La Fiscalía allana el camino para que el TSJ devuelva la causa de la dana a la jueza y siga buscando indicios contra Mazón

La Fiscalía ha dejado en bandeja a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la posibilidad de que devuelva la causa de la dana a la jueza instructora, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para que siga investigando en busca de indicios contra el expresident Carlos Mazón, aforado por su condición de diputado autonómico. El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, ha optado por una vía intermedia, que no descarta una eventual responsabilidad penal, pero que, al mismo tiempo, no ve aún “datos o indicios con suficiente solidez para justificar” la imputación de Mazón.

El fiscal Ortiz vislumbra la hipótesis de que el 29 de octubre de 2024 Mazón transmitió órdenes a la consellera Salomé Pradas a través del jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca, aunque considera que, en esta fase de la investigación, “no existe la certeza de que tales instrucciones o requerimientos hubiesen tenido lugar, si bien no es descartable que dicho panorama probatorio pudiera variar a lo largo de la instrucción”.

“Por el momento, no se han aportado mensajes escritos” en los que Mazón “impartiese órdenes o instrucciones”, remacha el informe del fiscal, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El representante del Ministerio Público también anota la “necesidad de justicia y reparación” por parte de los familiares de las 230 víctimas mortales y elogia el “encomiable esfuerzo de la instrucción” de la jueza Nuria Ruiz Tobarra para “esclarecer de forma completa lo acaecido” de cara a “lograr el esclarecimiento de la verdad”.

Con la postura del fiscal superior, la Sala de lo Penal del alto tribunal autonómico (de mayoría conservadora) tiene el camino libre para denegar la imputación de Mazón por el momento y devolver el procedimiento a la magistrada instructora, emplazándola a seguir rastreando indicios contra el expresident. Opción que, por otro lado, vaticinaban casi todas las fuentes judiciales consultadas por este diario desde que la jueza instructora elevara su exposición razonada el pasado 24 de febrero.

La instructora ha tomado declaración al núcleo duro de Mazón en el Palau de la Generalitat (el jefe de gabinete, el secretario autonómico de Presidencia, la jefa de prensa), además del chófer y los escoltas y de la comensal que compartió mesa y mantel con el expresident en un reservado del restaurante El Ventorro.

Tras las fiestas josefinas de las Fallas, la instructora encara la tanda final de declaraciones de los alcaldes de las zonas afectadas y de los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que —en principio— poco pueden aportar sobre la actuación del expresident.

La comisión rogatoria a WhatsApp

La jueza tiene pendiente la respuesta a su comisión rogatoria de la empresa WhatsApp Inc., a la que pidió los mensajes borrados por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete.

La magistrada se escuda en los mensajes que remitió Cuenca a la entonces consellera Salomé Pradas —“Salo, de confinar nada”— para tratar de acreditar que el entorno de Mazón hizo llegar órdenes a la persona que ostentaba el mando único de la emergencia en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Sin embargo, ocho meses de chats de WhatsApp entre Cuenca y Mazón fueron borrados por el primero de su teléfono móvil corporativo de la Generalitat. La comisión rogatoria se erige, por tanto, en una remota y difícil posibilidad para aclarar qué se dijeron el president y su jefe de gabinete en los momentos cruciales de la gestión de la emergencia, cuando Mazón alargaba la sobremesa con Maribel Vilaplana en el Ventorro.