tarea de “difusión y sensibilización”, porque “la ciudadanía debe saber qué ocurrió aquellos años, que se fusiló a demócratas del gobierno legítimo de la República”. En Monumento, que se habría utilizado entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del por entonces secretario general del Partido Comunista.

El Ayuntamiento defendió en esta reunión que se camina a una planificación “mucho más realista”, que asegura se habría consensuado por las administraciones en enero en la primera reunión de la comisión de seguimiento del proyecto. Pero en realidad, lo que defiende como avances ya se habían incluido en el protocolo firmado en junio por las cuatro partes, como la posibilidad de prolongar los trabajos a cuatro años (ya se recoge la opción de 3+1) o la identificación genética y el estudio antropológico.

“Falta voluntad para liderar el proyecto”

Con todo esto, los memorialistas salieron de la reunión convencidos de que al gobierno de José Luis Sanz “le falta voluntad para liderar el proyecto”, algo que –recuerda Cruz– le corresponde como propietario que es del terreno en el que se hará la exhumación. “Está a expensas de lo que hagan las otras administraciones”, y por ello lamentan la resistencia municipal a ofrecer “un compromiso claro o un calendario” para asumir estos trabajos.

Así las cosas, las administraciones siguen trabajando en paralelo en terminar de encajar las piezas, sin renunciar incluso al objetivo inicial de que la exhumación empiece a finales de este año y concluirla así incluso en 2029. Como el Gobierno central ya avanzó una ayuda de 200.000 euros que al final no aceptó el Consistorio, ya no le hace falta firmar un convenio sino que se actualizará el real decreto que recogía esta ayuda para subrayar su compromiso de colaboración y que la financiación está disponible, fórmula que considera más ágil para que así el gobierno local disponga de recursos desde el primer momento.

“Ahora lo que hace falta es que las demás administraciones firmen el convenio (fórmula por la que ellos comprometen sus aportaciones) y que el Ayuntamiento ponga en marcha la licitación de los trabajos”, se apunta en este sentido desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La Diputación, por su parte, ha resuelto que en cada una de las anualidades previstas (2026/2029) abonará un 25% de lo que le corresponde hasta alcanzar los 500.000 euros que en principio le tocan, porque el montante global se cifra en dos millones de euros. Si se superara esta cifra, la diferencia también se repartirá por igual entre las cuatro instituciones.