Granadilla envía al jefe de la Policía Local, investigado por acoso sexual y laboral, a una mesa sobre violencia de género

El gobierno de Granadilla de Abona (CC, Vox y uno de los dos ediles electos del PP tras la censura al PSOE de marzo de 2025) cerró en septiembre de 2025 la investigación interna abierta por un supuesto caso de acoso sexual y laboral del jefe de la Policía Local a una agente del cuerpo, al considerar que no había pruebas contra él. Sin embargo, dos meses después un juzgado de este municipio del sur de Tenerife incoó unas diligencias que aún permanecen abiertas. Esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el Ayuntamiento haya decidido contar con este mando policial en una mesa de coordinación contra la violencia de género celebrada este miércoles.

La presencia del jefe de la Policía Local junto al alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha sorprendido y dolido sobremanera a la denunciante, según remarca su entorno, que agrega que la agente quiere volver al trabajo (permanece de baja), pero los turnos no se organizan de forma que se garantice que no coincidirá con su jefe en una etapa en la que, según denuncia la oposición, faltan agentes por bajas o plazas insuficientes, con los lógicos perjuicios para un servicio adecuado en un municipio de grandes dimensiones. En Granadilla hay unos 65.000 habitantes, el aeropuerto Tenerife Sur, núcleos costeros como El Médano o Los Abrigos, grandes concentraciones urbanas como las de San Isidro y un puerto industrial, aunque con una actividad mucho menor de la prometida en su día.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona resaltó este miércoles en redes como Facebook que había celebrado “la Mesa de Coordinación Policial del Protocolo VioGén, convocada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife”. En esa reunión participaron “representantes de la Guardia Civil, del IASS, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y del propio Ayuntamiento, junto a la Policía Local, para analizar la situación en el municipio y hacer seguimiento del funcionamiento del Protocolo VioGén 2”. Además, se subrayó que citas como esta “permiten que todas las administraciones trabajen coordinadas con un único objetivo: proteger a las víctimas y seguir mejorando la respuesta ante la violencia de género en Granadilla de Abona”.

El gobierno local ya indicó el pasado mayo a este periódico que espera a que se resuelva el proceso judicial para pronunciarse y, al igual que este jueves, declinó responder sobre el caso o sobre la decisión de que el jefe policial participara en la mesa sobre violencia de género.

Declaraciones y testimonios

El juzgado de esta localidad ya tomó declaración al policía denunciado por presunto abuso sexual y laboral el pasado 26 de marzo, así como a diversos testigos. Lo hizo después de que, en septiembre de 2025, el consistorio cerrase su indagación interna al aplicarse el protocolo tras las primeras quejas de esta policía, que se encuentra en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que dice sufrir poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura de CC, un edil del PP (la otra siguió fiel al pacto con el PSOE, por lo que se le mantuvo el expediente) y Vox contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa. Tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar este proceso dentro del ayuntamiento al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes, siempre según la versión del gobierno local.

Por el contrario, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió una causa, que sigue en ese momento procesal. La policía argumenta que los supuestos abusos se cometieron durante años en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. La agente lamenta que el proceso abierto por el consistorio se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, algo que continúa produciéndose, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Supuestos abusos durante “diez años”

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha dado desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otros efectos, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia. Por supuesto, la versión dada por el jefe durante la investigación interna y en su declaración es totalmente contraria.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia e investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género, en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.

Según traslada a Canarias Ahora, esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que sigue apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”. Y eso que ha querido reincorporarse, pero sin que le garanticen que no coincidirá en algún turno con el jefe al que ha denunciado.

A su juicio, y como en otros casos similares, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.