Una plataforma de juego con sede en Curazao opera sin licencia en España: “Las transacciones aparecían como consumo de gas”

Una plataforma de juego online llamada Need for Spin —vinculada a la sociedad GBL Solutions N.V., con sede fiscal en Curazao (Países Bajos)— opera presuntamente de forma irregular en España. Esta empresa posee una licencia para operar en su país de origen, pero no una para hacerlo en territorio español, según ha podido saber elDiario.es. Este requisito es obligatorio según la ley española que regula el juego. De hecho, el nombre de la sociedad no figura en el buscador de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo. Tampoco aparece el dominio web asociado a la empresa neerlandesa.

Fuentes del Ministerio de Consumo explican a este diario que las empresas del juego deben aparecer en los listados de operadores con licencia y que deben “cumplir la regulación en cuanto a las advertencias de juego seguro y prohibición de juego para los menores”. Sin embargo, han recordado que no pueden “dar información sobre operadores concretos, salvo que las sanciones sean firmes en vía administrativa”. GBL Solutions N.V. no ha respondido a las consultas realizadas por este diario.

La norma que regula el juego en España —cada país miembro de la UE tiene su propia regulación— es la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. En su artículo 39 establece lo que se consideran infracciones muy graves. Entre ellas, se recogen las actividades incluidas en el ámbito de la aplicación de la norma del juego que se realizan “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia. Esta plataforma, además, opera bajo el dominio “.com”. La ley determina, en su artículo 10, los procedimientos que hay que llevar a cabo para obtener una licencia. En el apartado 4.d) se recoge la obligatoriedad de implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo “.es”. El incumplimiento de este requisito también se considera una falta muy grave. Estas pueden ser sancionadas con multas de entre uno y 50 millones de euros, como fija el artículo 42 de la norma.

La última vez que la DGOJ otorgó licencias fue en diciembre de 2017. GBL Solutions N.V. se creó en 2020, según figura en el Registro Mercantil de Curazao. Albert Agustinoy, abogado de Cuatrecasas experto en regulación de juego, afirma que la norma no reconoce licencias extranjeras. “Esta infracción supone multas que pueden variar de uno a cincuenta millones de euros, así como a ser declarado inelegible para solicitar licencias hasta un plazo máximo de cuatro años”, asegura.

Explica además, que al tratarse de un casino online, una de sus principales estrategias para atraer nuevos clientes consiste en el uso de campañas de marketing dirigidas y personalizadas. Así es cómo GBL Solutions llegó a la vida de Manuel (nombre ficticio). “No paraban de llegarme mensajes SMS para que apostara”, comenta. Manuel está en el registro de autoprohibidos. Sin embargo, es bombardeado constantemente con publicidad de esta índole. “Si estás autoprohibido no puedes entrar a ninguna web de apuestas, sin embargo, aquí puedes acceder sin ningún tipo de restricción”, afirma.

Agustinoy explica que en estas webs también existe una aceptación pasiva, es decir, sin hacer ningún tipo de campaña, que un jugador español se inscriba y empiece a jugar con ellos. “En estos casos la DGOJ tiene capacidad para iniciar expedientes sancionadores. Además, puede instar al bloqueo de direcciones IP vinculadas a ofertas no autorizadas de este tipo de juegos”, sentencia.

Curazao, puerta de entrada al juego ilegal

La ley también contempla la obligación de la autoridad competente de publicar las resoluciones de los expedientes sancionadores a través de su página web. En los años 2024 y 2025, la DGOJ ha resuelto 22 expedientes sancionadores por infracciones muy graves, debido a que en cada uno de los casos las plataformas de juego estaban operando “careciendo del título habilitante correspondiente”, es decir, sin licencia.

Nueve de las empresas infractoras tenían su residencia fiscal en Curazao, tres figuran en otras jurisdicciones mientras que la autoridad competente no ha podido determinar la ubicación de las diez restantes, lo que muestra la complejidad del entramado fiscal con el que operan algunas de ellas.

En el último procedimiento resuelto contra una empresa con sede fiscal en Curazao, ésta fue sancionada con 5 millones de euros por su presunta actividad irregular, que consistió en operar sin licencia. Además, se condenó a la empresa a inhabilitación para la realización de las actividades de juego previstas en el artículo 1 de la Ley 13/2011 por un período de cuatro años como “consecuencia de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 39” de la ley y de conformidad con lo que establece el artículo 42 de la misma norma.

Pese a que la resolución ordenó a la empresa el “cese inmediato de la actividad de juego ilegal en España” no era firme, ya que cabía presentar contra ella recurso de reposición en el plazo de un mes o su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a partir día siguiente a su notificación.

El expediente sancionador recoge, en los antecedentes de hecho, que la medida cautelar se aplica para garantizar tres objetivos. El primero, la tutela del interés público, mediante “la prevención de actividades que pudieran dar lugar a fraude, blanqueo de capitales y otros problemas de orden público”; la defensa de “los intereses de terceros”, concretamente, los usuarios de este tipo de productos y, de modo particular, de los menores de edad y de las personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (es decir, el registro de autoprohibición) y para evitar “el mantenimiento de los efectos de la infracción”. Los antecedentes de hecho coinciden con los objetivos que pretende garantizar la ley de regulación del juego.

Eupago colabora con la plataforma irregular

GBL Solutions N.V procesa sus transacciones financieras a través de Eupago, una empresa con sede principal en Oporto, fundada en 2014 y autorizada por el Banco de Portugal como institución de pago. La función de Eupago es actuar como intermediario en transacciones económicas entre usuarios y empresas que venden productos o servicios, gestionando pagos tanto en internet como en puntos físicos.

Este diario ha enviado en dos ocasiones un correo electrónico asociado a la empresa en Portugal, después de haber contactado por whatsapp con el CEO de España. En estas consultas, se preguntaba a Eupago si la empresa era consciente de las presuntas irregularidades de la plataforma del juego, si colaboraba con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Consumo para la prevención de estas prácticas y si iba a tomar medidas. La primera consulta fue realizada el 4 de diciembre de 2025.

Eupago también tiene una oficina en Madrid, cuya actividad está supervisada por el Banco de España. Según Manuel, al registrarte en la web, Eupago aparece como método de pago predeterminado. “Al realizar un cargo, te redirige automáticamente sin necesidad de registro, y lo hace enviando códigos de comercio falsos. En mi caso, cuando realizaba un pago al casino, en el extracto bancario aparecía como si fuera un consumo de gas”, relata Manuel. Este diario ha podido comprobar la veracidad de ambas afirmaciones.

Desde 2016, Eupago ha recibido 348.825,25 euros en fondos europeos. De ellos, 11.500 euros han sido otorgados por el Gobierno de España en 2025, mientras que el resto de las subvenciones provienen de Portugal, como figura en la plataforma de contratos públicos de ambos países. Por su parte, Agustinoy señala que la DGOJ tiene la capacidad de instar a los proveedores de servicios de pago a que no gestionen transacciones vinculadas a operadores de juego sin licencia que actúan fuera del marco legal.