Román Rodríguez (NC) invita al Gobierno canario a presentar el 'decreto Clavijo' en el Congreso para comprobar sus apoyos
Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), ha invitado a CC y PP a presentar el ‘decreto Clavijo’ como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y comprobar los apoyos de los que disponen. Rodríguez considera, asimismo, que el texto aprobado en el Parlamento canario por los grupos que apoyan al Ejecutivo “mezcla asuntos que debe resolver Canarias dentro de su marco competencial y otros que corresponden al Estado”. Y que “no se buscan soluciones, sino la confrontación con el Gobierno central por intereses partidistas y electorales”.
Rodríguez apoya una formulación que posibilite suplir los compromisos presupuestarios imprescindibles para Canarias ante la ausencia de presupuestos estatales, así como para cubrir aspectos incluidos en el acuerdo para la investidura de Sánchez entre CC y PSOE. Recordando que Nueva Canarias “ha estado con el Gobierno en diferentes asuntos que afectan a las Islas”, desde los migratorios a la financiación autonómica, pasando por la defensa de los intereses canarios en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea.
“Lo seguirá estando en la defensa de nuestra comunidad en España y en Europa. Pero no aceptamos que se use al Parlamento canario para, desde la búsqueda de una artificial bronca con el Estado y sin asunción de las propias responsabilidades, iniciar su campaña electoral para 2027”, asegura. Indica que el decreto hace un totum revolutum que “mezcla competencias estatales con otras que dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias. Derivando todas las soluciones a nuestros problemas al Estado, como si el autogobierno no existiera”.
Urgentes y vitales, pero menos
Además, en su opinión, incluye peticiones “difíciles de justificar como urgentes y vitales para Canarias”, como proponer que sea el presidente Clavijo quien nombre la dirección de la Radio Televisión Española en Canarias, “cuando, por algo será, esta goza de excelentes audiencias en las Islas”, dice Rodríguez, o al delegado de la Agencia EFE en el Archipiélago. “Solo se entiende como un intento de control del total de los medios públicos, tras el asalto que Coalición Canaria ha hecho para intentar convertir la Radio Televisión Canaria en un ente al servicio de su Gobierno”.
Para el responsable de Programas de NC-BC, el ’decreto Clavijo’, apoyado por el PP, “pretende abrir un nuevo frente de lucha contra el Gobierno de Sánchez que desvíe la atención de lo verdaderamente urgente”: el acceso a la vivienda; las dificultades de muchas familias canarias para llegar a fin de mes; las personas dependientes que no disfrutan los servicios a los que tienen derecho; las y los trabajadores con los salarios más bajos del estado; unos altísimos niveles de pobreza y de desigualdad social; un sector primario asfixiado por los costes; el creciente deterioro de los servicios públicos fundamentales, y un modelo económico sustentado en el turismo que no redistribuye la riqueza generada, pero si descarga sobre la población las “externalidades negativas” que provoca.
NC planteó 41 propuestas estructuradas y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Entre ellas, la supresión de la bonificación del 99,9% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 1,2 millones de euros, aprobada por Clavijo en julio de 2023, y que supondrá dejar de ingresar 180 millones de euros en la legislatura. También el restablecimiento de la deducción en el IRPF por el incremento de precios para rentas inferiores a 30.000 euros. La implantación de una tasa turística, exenta para residentes, con una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.
Así como implantar una moratoria para nuevas camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación para alcanzar el 5% del PIB, un incremento de 30 millones de euros en financiación universitaria y la recuperación de 25 millones recortados en I+D+i. Una nueva ley canaria de vivienda con derecho subjetivo exigible y un Plan Canario de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías. O medidas de apoyo al sector primario, entre otras recuperar en este año 2026 al menos los 12 millones de euros menos que tiene la Consejería de Agricultura en sus presupuestos respecto a los que tenía en el 2023 con el Gobierno del Pacto de Progreso.
Rodríguez señala que se trata “de un conjunto de medidas realistas, urgentes e imprescindibles que pueden y deben hacerse desde Canarias y su Gobierno; y que impactan en la mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias, en el apoyo a los sectores económicos, en los servicios públicos y en el avance hacia un modelo más sostenible que contribuya a un mejor reparto de la riqueza en las islas y a combatir los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda, la pobreza y la exclusión social. Añadiendo, por supuesto, aquellos compromisos que debe asumir el Gobierno central, pero no olvidando nunca los propios”.
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