PP y Vox aprueban con bronca sindical el presupuesto para Sevilla que bendice privatizar la limpieza en los colegios

El Ayuntamiento de Sevilla ha cumplido con el último trámite y ya puede decir que tiene aprobado su presupuesto para 2026, fruto de un pacto entre el gobierno local del PP y Vox. Con un montante de casi 1.100 millones de euros, lo que supone un nuevo récord, hasta ahora las críticas de la oposición de izquierdas se habían centrado en la pérdida de partidas en materias como igualdad, cooperación, memoria histórica o lucha contra el cambio climático. Todo eso se mantiene, pero ahora el foco está puesto en la partida que se incluye para privatizar la limpieza de los colegios públicos, lo que ha desatado una tormenta en el salón de plenos con los trabajadores municipales encargados de esta tarea.

“El Ayuntamiento es un polvorín a punto de estallar, no sólo tienen el rechazo de la oposición, sino que por primera vez también el de los trabajadores”, resumía la situación el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), después de una sesión cargada de tensión. “¿No le hace reflexionar la bronca pleno tras pleno? Se está viviendo situación excepcional, fruto de sus socios de presupuesto”, le reprochó el líder del PSOE municipal, Antonio Muñoz, al alcalde, José Luis Sanz (PP).

La sesión era una mera formalidad, porque en realidad las cuentas se aprobaron el pasado diciembre. Pero durante el obligatorio periodo de exposición pública se han presentado varias alegaciones (de ONG, Facua y hasta del PSOE), lo que imponía un último pleno en el que se rechazaron todas para la bendición definitiva. El regidor no ha llegado ni a intervenir, mientras que el portavoz municipal (Juan Bueno, también delegado de Hacienda) ha centrado su último turno en poco menos que afirmar que “Sevilla tiene presupuesto y sigue en marcha a pesar de ustedes”.

Dos desalojos nada más empezar

Nada más arrancar, ya se vio que la sesión iba a ser intensa. Los trabajadores de la limpieza ya habían pregonado que le declaraban la guerra a José Luis Sanz por la externalización de la limpieza en los colegios, lo que según el cálculo sindical supondrá la liquidación de 300 empleos. Y bien que se notó, porque el presidente del pleno, Manuel Alés, ya ordenó dos desalojos en los primeros minutos, advirtiendo que a la próxima se procedería a expulsar a todo el público.

De esta manera fueron desfilando para afuera delegados sindicales, que interrumpieron la intervención de Juan Bueno coreando consignas y exhibiendo carteles en contra de esta privatización. Ya en la recta final, cuando habían transcurrido 45 minutos, Alés instó a la Policía Local a expulsar del salón plenario “a invitados y público”. “El criterio es el que yo establezco”, esgrimió ante las protestas de la oposición, lo que le valió el irónico reproche del portavoz de Podemos-IU de que “esto con Zoido no pasaba”, en referencia al anterior alcalde del PP. Por cierto, que Ismael Sánchez lucía una camiseta con ese mismo mensaje.

El delegado de Hacienda, por su parte, se limitó a decir que no procedían las alegaciones presentadas, cargando contra una oposición de izquierdas a la que acusó de “mentir permanentemente”. “La auténtica verdad es que aquí no se va a despedir a nadie”, incidiendo en que ha sido el PP el que ha estabilizado a 237 de los 336 trabajadores que se encargan de esta tarea, a lo que se ha sumado una próxima convocatoria con 106 plazas.

Giro a la derecha del presupuesto

El alcalde, José Luis Sanz, no habló en el pleno, pero estos días ha reiterado que, por mucha presión que le metan los sindicatos, no piensa dar marcha atrás a su plan de que se encargue una empresa privada de limpiar los colegios, comprometiéndose a reubicar en otras funciones al personal que ahora lo hace. Su argumento es que “no se perderá ningún empleo público” pese a externalizar la limpieza de 108 colegios y 250 edificios municipales.

Para sacar adelante las cuentas, el PP aceptó en su momento 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox, que incluían nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo, además de a las asociaciones de consumidores como Facua. A ello se unieron después dos nuevas exigencias: eliminar la zona de bajas emisiones de la Cartuja y reforzar los controles para empadronar a inmigrantes.