Asturias Acoge culpa al Principado de la expulsión de migrantes de un centro de acogida pese a su minoría de edad
Mame B.T. llegó desde su país en Senegal a España con un pasaporte que acreditaba su minoría de edad en busca de un futuro mejor. A costa de arriesgar su vida, se embarcó en un cayuco y tras su paso por Canarias, Mérida y Catalunya se acabó asentando en Asturias. El Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana, en San Claudio (Oviedo), ha sido hasta ahora su último lugar de residencia hasta que, a principios de este mes, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado confirmó que debía abandonarlo.
El Principado no daba credibilidad al pasaporte que portaba y que acreditaba que era menor. Se le sometió a pruebas de edad que determinaron que era adulto y se le comunicó que esta circunstancia impedía su continuidad en el centro. Él siguió insistiendo en que no había cumplido aún los 18 años. Unas explicaciones que no convencieron a la administración.
Apoyo desde Extremadura y Canarias
El pasado mes de diciembre, entidades sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura y Canarias, denunciaron su situación de “extrema vulnerabilidad” y la de otros dos menores tutelados en el centro de menores de Loriana, gestionado por la Asociación Centro Trama.
Pese a que incidieron en que su expulsión implicaría que se vieran abocados a ir a la calle, las expectativas de evitar su salida del centro no se cumplieron y Mame B.T. emprendía una marcha sin retorno de las dependencias de Loriana.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se basaba en los informes y las pruebas a las que se había sometido a Mame para constatar que era mayor de edad y así lo corroboró la Fiscalía.
Un portavoz de la consejería, de la que es titular Marta del Arco, ha confirmado a elDiario.es Asturias que a raíz de comprobar su mayoría de edad se le buscó a Mame varias alternativas de convivencia para mayores de edad con otras entidades, pero todas las sugerencias fueron rechazadas por el joven.
“Ha sido él quien ha decidido descartar las propuestas que se le han hecho y ha decidido irse por su cuenta con un amigo a vivir a Luarca”, asegura el portavoz.
La propuesta
Los otros dos jóvenes que están en una situación similar todavía permanecen en el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana pero han aceptado la propuesta de la administración y en los próximos días se trasladarán a recursos de Transición a la Vida Adulta del Principado.
“La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano no expulsa ni expulsará a menores de edad de sus centros. Quien determina la mayoría o minoría de edad es la Fiscalia de Menores y en el caso de ese joven que ya no está en Loriana rechazó la propuesta de ir a uno de esos centros de adultos, fue una decisión propia”, señala.
El recurso
Una argumentación que no convence a los representantes de Asturias Acoge que sostienen que “a estos chicos se les cierra la puerta a regularizar su situación por la paradoja de que, al constar en el pasaporte que son menores de 18 años, tienen que acudir a la administración acompañados de un adulto responsable”.
Además, reiteran que se está cometiendo con ellos muchas irregularidades. Entre otras, inciden en que son sometidos a pruebas para determinar su edad que están prohibidas a las personas portadoras de documentos que certifiquen esa información, como es el caso de Mame.
Las irregularidades
“La actuación del centro de menores y de la entidad pública contraviene el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 190 del Reglamento de Extranjería”, exponen.
Asturias Acoge denuncia que “es una forma de actuar, la de presuponer que los documentos de personas migrantes son falsos y las pruebas físicas que se realizan tienen unos estándares europeos que no son comparables a la anatomía de personas de otros países, como en este caso Senegal”.
Denuncia de vulneraciones
Las plataformas sociales que le han mostrado su apoyo afirman que esta actuación contraviene también el Reglamento de Extranjería y diversos dictámenes del Defensor del Pueblo, así como directrices de la Unión Europea (UE) y resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Reiteran la importancia de que las autoridades competentes en Asturias procedan a la paralización inmediata de cualquier orden de salida del centro, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad conforme a la documentación oficial, la tramitación urgente de las autorizaciones de residencia y trabajo y el cese de las pruebas de edad que consideran invasivas e imprecisas.
La integridad del menor
Asimismo, advierten de que dejar a estos adolescentes sin protección institucional no solo supone, a su juicio, un grave incumplimiento legal, sino que pone en riesgo “la integridad física y jurídica de niños que las administraciones están obligadas a proteger”.
“Dado que estos jóvenes cuentan con pasaportes legales y no impugnados, la realización de dichas pruebas constituye una injerencia ilegal en la integridad del menor”, señalan esta organizaciones, que aseveran que la edad que se muestra en esa documentación debe respetarse si no ha sido invalidada judicialmente.
La jurisprudencia
La doctrina del Tribunal Supremo, añaden, señala que debe prevalecer siempre el beneficio de la duda en favor del menor para evitar su desamparo y que no pueden realizarse pruebas médicas de forma indiscriminada basándose en la apariencia física de los jóvenes.
Asturias Acoge hace hincapié en la paradoja que supone que estos chicos estén en un limbo y queden en tierra de nadie porque desde la administración no se le da validez a los pasaportes que acreditan su minoría de edad.
“No son mayores de edad para nadie nada más que para el fiscal y los organismos autonómicos a los que les interesa acogerse a esa opción para librarse de estos chicos”, ratifican.
Presunción de legalidad
No obstante, anuncian su disposición a interponer un recurso para la impugnación del decreto de la Fiscalía donde solicitarán la adopción de medidas cautelares.
En la oenegé no se explican las razones que llevan a dudar de la validez de la documentación que presentan estos jóvenes: “nadie ha demostrado que sus pasaportes sean falsos, ni tienen por qué serlo y hay múltiple jurisprudencia que respalda que los documentos de un país tienen presunción de legalidad”.
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