La regularización de migrantes acerca a Gobierno y Podemos a las puertas de los Presupuestos

Pedro Sánchez intenta la cuadratura del círculo con unos socios parlamentarios que en los últimos meses se han distanciado del Gobierno, cuando no roto directamente, como Junts. Tras el acercamiento con PNV, mediante el acuerdo para el traspaso de competencias, y ERC, a quien concedió un nuevo sistema de financiación autonómica que tiene en pie de guerra a las comunidades —excepto a Catalunya—, el Gobierno ha atraído a Podemos con una regularización extraordinaria de migrantes. Esa era una de las exigencias de los de Ione Belarra cuando se abordó el traspaso de competencias en materia de migración a Catalunya. 

En aquel momento, el ‘no’ de Podemos tumbó el compromiso del Gobierno con Junts para ceder a la Generalitat la gestión de las competencias sobre inmigración. En Moncloa pidieron entonces a los de Belarra y Puigdemont que cedieran en sus posiciones para que la geometría variable diera sus frutos. Ahora, cuatro meses después, el Gobierno da un paso definitivo para esa regularización, que no necesitará la aprobación del Congreso, mientras trata de avanzar en los compromisos pendientes con Puigdemont que provocaron la ruptura el pasado mes de octubre.

Podemos cargó en su día contra la ley de Junts porque consideraban que tenía un componente racista que no podían obviar, pero ya en la defensa que hicieron en el Congreso de su posición hablaron de la regularización como primer requisito para seguir dialogando sobre competencias, algo que volvió a repetir Belarra este lunes. “El día que se dice que va a haber una delegación de competencias racista, Podemos le para los pies, se planta y dice que no. Dijimos que lo primero tenía que pasar es: derechos para la gente migrante y después hablamos de competencias, pero primero, derechos para la gente racializada”, deslizó Belarra en el acto en el partido anunció el acuerdo sobre regularización.

La medida supone un revulsivo en materia de inmigración en un momento en el que la extrema derecha ha doblado su ofensiva contra los extranjeros tanto en España con Vox como a nivel internacional. El anuncio se produce apenas unos días después de un nuevo asesinato de la policía antiinmigración de Donald Trump en Minneapolis. La noticia de la regularización ha sido celebrada por toda la izquierda, que llevaba persiguiendo algo así desde hace años, y también por los movimientos sociales que impulsaron la iniciativa legislativa popular tras reunir más de medio millón de firmas.

El Gobierno, en paralelo, está trabajando en la publicación de las balanzas fiscales y en la oficialidad del catalán en la UE, que son otras dos de las grandes exigencias de Puigdemont. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la semana pasada hubo una reunión “importante” para convencer a uno de los países recelosos (Alemania) hacia esa medida, que requiere de la unanimidad de los 27 y acusó al PP de torpedearla: “Cada vez que nos vamos acercando al objetivo, lo único que conseguimos es que el Partido Popular se active y empiece a llamar a sus socios europeos con auténticas patrañas”.

Lo que no está claro es hasta dónde llegará el acercamiento de Podemos al Gobierno tras el anuncio de la regularización de migrantes, que se produce a las puertas de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente los Presupuestos Generales del Estado. Además de asumir la complejidad de lograr el encaje de bolillos para las cuentas públicas, en Moncloa reconocen, en todo caso, la dificultad incluso de sacar adelante los dos decretos que el Congreso vota este martes: el del escudo social –que incluye la subida de las pensiones– y el de la tarifa plana de transporte.

Junts y PP mantienen el 'no' a la subida de las pensiones

“En nuestra geometría variable es complicado, no hay quorum”, expresaban este lunes por la mañana fuentes gubernamentales, que se referían a la complicación de encajar los intereses de los socios de izquierdas, especialmente Podemos, y los de derechas, PNV y Junts. 

El Gobierno contiene de nuevo el aliento porque no tiene amarrados los apoyos necesarios dado que Junts mantiene la pretensión de votar en contra, al igual que el PP, a la subida de las pensiones. Y deja en el aire el sentido del voto en el decreto con el que el Gobierno busca crear un abono único de transportes.

“La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver”, afirmó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que consideró que se trata de un “chantaje político”. El grupo presentó una proposición de ley para establecer de manera automática la revalorización de las pensiones conforme al IPC. También Alberto Núñez Feijóo ha exigido un decreto aparte con la revalorización de las pensiones.

Ambos grupos quieren separar la subida de las pensiones de otros asuntos que también van en el decreto aprobado por el Gobierno, como la ampliación del bono energético y, sobre todo, la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026, que la derecha rechaza como parte de su agenda discursiva contra la okupación.

“Con todos los respetos, no se trata de ningún chantaje”, respondió la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a las acusaciones de Junts, que al igual que el PP reprocha al Gobierno que haya introducido en el decreto del escudo social la subida del 2,7% de las pensiones, que asciende hasta el 11,4% en el caso de las mínimas.

¿Solución? Un nuevo decreto para las pensiones

En el Gobierno se remiten a lo que ocurrió el pasado año, cuando el Congreso tumbó el decreto que incluía la revalorización de las pensiones, y se vio obligado a aprobar uno nuevo para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo una vez que ya había entrado en vigor el decreto ley, que tiene que ser convalidado en el Parlamento en un plazo de 30 días. Lo mismo sucedería en esta ocasión.

“Se trata de un real decreto que incorpora diferentes medidas que abarcan lo social, las pensiones, proteger a personas que sean desahuciadas con complementos económicos para propietarios y en unas circunstancias muy específicas, y evidentemente, también tiene entregas a cuenta a ayuntamientos y comunidades autónomas. Es importante que salga adelante. Veremos mañana [por el martes] la votación. Ya conocen cómo funciona. Estaremos pendientes de las negociaciones hasta el último minuto”, agregó la portavoz socialista.

En Moncloa creen que el decreto de la tarifa plana para los transportes (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) saldrá adelante. “Todo el mundo está de acuerdo”, señalan las fuentes consultadas. El principal problema está en el macrodecreto del escudo social. No obstante, la portavoz socialista lanzó un guiño a los socios independentistas, como ERC, que ha elevado el tono por el caos en Rodalies y ha exigido responsabilidades en Adif. El Gobierno cesó en la tarde del lunes al jefe de Rodalies y al director de Operaciones de Adif por la crisis ferroviaria en Catalunya

“Puedo llegar a entender la situación que se está viviendo en Rodalies, sobre todo los usuarios, que son muchos. Empatizamos con ellos, estamos buscando las soluciones, se están dando las respuestas a momentos muy complicados. A pesar de que llevamos incrementando la inversión, y sé que no es un consuelo, es verdad que se tienen que revertir muchos años de abandono histórico”, dijo Mínguez.

Sin embargo, arremetió contra Feijóo por su intención de votar en contra del decreto. “Los pensionistas no cuentan con el PP para nada. Da igual lo que haya pasado en este país, siempre va a haber una excusa, ya la hubo el año pasado. Cuando los votos del PP son necesarios para que suban las pensiones, el PP no está”, afirmó.