Papeles y derechos para miles de personas en Canarias gracias a la regularización: ''No es caridad, es justicia social''

No están en los registros oficiales, pero sí limpiando hoteles, casas, poniendo bloques o en las fincas agrícolas de Canarias. Miles de personas en las islas han vivido, hasta ahora, sin papeles y en la clandestinidad por su situación administrativa. Sin embargo, al menos 45.000 migrantes del Archipiélago podrán ver al fin reconocidos los derechos que les corresponden gracias a la regularización extraordinaria impulsada por el Movimiento Estatal Regularización Ya y pactada entre Podemos y el Gobierno de España. “No es caridad, es justicia social y una decisión de valentía y voluntad política”, ha celebrado la plataforma, que arrastra a su espalda cinco años de lucha.

Es difícil cuantificar la cifra exacta de personas que podrán beneficiarse de esta medida, cuya tramitación se aprobó este martes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo central calcula que podría tratarse de medio millón en todo el país, pero un informe reciente del centro de análisis Funcas eleva el dato a 840.000 personas. Según este estudio, el 91% de la población extranjera en situación irregular en 2025 procedía de Latinoamérica.

''Serán personas con derechos. Regularizar no es un privilegio, es garantizar los derechos de las personas'', resume el portavoz del movimiento en Canarias, Redwan Baddouh. Trabajar en condiciones dignas, abrir una cuenta en el banco, viajar al país de origen o visitar a sus familias son algunas de las acciones cotidianas que les han sido vetadas hasta ahora y que podrán realizar quienes viven en situación irregular en el país. ''Eso en el caso de los adultos. Los menores podrán federarse en el deporte, ir al viaje de fin de curso o terminar sus estudios'', añade. 

Podrán acceder a esta regularización quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan permanecido de manera continuada en el país como mínimo cinco meses antes de tramitar la petición. Este proceso permitirá también regularizar a los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que estén en España, quienes obtendrán un permiso de cinco años. 

También podrán acogerse a esta medida los solicitantes de protección internacional que hayan pedido asilo antes del 31 de diciembre del año pasado. Además, podrán obtener la regularización sin renunciar al asilo. “Esta era una de nuestras líneas rojas”, asevera Baddouh. 

Regularizar es garantizar los derechos de las personas, no es un privilegio

La autorización, ha explicado el Ejecutivo central, habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para la persona trabajadora como para la empresa. Para evitar que la documentación suponga un obstáculo en este proceso, podrá aportarse cualquier documento público o privado, o una mezcla de ambos, que pruebe la residencia continuada en el país.

El portavoz de Movimiento Estatal Regularización Ya en Canarias explica que el certificado de empadronamiento también es válido, pero el objetivo era ampliarlo a cualquier documento válido en derecho que acredite la permanencia en el territorio nacional, ante los obstáculos que han puesto algunos ayuntamientos para que las personas en situación irregular puedan empadronarse en los municipios.

El texto estará sometido a exposición pública hasta el 6 de febrero y se podrán hacer aportaciones antes de su aplicación. Según las estimaciones del Ministerio de Migraciones, se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. El plazo máximo de tramitación será de tres meses y con la mera admisión a trámite de las solicitudes -que tendrán que resolverse en 15 días- las personas podrán empezar a trabajar.

Esta será la séptima regularización extraordinaria aprobada en España. Dos de ellas salieron adelante en los años 2000 y 2001, durante el gobierno de José María Aznar (PP), y permitieron regularizar a 503.327 personas. Otras cuatro fueron aprobadas con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en los años 1986, 1991-92, 1996 y 2005.

Cinco años de lucha 

Esta decisión histórica nació en las calles, de la mano del Movimiento Estatal Regularización Ya. En concreto, cogió fuerza durante la pandemia, cuando el confinamiento dejó ver las costuras del sistema y la exclusión en la que quedaron miles de personas migrantes. ''Mientras todo el mundo tenía sus ERTE, las personas en situación administrativa irregular que estaban siendo explotadas no tenían nada'', recuerda Redwan Baddouh. En el momento de la pandemia, se pidió una regularización al Gobierno de España, ''pero el PSOE no quiso'', explica el activista.

El 19 de febrero de 2022 arrancó una recogida de firmas que en menos de un año consiguió 700.000 apoyos, muchos más de los 500.000 exigidos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La toma en consideración de la iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero la falta de acuerdo político hizo que permaneciera bloqueada durante meses. Por ello, Podemos y el Gobierno han pactado sacar adelante la regularización extraordinaria mediante un reglamento y sin necesidad de que sea aprobada en el Congreso.

Las derechas no han tardado en lanzar bulos sobre esta regularización, asegurando que la medida generará un ''efecto llamada'' y beneficiará a las mafias. Sin embargo, no es así, ya que las personas que lleguen a partir de ahora no cumplirían con uno de los requisitos básicos para acceder a la regularización: haber llegado al país antes del 31 de diciembre. ''Regularizar es precisamente la forma más eficaz de acabar con un negocio que se alimenta de la irregularidad'', destaca el departamento de la ministra Elma Saiz.

Tampoco se trata de una medida para arañar votos, ya que aunque estén regularizadas, las personas no pueden votar sin la nacionalidad española, salvo en las elecciones municipales en las que haya un acuerdo con su país de origen. ''Son bulos, pero ojalá fuera así, no hay que justificarlo. Migrar es un derecho. Esta medida es un éxito, pero la lucha no acaba aquí, seguiremos trabajando por los derechos de las personas'', concluye Baddouh.