La Fiscalía impide al Gobierno canario entregar por transparencia los informes sobre la contaminación marina en Telde

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha impedido al Gobierno de Canarias que entregue por transparencia a Canarias Ahora los informes y las actas del PLATECA sobre el episodio de contaminación marina en Telde que mantuvo cerradas las playas del municipio durante meses.

Una resolución firmada el 27 de enero por el director general de Emergencias del Ejecutivo regional, Fernando Figuereo, deniega el acceso a esos documentos, que incluyen estudios de teledetección de posibles manchas generadas por los vertidos, informes de necropsia, de toxicología y analíticas de agua, entre otros hallazgos, en base a la postura del Ministerio Público, que rechaza facilitar cualquier tipo de información dado el carácter “reservado” de la investigación.

La Fiscalía dice que ha incorporado a sus diligencias para esclarecer la causa de la muerte de 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas marinas de Aquanaria los informes emitidos por el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias, el famoso PLATECA, activado el pasado 6 de noviembre y finalizado el 19 de diciembre.

Esos documentos fueron redactados por la propia administración y por otras entidades públicas, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el transcurso de la emergencia. Pero dado que han sido requeridos por el Seprona o la Fiscalía para unirse a la investigación, “participan de la naturaleza” de un procedimiento penal de carácter extraprocesal y reservado, por lo que “no deben ser facilitados a terceras personas”, indica el Ministerio Fiscal amparándose en su reglamento.

La Fiscalía afirma de hecho que solo permitirá el acceso a las personas sospechosas y a las víctimas del presunto delito. Es tajante al señalar que no lo hará ante nadie más, incluso quienes “acrediten tener un interés legítimo”. Y recuerda que el artículo 105 de la Constitución regula el acceso a los procedimientos “salvo en los que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. El Ministerio Pública cita sentencias del Tribunal Constitucional que avalan su postura.

“El principio de publicidad respecto de terceros no es aplicable a todas las fases del proceso penal, sino tan solo al acto oral que lo culmina y al pronunciamiento de la subsiguiente sentencia”, indican fallos de 2019.

Incluso si las diligencias de la Fiscalía son archivadas, el Ministerio Público dice que “el análisis sistemático” de los artículos 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto con la doctrina del Constitucional, permite inferir que su contenido “debe considerarse reservado, razón por la que no se permitirá su acceso o, en su caso, la obtención de copias, más que a la persona sospechosa y a la víctima”.

Este periódico envió al Gobierno de Canarias una solicitud de acceso a la información pública reclamando todas las actas e informes revelados en las reuniones del PLATECA por el episodio de contaminación marina frente a la costa de Telde, pues meses después continúa sin conocerse la causa real de la mortalidad de miles de peces de acuicultura cuya descomposición acabó en las playas de varios municipios de la isla, reduciéndose por último al litoral teldense.

El Ejecutivo no respondió por sí solo. “Antes de acceder a lo solicitado”, consultó a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas “si existe algún inconveniente o impedimento en facilitar” los informes e identificó al solicitante de la información (el mismo que redacta esta pieza) como “un periodista de un medio de comunicación”, pese a que eso no había sido detallado en el formulario de solicitud.

Tras el rechazo argumentado del Ministerio Público, el Gobierno cita el artículo 37 de la ley estatal de transparencia que limita el acceso a la información si esta “supone un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. La resolución del Ejecutivo tan solo incorpora el enlace donde figuran los documentos públicos de activación de las fases de alerta, prealerta y finalización de la emergencia.

La espera por conocer los resultados de la investigación del Seprona sobre la contaminación en Telde ha intensificado la especulación en torno a dos teorías: que la causa fue un vertido tóxico procedente de un emisario autorizado de titularidad municipal, en este caso del propio Consistorio de la Ciudad de los Faycanes; o que fue producto de la negligencia de la empresa explotadora de las jaulas marinas, Aquanaria.

La hipótesis del vertido está apoyada principalmente en dos cuestiones: primero, que las imágenes satelitales muestran una mancha blanquecina saliendo del emisario 222 el día 3 de enero, el mismo en el que un pescador alertó a Aquanaria de “un olor a cloacas, a químicos” cerca de la instalación; y, segundo, que una de las depuradoras conectadas a ese emisario, la de Ojos de Garza, está vertiendo aguas industriales no autorizadas procedentes de la depuradora de Silva cuando solo debería tratar aguas urbanas, constató una inspección de la Consejería de Transición Ecológica el 15 de octubre, pocos días después de que los peces comenzasen a morir de forma masiva.

En esa misma inspección la empresa gestora de la instalación, Aguas de Telde, señaló que no había tenido ninguna incidencia de funcionamiento de sus equipos. Pero también admitió que la capacidad de la depuradora de Silva se ha visto superada y que ha recibido cargas contaminantes “inasumibles” procedentes de industrias de los polígonos de El Goro y Salinetas. El informe cita explícitamente a las empresas Plascan, de reciclaje de plásticos, y Palcanarias, fabricante de pinturas, como protagonistas de dos episodios de vertidos a la depuradora de Silva “con indicios de fuerte carga contaminante”. Agrega que ambos casos fueron comunicados al departamento de Saneamiento del Ayuntamiento de Telde.

Aquanaria llegó a enviar hasta 17 escritos al Consistorio teldense sin recibir respuesta desde el 9 de octubre hasta el 3 de noviembre. Fue el 6 de ese mismo mes cuando se reunió con el alcalde, Juan Antonio Peña, de Ciuca, y responsables municipales. Por entonces ya habían muertos cientos de toneladas de lubinas y había “numerosos ejemplares sintomáticos” que lo harían en los próximos días o semanas.

Por otro lado, la hipótesis que otorga plena responsabilidad del incidente a la empresa sugiere que la presunta acumulación de heces y restos de pienso en el fondo de las jaulas, unida a las altas temperaturas que se registraron en Canarias durante las semanas de septiembre y octubre, pudo haber favorecido la proliferación de bacterias que generan sulfuro de hidrógeno, un gas que en contacto con el agua se convierte en ácido sulfhídrico, capaz de abrasar las branquias de los peces.

La denuncia de un trabajador de Aquanaria alertando de riesgos biológicos en la instalación por “la presencia de gran cantidad de peces muertos en avanzado estado de descomposición”, adelantó el medio Teldeactualidad, y el hecho de que la Cooperativa de Pescadores de Melanara no haya notado ninguna alteración en la fauna marina han alimentado esta teoría.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, pidió este mismo jueves, después de que las playas de Telde volvieran a estar cerradas unas horas por la contaminación, que debe saberse “de una vez por todas” qué está pasando en el litoral del segundo municipio más poblado de Gran Canaria, el cuarto de Canarias.

“Es preciso que se agilicen los procedimientos para que sepamos de una vez por todas qué está sucediendo, qué tipo de vertidos se están haciendo llegar al mar, de dónde proceden y si hay emisarios ilegales o emisarios legales que están permitiendo ese tipo de filtraciones porque no lo sabemos”, comentó.