Un centro de menores migrantes de Canarias denuncia a la directora de Infancia: ''Los hacinan para presionar al Estado''

El director de un centro de acogida de Gran Canaria asegura que ha denunciado a la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno regional, Sandra Rodríguez, por el trato a los menores migrantes. Adrián Díaz, responsable del recurso Fincaventura, ha publicado en su cuenta de X que ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y ha solicitado públicamente el cese inmediato de Rodríguez, exigiendo que asuma el cargo “alguien que represente férreamente los valores y principios que exige tutelar a tantísimos menores vulnerables”.

El centro Fincaventura, gestionado por la Fundación Canaria CepSocial, abrió sus puertas en 2024. “Todo comenzó a complicarse cuando no vamos en la dinámica que ellos pretenden, cuando no pasamos por el aro”, dice Díaz en declaraciones a Canarias Ahora. Aunque su centro tiene capacidad para 60 personas, afirma que están ocupadas 43. “Tenemos 17 plazas libres”, insiste el director. 

“¿Por qué se hacinan macrocentros con todo el dolo? Lo que interesa es vender que los chicos están hacinados para presionar al Estado y que se los lleven cuanto antes”, sostiene. Díaz añade que “cuanto más hacinados estén, peor atendidos estarán y menos arraigo crearán, así es más fácil que se vayan”. “Están fomentando estos traslados y les da igual de qué forma, lo que quieren es que se vayan y punto”, concluye.

En su denuncia pública, Díaz pide que se reorganicen los dispositivos para evitar el hacinamiento y que se ocupen las plazas disponibles en otros centros, tal y como adelantó Canarias 7. También solicita que se efectúen en Fincaventura los ingresos “cancelados discrecionalmente por la denunciada y contra el criterio del equipo técnico” de la Dirección General. 

Sobre las derivaciones de los menores a la Península, Díaz afirma que cuando un menor va a ser propuesto para reubicación en otra comunidad autónoma, “no le firman los contratos de trabajo para que no puedan alegar que están trabajando” y así quedarse en Canarias. “Hemos construido con ellos un arraigo social, cultural, formativo, laboral… Les dicen que pueden continuar en la Península, pero todo el trabajo previo se va por la borda”, sostiene.

El director sí pone en valor el trabajo de los técnicos de la Dirección General: “Ellos sí están a la altura de aquellos que protegen”. Asimismo, Díaz pide que sus declaraciones públicas “no supongan un motivo más para que la directora general actúe” en su contra.

La versión de la Dirección General

Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han respondido a este periódico que no tienen constancia de la denuncia. Sin embargo, la directora general de Protección a la Infancia ha señalado ante los medios de comunicación que las declaraciones del director de Fincaventura ''demuestran que no conoce la realidad que ha vivido y que está viviendo Canarias''.

''Un criterio objetivo o técnico no es del interés de una entidad, de ninguna de las once con las que trabajamos, hasta el punto que las entidades saben que, de no producirse un repunte, la intención de esta Dirección General es reducir al máximo la ocupación de los centros. No más allá de 30 plazas para poder atender a todos y cada uno de los menores'', ha insistido.

Rodríguez ha indicado además que se han cerrado cinco centros y que se prevé cerrar un sexto ''en la medida en que se van produciendo los traslados de los menores por protección internacional o por contingencia''. Estas derivaciones pueden darse por dos vías. La primera, a través de la reforma de la Ley de Extranjería, que establece el traslado obligatorio de los jóvenes a diferentes comunidades autónomas desde territorios declarados en situación de contingencia, es decir, cuyos recursos tripliquen su capacidad. Es el caso de Canarias, según las cifras oficiales, que indican que el Archipiélago tutela a más de 4.000 jóvenes sin referentes familiares.

La segunda vía atiende a una orden del Tribunal Supremo, que a raíz de una petición del Gobierno regional, ha exigido al Estado que se haga cargo en sus recursos de los menores solicitantes de protección internacional. El traslado a otras autonomías de menores que ya estaban integrados en las islas ha empujado a varias familias y vecinos a movilizarse. En noviembre, la asociación social y cultural Ak wanak, de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), pidió que se tuviera en cuenta la voluntad de los menores a la hora de decidir sobre su futuro, y que quienes tuvieran arraigo pudieran quedarse en la isla sin tener que renunciar al derecho al asilo.

Estos casos han dado lugar a una iniciativa ciudadana para denunciar “la situación extremadamente grave” que viven los menores con protección internacional. “El traslado forzoso de estos menores al Canarias 50 está vulnerando sus derechos fundamentales, afectando su bienestar, rompiendo su arraigo y exponiéndolos a condiciones indignas”, señalan desde la iniciativa, que también ha impulsado una recogida de firmas a través de Change.org.