La crisis interna en el Poder Judicial no se cierra: la presidenta y un vocal de Sumar vuelven a unir sus votos con la derecha

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a evidenciar este miércoles los delicados equilibrios internos que rigen en el llamado bloque progresista. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, unieron de nuevo sus votos a los de los consejeros designados a iniciativa del Partido Popular. En este caso, para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en un puesto de carácter técnico. 

Esta designación se ha producido en el mismo pleno en el que se ha oficializado la cesión por parte de Preciado de uno de sus cuatro puestos en las distintas comisiones del órgano a José María Fernández Seijo, vocal elegido a iniciativa del PSOE y que amenazó con dimitir el pasado octubre tras la gran crisis que vivió el bloque progresista, del que ejerce como líder en la sombra. El desencadenante de esa crisis fue la decisión de Preciado y de la presidenta de pactar con los vocales de la derecha un nuevo reparto de poder que otorgó una mayoría conservadora a ocho de las once comisiones del órgano.

Entre ellas, la más relevante, la Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman decisiones de calado. Con el nuevo reparto, esa comisión siguió conformada por cuatro vocales conservadores y tres encuadrados en el bloque progresista, a los que se suma Perelló, que ejerce la presidencia. La mayoría del bloque progresista quería situar en esa comisión a Fernández Seijo, pero el acuerdo parcial con la derecha frustró esa posibilidad. 

El pacto rubricado ahora entre ambos vocales dice asentarse en los criterios de “equilibrio, eficiencia organizativa y continuidad funcional” acordados al inicio del mandato. Y supone que Preciado cede a Fernández Seijo su puesto en la Comisión de Escuela Judicial, la encargada de preparar la actividad del espacio en el que se forman los nuevos jueces tras aprobar la oposición y atender su funcionamiento. En el entorno del vocal de Sumar ponen en valor ese “acuerdo entre vocales”: “Se ha pretendido restablecer las buenas relaciones y la aceptación de la existencia de diferentes sensibilidades”. 

A pesar de este movimiento, distintas voces dentro del grupo progresista insisten en que esta decisión no supone que Preciado vuelva al grupo progresista ni que se hayan reconducido las relaciones. “No quiere integrarse en ningún grupo, tiene su hoja de ruta propia y lo único que quiere es tener relación fluida con los vocales del grupo progresista, por si hay intereses comunes. Nada más”, sostiene una fuente del bloque de la izquierda. 

Otro miembro de este grupo también se muestra muy crítico con este vocal y con la presidenta Perelló. “Son un grupo satélite que vota con la derecha”, sostiene. Diferentes integrantes del bloque progresista coinciden en que Preciado ha dado este paso apremiado por la presidenta, que no estaba dispuesta a aceptar la renuncia de Seijo y que exploró esta vía para tratar de limar asperezas. Es un acuerdo que, a juicio de otros vocales, permite “zanjar las tensiones de octubre” e intercambiar información, pero sin que se Preciado someta a ninguna disciplina. “No tiene mayor interés en reintegrarse a ningún grupo, tiene su hoja de ruta, respetable aunque no compartida”, dice uno de ellos. 

“Mérito y capacidad”

El nombramiento que suscitó polémica es un puesto de carácter técnico, la jefatura de Sección de Planta Judicial. Para ese cargo resultó elegida Ana Laita García-Luzón, una jueza sin destino fijo vinculada a la conservadora APM. Su nombramiento, propuesto por el bloque conservador, salió adelante gracias a los votos de Perelló y de Preciado. El resto de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar se decantaron por la candidatura de la funcionaria Blanca Cano, que ha tenido puestos de responsabilidad en el Ministerio de Justicia con Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz Gallardón (PP). Uno de esos vocales explica que la voluntad del grupo era abrir este tipo de plazas a personas que no forman parte de la carrera judicial. 

En el entorno de Preciado defienden, sin embargo, que la decisión estuvo marcada por los principios de “mérito y capacidad”. Este vocal ha defendido en reiteradas ocasiones su rechazo a una supuesta “sumisión a la disciplina de voto”. También suele descalificar al resto de los vocales de izquierdas como “próximos al Ministerio de Justicia”.

Para la elección de este cargo basta con una mayoría absoluta de los 21 miembros del órgano. No es así en el caso de los nombramientos judiciales, que requieren el respaldo de tres quintos del pleno. El bloque progresista, con sus nueve miembros, mantiene esa minoría de bloqueo en las designaciones clave.

Otras voces del órgano recuerdan que estos nueve vocales progresistas también votan de forma diferenciada en algunas ocasiones. Ocurrió este mismo miércoles, con la elección de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A ese puesto optaba el juez Luis Villares, que en 2016 fue candidato de En Marea a las elecciones gallegas y que obtuvo el respaldo del propio Preciado y de la otra vocal elegida a iniciativa de Sumar, Inés Herreros, que se ha integrado con los demás vocales progresistas como una más. El resto se decantó por la aspirante finalmente elegida, la magistrada María Azucena Recio, que no está asociada. 

Al margen de estas designaciones, el órgano acordó por unanimidad el nombramiento de Jacobo Barja de Quiroga como presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el que será su segundo mandato. También la elección de los magistrados José Arsuaga y Carlos Gómez Martínez como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria e Illes Balears, respectivamente. Todos ellos eran los únicos candidatos que aspiraban a esas tres plazas.

Barja de Quiroga es considerado progresista. Arsuaga está vinculado a asociación Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, y Gómez Martínez a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. No se llegó a abordar la renovación de otros puestos relevantes en el Supremo, donde está pendiente de asignar una vacante en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos.