El Ayuntamiento de València lleva a Fiscalía empradonamientos irregulares en el piso de un diputado del PP

Los empadronamientos irregulares a personas migrantes se han convertido en una actividad menos extraña de lo que parece en la ciudad de València. En apenas seis semanas la Policía Nacional ha detenido a 30 personas por falsificar y vender contratos para empadronamientos irregulares, cobrando entre 300 y 700 euros a personas en situación de vulnerabilidad para poder justificar un domicilio en el padrón; elDiario.es informó de un centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, a raíz de una denuncia interna en el Hospital Clínico, y el propio Ayuntamiento ha trasladado a Fiscalía un tercer caso.

El consistorio denunció ante el Ministerio Fiscal al menos tres empadronamientos irregulares en un domicilio de la ciudad, después de que un particular se personara en las oficinas del Padrón por haber recibido una notificación de un registro en su vivienda. El particular es un diputado del PP en las Corts Valencianes, que recibió un escrito de la oficina censal informándole de un alta en su dirección. El diputado, que prefiere que su nombre no trascienda, es natural de Castellón, pero emplea este piso que tiene desde hace dos décadas como su residencia en la ciudad por trabajo.

Según explica a elDiario.es, a principios de enero recibió el escrito del Ayuntamiento con un alta de una persona que desconocía, de origen indio, que la había solicitado en abril del año anterior solo con su pasaporte. “Fui al Ayuntamiento y lo comuniqué, primero pregunté cómo se podía hacer un empadronamiento y pedí la baja”. En la oficina, le explicaron que se había presentado un contrato de alquiler en el piso, incluso el recibo de haber pagado una mensualidad. “No tengo ningún contrato de arrendamiento. Alguien falsificó el contrato y la firma por la mensualidad”, explica el parlamentario, que apunta que nunca ha tenido el piso en alquiler.

El denunciante solicitó comprobar si se habían empadronado más personas en su domicilio, y el consistorio encontró a otras dos, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, dos empadronamientos de cuatro y ocho meses de duración cada uno. El personal municipal comprobó que los contratos aportados tenían el mismo formato que el denunciado, pero la firma del propietario era diferente en cada uno. Tras la queja, el padrón abrió una investigación para recopilar la información y el Ayuntamiento acordó depositarla en Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito.

Sobre el centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, el consistorio no ha confirmado ninguna actuación. La empresa manifestó que pediría la documentación sobre el padrón a las oficinas municipales.