Los memorialistas de Sevilla no se fían del Ayuntamiento y le empujan a exhumar ya la gran fosa franquista de Monumento

El compromiso político para exhumar la fosa franquista Monumento, la más grande de Sevilla con al menos 2.613 represaliados, ha cogido un nuevo impulso al que el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) se está sumando a rastras. Y por ello las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Memoria Democrática van a forzar la celebración de una sesión extraordinaria para que el gobierno de José Luis Sanz explique por qué, a finales de año, renunció a una subvención estatal de 200.000 euros para echar a andar los trabajos. El argumento esgrimido por el Consistorio fue que era “imposible” cumplir con los plazos a los que obligaba esta transferencia.

Con este movimiento, las entidades lo que pretenden es azuzar al PP y que saque el proyecto del letargo en el que lo metió al conquistar la Alcaldía en junio de 2023, una actitud abonada por el nulo entusiasmo que en materia de memoria histórica ha demostrado desde el primer minuto, lo que se ha traducido por ejemplo en la casi eliminación de la oficina especializada y en la liquidación de todo rastro de la web municipal. Una inercia, por cierto, que no han ayudado a mejorar los pactos con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

En el escrito registrado para reclamar esta sesión extraordinaria, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que la renuncia a la subvención (nominal y finalista) es “un hecho de especial trascendencia”. No sólo eso, ya que también se considera que esta no aceptación de los fondos estatales “no ha sido ni informada ni consultada” con el pleno de este consejo sectorial, cuestión –recuerdan– a la que obliga su propio reglamento.

Convocatoria obligada

Las asociaciones señalan que la convocatoria es obligada cuando la reclaman al menos un cuarto de los vocales, requisito que se cumple de sobra al solicitarla seis asociaciones, tres sindicatos y dos grupos políticos. La propuesta se ha hecho a petición de las asociaciones Memoria Libertad y Cultura Democrática, RMH Manuel Barrios Jiménez y Adriano Antinoo, miembros de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. A ella se han adherido Nuestra Memoria, PTE-JGR y Unidad Cívica por la República, además de CCOO, CGT y UGT y los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU.

En el escrito, se le exigen explicaciones al regidor por dejar de lado la ayuda estatal, algo que consideran especialmente grave por “la avanzada edad de los familiares de las víctimas y las consecuencias de los constantes retrasos en el inicio de las exhumaciones”. Por ello, reclaman una respuesta sobre unos trabajos en la fosa que consideran “de justicia y reparación”.

El gobierno local, por su parte, ha justificado que no aceptó la subvención (para lo que sólo tenía que mandar su conformidad) porque imponía un plazo a su juicio “imposible” por la tramitación a la que obliga un proyecto de este calibre. Así lo volvió a defender en la primera comisión de seguimiento celebrada recientemente para analizar el cumplimiento del protocolo que en junio suscribieron las cuatro administraciones que, al 25%, financiarán una exhumación cuyo coste no bajará de los dos millones de euros: los gobiernos central y autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento.

Empezar a finales de año

Es precisamente el Consistorio el que debe liderar la iniciativa, ya que es propietario del suelo que alberga una fosa que se ubica en el cementerio de San Fernando, a escasos metros de la de Pico Reja, que se terminó de excavar hace ya casi tres años. Pero el gobierno local del PP alega que no dará un paso hasta que se firmen los correspondientes convenios entre las administraciones, por mucho que Ejecutivo central, Junta y Diputación tengan reservados fondos para estos trabajos.

De hecho, el Ayuntamiento hispalense es el único que no ha previsto en las cuentas para 2026 recién aprobadas una partida para hacer frente a la parte que le corresponda, lo que obligará a esperar a 2027 o a una modificación presupuestaria en el presente ejercicio. Esta posibilidad la sacaría adelante sin problemas con el respaldo de PSOE y Podemos-IU, para disgusto de Vox.

El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido a reenviar los 200.000 euros rechazados en su momento, mientras que Junta y Diputación tienen partidas reservadas en las cuentas de este año. Así las cosas, y si nada vuelve a torcerse en un camino que está resultando más tortuoso de lo esperado, se confía en rubricar en breve los correspondientes convenios, lo que daría el pistoletazo de salida a una tramitación administrativa con la vista puesta en iniciar el proyecto sobre noviembre. Si eso es así, e insistiendo en que siempre que no haya más tropiezos, podría mantenerse 2029 (a finales, eso sí) como fecha para concluir los trabajos.