¿Y ahora qué? El Gobierno puede aprobar un nuevo decreto con la subida de las pensiones para que salga adelante

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha tumbado este martes el decreto que, entre otras medidas, recogía la subida de las pensiones. Las tres derechas han votado en contra de la medida entre críticas al Ejecutivo por mezclar varios temas en un mismo paquete, entre otras la ampliación del bono energético y la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026. Precisamente este último es un punto que rechazan tanto la derecha catalana como las españolas.

Tanto Junts como el PP de Alberto Núñez Feijóo han insistido en separar la subida de las pensiones de otros asuntos que también van en el decreto aprobado por el Gobierno. Y el Ejecutivo se verá obligado a precisamente eso para sacar adelante la revalorización: aprobar un nuevo texto específico para que los pensionistas no vean en ningún momento revertida la subida que automáticamente ha decaído con el rechazo al decreto social, este martes, en el Congreso.

El Ministerio de Seguridad Social ha mandado un “mensaje de tranquilidad a los pensionistas” y ha dicho que el Gobierno “trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos” y cumplir su “compromiso inquebrantable” para que se revaloricen las pensiones “a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios”.

“Estos grupos tendrán que explicar por qué han decidido no apoyar la revalorización y dejar en vilo a casi 10 millones de personas”, añaden fuentes del Ministerio.

¿Qué pasa con las pensiones de febrero?

El escenario que se abre ahora es de un vacío legal en numerosos aspectos. Las pensiones de enero ya se abonaron, por lo que su revalorización no está en duda. ¿Pero qué pasa con las de febrero? Legalmente, ahí no se les aplicaría la subida del 2,7% aprobada a finales del año pasado, ya que estaría derogada. Tampoco estará en vigor la extensión de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 o el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el recargo sobre las nóminas para llenar la hucha de las pensiones.

El año pasado, en Moncloa se remangaron y pocos días después cerraron un acuerdo con Junts en el que recuperaron gran parte del ómnibus que había decaído pocos días antes. Si el Congreso rechazó la norma un miércoles, el martes siguiente el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto-Ley que eliminó cualquier atisbo de duda.

El Real Decreto-Ley es una norma que elabora el Gobierno y que entra en vigor en el momento de su publicación. Pero tiene que ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación y está pensada para situaciones de extraordinaria urgencia.