La trampa de la ucronía

En abril se cumplirán dos años de una de las jornadas de movilización más amplias que ha vivido el archipiélago en décadas bajo el lema común “Canarias tiene un límite”. Dos años es tiempo suficiente para que el debate que aquella jornada abrió haya sido ya metabolizado, clasificado y devuelto a su sitio por el discurso dominante. Tiempo suficiente, también, para intentar entender por qué eso ocurre siempre. Por qué cada vez que una movilización de esa envergadura irrumpe en el espacio público, el poder encuentra la manera de reducirla, de quitarle filo, de convertirla en algo manejable. Y por qué quienes la protagonizaron terminan teniendo que defender no solo sus propuestas, sino su derecho a tenerlas. 

El 20 de abril de 2024, decenas de miles de personas salieron a la calle en las ocho islas al mismo tiempo. Era una imagen poco habitual. Familias con niños junto a activistas experimentados, trabajadores del sector servicios junto a ecologistas, jóvenes que no encontraban dónde vivir junto a personas mayores que recordaban un archipiélago distinto. Las pancartas mezclaban consignas sobre la vivienda, el agua, el territorio, el turismo, la identidad. No era un movimiento uniforme ni pretendía serlo. Era algo más interesante, una confluencia de voces que, desde lugares distintos, estaban diciendo lo mismo, que el modelo, en mayúsculas, no funciona. Que tiene que haber otra manera. 

La respuesta del poder fue predecible en su forma, aunque reveladora en su fondo. Antes incluso de que las manifestaciones terminaran, ya estaba en marcha el mecanismo habitual de reducir toda esa diversidad a nostalgia, tachar a quienes protestaban de románticos, de enemigos del empleo, de gente que quiere volver a un pasado que nunca existió. Es una operación que se repite con una regularidad que debería llamar la atención. Para entender por qué funciona hay que hacerse una pregunta incómoda. 

Hace aproximadamente sesenta años, Canarias tomó —o más bien, le fue tomada— una decisión que marcaría todo lo que vino después. El turismo de masas, la construcción acelerada, la urbanización del litoral, la dependencia de un monocultivo económico que necesitaba sol, playa y suelo barato para funcionar. No fue un accidente ni una fuerza de la naturaleza, sino una apuesta política y económica concreta. La dictadura franquista y su necesidad de divisas, los intereses de grandes grupos de capital peninsular e internacional, la complicidad de élites locales que encontraron en ese modelo su propia oportunidad de acumulación. Ese proceso tuvo ganadores y los ganadores, como suele ocurrir, construyeron no solo infraestructuras sino también sentido común. La idea de que Canarias es eso, un destino turístico, una economía de servicios, un archipiélago cuya vocación natural es recibir visitantes del norte de Europa. Tan profundamente se instaló esa idea que hoy, cuando alguien la cuestiona, parece que está cuestionando algo más que un modelo económico. Parece que está cuestionando la realidad misma. 

El filósofo Mark Fisher llamó a esto “realismo capitalista”, la sensación de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El sistema se vuelve sinónimo de lo real. En Canarias ese mecanismo opera con una dimensión territorial muy concreta, entendiendo que el desarrollismo no solo construyó hoteles y autopistas sino el horizonte de lo posible, distribuyendo roles en el debate público. A él le correspondía el futuro. A sus críticos, el pasado. El profesor Roberto Gil Hernández ha descrito este mismo mecanismo con su concepto de antagonismo denegado. La hegemonía que habla en nombre del Archipiélago necesita presentar el territorio como un espacio sin conflicto real, donde los récords turísticos y la pobreza de la mitad de su población conviven sin disonancia aparente. Para que eso sea posible, cualquier voz que señale la contradicción debe ser neutralizada, devuelta a un lugar seguro. El de la nostalgia, por ejemplo. 

Cuando una plataforma ciudadana se opone a un nuevo complejo turístico, cuando un colectivo denuncia la expulsión de residentes por la presión del alquiler vacacional, cuando una voz propone repensar la dependencia de un solo sector económico, su argumento casi siempre tiene que pasar por el filtro de demostrar que antes estaba mejor, que lo que se va a perder tiene un valor que el progreso no compensa, que la historia avala la protección. El bloque desarrollista, en cambio, no necesita justificarse históricamente. Habla en nombre del empleo, de la inversión, del crecimiento, del futuro, sin tener que demostrar que el pasado lo avala porque ha logrado que el presente le pertenezca. Una posición es reactiva por definición. La otra se presenta siempre como inevitable. 

Este mecanismo tiene un nombre. Ucronía, del griego ou-chronos, “tiempo que no fue”, es el punto de bifurcación donde la historia pudo haber tomado otro camino y no lo tomó. Como herramienta crítica nos recuerda que cada presente es el resultado de decisiones tomadas por actores concretos con intereses concretos, que no había nada inevitable en cómo resultaron ser las cosas. Pero en el debate canario la ucronía ha dejado de ser una herramienta libre para convertirse en la posición que se le asigna a cualquier voz disidente. Los colectivos ecologistas, los movimientos por la vivienda, quienes proponen una diversificación económica real, todos acaban siendo empujados al mismo lugar, a la misma pregunta, al contrafactual, al ¿y si las cosas se hubieran hecho de otra manera? Como si esa fuera la única legitimidad que se les reconoce, y como si imaginar un futuro diferente solo fuera válido cuando se demuestra primero que el pasado lo avala. 

Esta asimetría no es nueva ni exclusiva del debate canario. El mismo patrón aparece en otros archipiélagos poscoloniales como Hawaii, Malta o Chipre, territorios donde el modelo turístico o extractivo también logró presentarse como destino natural y no como elección política. 

El malogrado antropólogo Fernando Estévez González llevaba décadas señalando que el desprecio por la nostalgia popular esconde siempre una operación de poder, que asigna qué memorias son legítimas y cuáles son mero sentimentalismo. Que no podemos ser anti nostálgicos, sino anti-anti-nostálgicos. El problema no es la nostalgia en sí, sino quién tiene el privilegio de ejercerla y quién queda reducido a ella, quién puede invocar el pasado como argumento de autoridad y quién es acusado de vivir en él. 

Porque hay una diferencia fundamental entre usar la memoria como herramienta de análisis y quedar atrapado en ella como condición de entrada al debate. Los barrancos sellados, los ecosistemas arrasados, las comunidades locales desplazadas, el agua esquilmada, el suelo impermeabilizado, todo eso ocurrió y tiene nombre y fecha. Recordarlo no es nostalgia, es diagnóstico. Pero si las alternativas al modelo solo pueden hablar desde el “¿y si se hubieran hecho las cosas de otra manera?”, nunca podrán hablar desde el “esto es lo que proponemos para mañana” en igualdad de condiciones. Quedarán siempre en el territorio de la ucronía, del tiempo que no fue, mientras el desarrollismo se reserva el derecho exclusivo de imaginar el tiempo que vendrá. 

Lo que ocurrió el 20 de abril no fue nostalgia. Fue una propuesta de futuro, diversa, plural, todavía en construcción, pero propuesta al fin. Quienes salieron a la calle no estaban pidiendo volver a ningún sitio sino exigiendo el derecho a imaginar hacia adelante, a pensar qué tipo de islas quieren habitar, qué economía las hace sostenibles, qué relación con el territorio es posible y deseable. Reducir todo eso al lamento por lo que se perdió es una operación política, no un juicio neutral. Es la manera en que el marco dominante se protege a sí mismo, convirtiendo cualquier alternativa en nostalgia, cualquier crítica en romanticismo, cualquier propuesta en ucronía. 

Dos años después del 20A, la pregunta no es si aquel movimiento tuvo razón. La pregunta es si va a conseguir el derecho a seguir teniendo voz en los términos que él mismo se plantea, y no en los que le impone quien lleva décadas controlando el relato. El reto es negarse a habitar ese lugar que se les ha asignado, usar la memoria como herramienta y no como jaula, y exigir el derecho a imaginar Canarias hacia adelante sin tener que pagar ese peaje cada vez. Porque el futuro no debería ser propiedad de quienes construyeron el presente. Especialmente cuando construirlo les costó tan poco, y nos ha costado tanto a todos los demás.