La causa de la dana desata una guerra en el PP entre alcaldes y cargos del Cecopi

Las hostilidades las inició la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, el pasado 22 de mayo, cuando desveló ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, llamó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (también del PP) para avisarle de que se había desbordado la cabecera del barranco del Poyo. En la siguiente testifical, tres días después, la actual primera edil de Torrent, Amparo Folgado, disparó aún más alto y dijo que avisó del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, específicamente a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (de la que la alcaldesa es diputada provincial) y a Emilio Argüeso, el entonces secretario autonómico de Emergencias que figura actualmente como investigado en la causa.

La jueza instructora ve “especialmente significativa” la información sobre el desbordamiento de Horteta que recibió Mompó en plena reunión del Cecopi por parte de una alcaldesa que estaba sobre el terreno presenciando en primera persona la catástrofe, según afirmó en un auto dictado este pasado viernes. El presidente de la institución provincial, además, mantenía una “comunicación fluida y constante” con la consellera Salomé Pradas en el seno de la reunión, recuerda la magistrada, a quien le resulta “difícilmente sostenible” la tesis de las defensas y del PP de que el Cecopi desconocía el “estado del barranco del Poyo”.

El torpedo en la línea de flotación de las tesis del PP sobre la dana lanzado por las alcaldesas populares apuntala el enfoque de la instructora. Sin embargo, venía precedido por otras embestidas internas inmediatamente anteriores. El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, dejó en evidencia a la Generalitat cuando expuso ante la jueza el pasado 7 de mayo sus exitosas medidas la mañana de la dana, tomadas por iniciativa propia.

En la misma línea, su homóloga de Requena, Rocío Cortés, fue un paso más allá y espetó que si no hubo fallecidos en la localidad fue porque se avisó a la población por parte de las autoridades municipales. Y es que a nadie se le escapa que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra reprocha (al menos indiciariamente) a los dos investigados, ambos del PP, el retraso en el envío de la alerta para avisar a la población, tal como ha repetido hasta la saciedad. Ambos alcaldes aportaron documentación acreditativa de las medidas que tomaron, que este diario reprodujo en su integridad.

El contraataque de Emilio Argüeso vino en un escrito de apenas tres páginas, firmado por Yulia Ivanistova, la abogada que ejerce la defensa del exalto cargo del Consell de Carlos Mazón junto con el letrado José María Bueno Manzanares.

El investigado pide que se practiquen una serie de diligencias, tras las declaraciones de los alcaldes Utiel, Requena y Chiva (no alude a la de Torrent) que “habían manifestado que no recibieron durante los días 28 y 29 de octubre comunicación o aviso alguno procedente del Centro de Coordinación de Emergencias relativo a dichos episodios de riesgo, ni sobre la declaración de las situaciones operativas”.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide a los tres consistorios que “certifiquen expresamente” si recibieron esas comunicaciones de Emergencias (alertas, boletines, correos electrónicos o faxes que constan en el procedimiento) y que indiquen la fecha y hora y la “persona, cargo, departamento, unidad o servicio municipal que recibió el aviso”, además de si fueron registradas “oficialmente”.

También pide que se certifique si los alcaldes en cuestión tuvieron “conocimiento de dicha comunicación y en qué momento”. En definitiva, Argüeso apunta al papel de los munícipes del PP.

La referencia a la primera edil de Chiva resulta muy relevante. Se trata de la localidad que alberga la cabecera del barranco del Poyo y Amparo Fort, la alcaldesa que presenciaba en directo el desbordamiento, telefoneó a Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, a las 18.55, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert, según confirma el acta de cotejo de la llamada registrada en el móvil del participante en la reunión del Cecopi.

A Mompó y Mascarell les toca volver a sentarse ante la jueza

Mascarell, sin embargo, declaró el pasado 2 de marzo ante la jueza y dijo, ante la insistencia de la instructora sobre esa llamada de Amparo Fort que no se acordaba. “No lo recuerdo”, contestó a la magistrada, según indica el acta de su declaración testifical.

La jueza, tras la revelación de la alcaldesa de Chiva, volvió a citar como testigo a Mascarell. También ha vuelto a citar al presidente de la diputación de Valencia, Vicente Mompó, el próximo 30 de junio. Su vicepresidenta, Reme Mazzolari, comparecerá la víspera.

Mompó tampoco se acordaba de que al Cecopi llegara información sobre la rambla del Poyo ni la comarca de l'Horta Sud, a pesar de que la alcaldesa de Torrent le contó en directo que se estaba desbordando uno de los principales barrancos tributarios, el de Horteta. Amparo Folgado aportó a la jueza la documentación que acredita la llamada, dejando en evidencia las serias lagunas de Vicente Mompó y cuestionando de plano su versión de los hechos.

En el calendario de declaraciones establecido por la magistrada para los próximos meses de junio y julio, figuran varios alcaldes, también del PP: la de València, María José Catalá; la de Godelleta, María Amparo Pardo, y la de Carlet, Laura Sáez.