Diez altos cargos de la Generalitat cobran sobresueldos por dar clases sin que el Gobierno valenciano detalle cuánto perciben

“En esta declaración hacen constar que los importes percibidos en concepto de docencia se hallan dentro de los márgenes previstos en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos”.

Así reza parte de la respuesta parlamentaria facilitada por la consellera valenciana de Justicia, Nuria Martínez, a los diputados socialistas, José Antonio Díaz y Antoni Gaspar, quienes preguntaron por los altos cargos con compatibilidad aprobada para dar clases universitarias o preparatorias de oposiciones a la propia administración y la cuantía que perciben, con el objetivo de comprobar que no cobran más del 30% de su sueldo, límite establecido por la normativa autonómica.

Sin embargo, de la respuesta se deduce que todos los altos cargos, cuya relación se adjunta en la respuesta, tan solo están obligados a firmar una declaración responsable por la que se comprometen a no superar ese límite legal: “En el caso de que los altos cargos declaren que compatibilizan el ejercicio del cargo con la docencia, cada uno suscribe una declaración mediante un check, sin el cual no es posible presentar la declaración de actividades del mandato”, dice la respuesta.

En cuanto al listado de altos cargos, a fecha 13 de julio de 2026, eran once los que disponían de compatibilidad para ejercer como docentes, si bien es cierto que uno de ellos, Carlos Lirio, cesó a petición propia como subsecretario de la Vicepresidencia Primera que encabeza Susana Camarero.

Así, las diez compatibilidades vigentes corresponden a seis directores generales, tres secretarios autonómicos y un subsecretario con sueldos brutos anuales que van de los 68.000 a 96.000 euros, incluyendo trienios. La mayoría de ellos dan clases en diversas universidades y dos, la Directora General de la Abogacía General, Inés Sánchez, y el Director General de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc Sánchez, preparan oposiciones.

De los diez altos cargos, el que más cobra es el Subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Joaquín Alfonso, con 96.446 euros brutos anuales, 8.479 de ellos en trienios. Suponiendo que alcanzara el límite legal del 30% por su labor docente en la Universidad Católica, percibiría 28.939 euros adicionales.

Por otra parte, llama la atención que la fecha de la declaración de ausencia de incompatibilidades de la mayoría de ellos es desde finales de enero en adelante, salvo un caso del 31 de diciembre. Precisamente después de publicar elDiario.es el pasado 15 de enero que la directora de la Abogacía, Inés Sánchez, cobraba un sobresueldo como preparadora de oposiciones para diferentes ámbitos, entre ellos al propio cuerpo de abogados de la administración autonómica. La propia Sánchez presenta su declaración de compatibilidad el 4 de febrero. En marzo de 2024 el PSPV también preguntó por los altos cargos autorizados para impartir docencia y en aquel momento tan solo había cuatro registrados que no coinciden con los actuales.

Críticas del PSPV

El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell sigue sin acreditar una fiscalización efectiva de los ingresos por docencia de diez altos cargos de la Generalitat, tres años después de aprobar estas compatibilidades. El portavoz de Economía de los socialistas en las Corts Valencianes, José Díaz, ha acusado a PP y Vox de “proteger esos ingresos de cualquier intento de transparencia” al rechazar sistemáticamente las enmiendas socialistas para limitar estas actividades y conocer sus retribuciones.

“Nada más llegar, en 2023, se subieron el sueldo y cambiaron la ley para poder ingresar hasta un 30 % adicional dando clases. Estamos en 2026 y seguimos sin saber cuánto cobran por ellas. Para mejorar sus retribuciones no perdieron un minuto. Para explicarlas llevan tres años encontrando excusas”, ha señalado.

El portavoz socialista ha criticado que, ante la petición de información del PSPV, el Consell se remita a las retribuciones públicas y a una declaración de los propios altos cargos asegurando que cumplen el límite legal, sin detallar los importes percibidos por docencia.

“Preguntamos cuánto cobran y nos responden que ellos dicen que cumplen. Un sistema comodísimo: el interesado cobra y la Administración se queda con su palabra. Con ese criterio, la oficina de control podría limitarse a poner un sello de ‘me lo ha dicho él’”, ha ironizado.

Díaz ha exigido conocer qué actividades desarrollan, cuánto tiempo les dedican y qué ingresos obtienen: “Cobran un sueldo público por asumir responsabilidades. Pedir que se comprueben sus actividades e ingresos adicionales debería ser lo normal. En este Consell parece una impertinencia”.

El PSPV presentó enmiendas para excluir a los consellers de estas compatibilidades, limitar la docencia al ámbito universitario y restringir horarios, horas e ingresos. También reclamó un informe anual de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses con los importes brutos percibidos. PP y Vox rechazaron todas las propuestas.

“Han podido establecer controles y han votado en contra. Han podido garantizar que se conozcan las cifras y también han votado en contra. Luego pedirán confianza. La confianza no sustituye a las facturas ni a las comprobaciones”, ha advertido.