El Puerto de Valencia reconoce que su secretario general, abogado de la Generalitat, cobra como preparador de oposiciones a su especialidad

Impartir cursos remunerados a aspirantes a entrar por oposición a las abogacías del Estado y de la Generalitat Valenciana siendo abogado de la propia Generalitat con plaza y formando parte de una entidad pública.

Esta es la situación en la que se encuentra el secretario general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Jorge Herrero, en cuyo currículum colgado en el portal de transparencia de la APV queda acreditado que accedió en 2007 por oposición libre al cuerpo de abogados de la Generalitat Valenciana, donde ejerció hasta 2008 en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de 2008 a 2016 al frente de la dirección de los servicios contenciosos. Posteriormente, hasta el año 2022, estuvo como abogado coordinador de las áreas Civil, Penal y Social en el Tribunal de Cuentas y posteriormente, hasta enero de 2024, volvió a dirigir los servicios contenciosos de la Generalitat. En enero de 2024 fue nombrado secretario general de la APV por la actual presidenta, Mar Chao.

En su currículum también figura como ponente-profesor en el Instituto Valenciano de Administración Pública y además reconoce que ha ejercido como preparador de oposiciones al cuerpo de abogados del Estado y de la Generalitat pero con un horizonte temporal de 2001, año en el que se licencia como abogado por la Universitat de València, a 2007. Sin embargo, según la información recabada por elDiario.es, recientemente ha mantenido esta actividad como preparador.

Así han venido a reconocerlo desde la APV a preguntas de esta redacción para confirmar este extremo por el que las fuentes consultadas afirman que Herrero cobraría del orden de 200 a 300 euros al mes por aspirante a las oposiciones. También se ha trasladado si dispone de compatibilidad para ejercer como secretario general de un ente público y como preparador de oposiciones, algunas de ellas a la Abogacía de la Generalitat, cuerpo al que pertenece.

A todas estas cuestiones, fuentes de la APV, lejos de matizar la información, incluida la cuantía de la remuneración, se han limitado a afirmar: “En este, como en otros casos, no es necesario solicitar la compatibilidad al estar contempladas en la Ley de Incompatibilidades determinadas actividades exceptuadas tales como la administración del patrimonio personal y familiar, la participación en coloquios, seminarios, la impartición de cursos de carácter profesional, la participación en tribunales calificadores para el ingreso a la función pública o la preparación para el ingreso en la función pública”. En concreto, según ha comprobado este diario, es el artículo 19 de la mencionada normativa el que contempla la excepción.

El asunto de las posibles incompatibilidades sí que genero una polémica importante en 2023 cuando saltó a la luz el caso de la exconsejera de la APV Inmaculada Rodríguez-Piñero. Fue precisamante un informe de la Abogacía de la Generalitat de noviembre de 2023, ya con el PP y Vox al frente de la administración Autonómica, el que concluyó ocho años después de su nombramiento como miembro del consejo de administración que este cargo era incompatible con su escaño como eurodiputada. Por este motivo, a instancias de la Abogacía del Estado de la APV, tuvo que devolver 26.400 euros en concepto de dietas por asistencia a las reuniones cobrados de forma indebida.