Unidas Se Puede propone reforzar la captación de viviendas vacacionales para alquiler residencial en La Laguna

Unidas Se Puede llevará al pleno del Ayuntamiento de La Laguna del próximo jueves una moción en la que propone la captación de viviendas vacacionales que salgan de este mercado para destinarlas a alquiler residencial a precios asequibles.

Todo ello a raíz de la campaña de comprobaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según la cual, de las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias correspondientes al municipio, 1.093 no contaban con la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas.

Señala la formación política que “este dato no pretende prejuzgar la situación jurídica individual de estas viviendas”, pero considera necesario conocer cómo evolucionará este parque y analizar las posibilidades de que parte de las viviendas que, voluntariamente, dejen de destinarse al uso vacacional puedan incorporarse al alquiler residencial.

“Se trata de que el Ayuntamiento adopte medidas que favorezcan e incentiven que aquellas personas propietarias que decidan abandonar el uso vacacional puedan poner sus viviendas a disposición del alquiler de larga duración. Debemos aprovechar esta oportunidad para aumentar la oferta de vivienda asequible en La Laguna”, señala la edil Carolina Castro.

La moción plantea también evaluar los actuales programas municipales de captación y movilización de vivienda para conocer sus resultados, su capacidad real y los recursos disponibles, así como reforzarlos si resultan insuficientes para responder a las necesidades existentes.

La iniciativa propone, además, reforzar los mecanismos de información, acompañamiento e intermediación para las personas propietarias, así como instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a colaborar con el Ayuntamiento y Muvisa para ampliar los recursos destinados a la captación de vivienda para alquiler asequible.

La moción plantea que el Ayuntamiento de La Laguna haga públicos, en el plazo máximo de seis meses, los resultados del diagnóstico sobre la evolución del parque de viviendas vacacionales y de la evaluación de los programas municipales de captación y movilización de vivienda.