Casi cien menores migrantes han renunciado a la protección internacional para no salir de Canarias

Casi un centenar de menores no acompañados ha renunciado a su derecho a recibir protección internacional para no salir de Canarias. En los últimos meses, el Ejecutivo regional y el Estado han avanzado en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo que, a petición de Canarias, solicitó al Gobierno central que se hiciera cargo de los menores refugiados en sus centros y así aliviar el hacinamiento de los recursos de las islas, donde estaban siendo acogidos estos jóvenes. El Gobierno autonómico ha asegurado que 99 jóvenes han puesto fin a este trámite para poder quedarse en sus centros de acogida.

Para dar cumplimiento al requerimiento del Supremo, el Gobierno de España habilitó en Gran Canaria espacios provisionales donde evaluar a cada uno de los solicitantes de asilo y reubicarlos después en centros del Sistema Nacional de Protección Internacional. Hasta el momento, tal y como informó este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, 408 niños, niñas y adolescentes han sido derivados a recursos de la Península abiertos para este fin. Además, en los recursos instalados en el Archipiélago y gestionados por el Estado hay un total de 167 jóvenes refugiados.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció este 13 de enero que esta misma semana se ejecutará el traslado de otros 28 menores solicitantes de protección internacional a varios centros, uno de ellos de nueva apertura. 

El traslado a otras comunidades de menores que ya estaban integrados en las islas empujó a varias familias y vecinos a movilizarse. En noviembre, la asociación social y cultural Ak wanak, de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), pidió que se tuviera en cuenta la voluntad de los menores a la hora de decidir sobre su futuro, y que quienes tuvieran arraigo pudieran quedarse en la isla sin tener que renunciar al derecho al asilo.

Familias de Arucas también exigieron que los menores pudieran esperar en sus centros de acogida por la entrevista que evalúa el interés de cada uno de ellos, en lugar de hacerlo en los módulos del Canarias 50. “Los han sacado de su casa, de su lugar seguro. Los han separado de sus educadores y de sus compañeros. Su día a día, sus clases… se los han roto”, dijeron a esta redacción. 

Estos casos han dado lugar a una iniciativa ciudadana para denunciar “la situación extremadamente grave” que viven los menores con protección internacional. “El traslado forzoso de estos menores al Canarias 50 está vulnerando sus derechos fundamentales, afectando su bienestar, rompiendo su arraigo y exponiéndolos a condiciones indignas”, señalan desde la iniciativa, que también ha impulsado una recogida de firmas a través de Change.org. 

“Aquí están las personas que quieren y que les quieren. Someterlos a una nueva migración supone un desarraigo doblemente traumático, porque estos menores ya han vivido un proceso migratorio extremadamente duro y han conseguido, con esfuerzo, reconstruir su vida en Canarias”, exponen las familias. “Forzarlos ahora a dejar su entorno implica romper nuevamente sus vínculos afectivos, destruir su estabilidad emocional, interrumpir su escolarización, cortar sus lazos comunitarios y arrebatarles el único espacio en el que han logrado sentirse seguros”, añaden.

La petición, que reúne hasta ahora casi 800 firmas, pide la paralización de todas las derivaciones de menores migrantes al Canarias 50, el retorno de los menores ya trasladados a sus hogares y centros, respetar el arraigo de quienes no quieren irse a la Península y que se encuentren soluciones respetuosas con los derechos de los menores.

198 traslados por la Ley de Extranjería 

En paralelo, siguen avanzando las derivaciones de menores no acompañados por la vía del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta reforma legal, aprobada en marzo de 2025, obliga a reubicar en otras comunidades autónomas a los jóvenes acogidos en territorios declarados en situación de contingencia migratoria, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. De acuerdo con esta modificación de la Ley, antes de marzo tendrían que salir de las islas unos 1.700 jóvenes. Hasta ahora han salido de Canarias por esta vía 198 menores: 92 que ya estaban en el Archipiélago cuando se declaró la contingencia y 106 recién llegados.

Ángel Víctor Torres ha explicado que la Ley da un plazo de cuatro meses para culminar el proceso desde que las comunidades autónomas en contingencia remiten al Gobierno central los expedientes de los menores. “Para cumplir con el plazo de un año y tener a todos esos niños reubicados en marzo de 2026, las comunidades autónomas tendrían que haber remitido la totalidad de los expedientes el pasado mes de noviembre. En el caso de Canarias, el territorio con más niños, solo nos han llegado hasta el momento 536 expedientes”, ha afirmado el ministro.

Torres ha destacado que gracias a la modificación de la Ley de Extranjería, en siete meses “se ha logrado reubicar a más menores que en muchos años juntos, cuando no había una ley específica y cuando la solidaridad voluntaria entre los territorios no daba resultado”. Para él, esta Ley ha sido un “hito” que se está desarrollando con éxito a pesar de las “continuas trabas” que ha puesto la oposición.

La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, ha respondido que de los más de 500 expedientes enviados a la Subdelegación del Gobierno se han producido 269 resoluciones definitivas. “Nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún casi tiene 300 por resolver, aunque nosotros seguimos enviando expedientes a diario”, asegura.