Rodríguez Piñero, sobre su incompatibilidad no detectada por el Puerto de València para ser consejera: “Genera desconfianza”

“Genera desconfianza, no hay duda, a mí me la ha generado. Porque yo he confiado plenamente en que el servicio jurídico responsable del consejo de administración vela por todo. Yo sigo pensando que son profesionales y que aquí ha habido un error. Sé que genera desconfianza, obviamente, pero no quiero sembrar esa duda sobre los profesionales que hacen ese trabajo y desde luego han cometido un error y el primero es no intentar hablar conmigo”.

La socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero se pronunció así preguntada por la confianza que proyecta la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) cuando afirma que proyectos como la ampliación norte son viables y legales, después que sus servicios jurídicos adscritos a la Abogacía del Estado no hayan detectado que su cargo como consejera en los últimos ocho años era incompatible con su escaño como eurodiputada.

Piñero ha insistido al respecto en que “hay que velar porque se cumple todo con respecto a la ley cuando se están tomando decisiones en el seno del consejo y lo primero es que los miembros del consejo seamos idóneos y válidos para desempeñar ese papel y eso evidentemente no se hizo por parte ni del servicio jurídico del Puerto ni por parte de la Abogacía del Estado, y ese es el gran error que arrastra todo lo demás”.

La eurodiputada también lamentó que la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ahora ha puesto de relieve esa incompatibilidad mediante un informe que aún no se le ha notificado, no pusiera objeciones cuando el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la designó como consejera de la APV.

Con todo, Piñero también ha asumido su parte de “error” puesto que el desconocimiento de esa incompatibilidad de la que no le advirtieron los servicios jurídicos no le exime del cumplimiento. Por este motivo, afirmó que devolverá las cuantías percibidas en los últimos cuatro años en concepto de dietas. Según un informe de la APV que de momento no le ha llegado, los primeros cuatro años de cobro de dietas habrían prescrito por lo que la cuantía a devolver sería de 26.400 euros.

Sobre la devolución de la parte que ya ha prescrito, otros 20.000 euros, explicó que ella entiende que a cualquier trabajo le corresponde una remuneración y que ella sí que se preparó los más de 60 consejos del Puerto a los que asistió durante estos ocho años. Aún así, devolverá lo que legalmente le corresponda.

La socialista se mostró disgustada por el uso que hizo el Gobierno valenciano del PP y de Vox de esta situación, cuando su portavoz Ruth Merino dijo que la habían cesado, a pesar de que ella misma presentó su dimisión como consejera de la APV en septiembre: “No voy a permitir que el actual Consell del PP y Vox utilicen esta situación para intentar mancillar mi imagen y mi trayectoria pública”. “Soy la única perjudica”, recalcó.

En ese sentido, aseguró que no permitirá que “intereses políticos y la más absoluta falta de rigor” pongan en cuestión sus más de 20 años de servicio público. “En política no vale todo y eso marca la diferencia entre quienes entendemos la política desde la lealtad institucional y desde el servicio a los ciudadanos y quienes la ejercen desde los intereses más espurios”.

Rodríguez-Piñeiro recordó que el expresidente de la Generalitat Ximo Puig confió en ella en 2015 al entender, como marca “el sentido común”, que incorporar a una eurodiputada de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo en el Consejo del Puerto de València podía ser “muy relevante” en favor de los intereses valencianos y en 2019 revalidó esta apuesta.

Sin embargo, tras ganar en junio de 2023 las elecciones autonómicas el PP y optar por gobernar con Vox, decidió dimitir porque no podía seguir representando a este Consell y esperó a hacer efectiva su renuncia una vez hubiera un sustituto para el entonces presidente del Puerto, Joan Calabuig.

“Lealtad institucional”

Así, una vez nombrada Mar Chao al frente del Puerto, y tras hablar con ella por teléfono para felicitarla y comunicarle su decisión, pidió formalmente su relevo por escrito el 25 de septiembre de 2023 a la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, lo que demuestra, sestacó, su “lealtad institucional”. “Solo pedía que se me informara cuando se procediera a formalizar mi dimisión, pero nadie me respondió nunca”, lamentó.

Rodríguez-Piñeiro aseguró que desde que presentó su dimisión no volvió a asistir nunca a un Consejo y que fue a mediados de octubre cuando se enteró por los medios de comunicación que el propio presidente Carlos Mazón consideraba “idóneo” al eurodiputado José Manuel García Margallo y al respecto ha recalcado que no puede ser nombrado porque incurre también en una incompatibilidad.

Informe ex profeso

Según su relato, el 22 de noviembre el PP “filtró” a medios de comunicación el informe de la Abogacía de la Generalitat que “había sido encargado ex profeso” semanas antes sobre su incompatibilidad y “aquí empezó una campaña por parte del PP de intentar el desprestigio personal”.

De este modo, el 28 de noviembre fue la propia portavoz del Consell, Ruth Merino, la que aseguró en una rueda de prensa que le apartaban del Puerto como “si yo me hubiera aferrado a permanecer allí de alguna manera”, pese a que tenían su carta de renuncia dos meses antes. “Es evidente que Merino solo intentaba hacerme el mayor daño posible y me gustaría una disculpa por su parte, aunque lamentablemente no la espero”, señaló.

La eurodiputada admitió que este fallo de los servicios jurídicos de la Autoridad del Puerto, que es quien debía velar por la legalidad de su nombramiento, genera “desconfianza” sobre la viabilidad del resto de proyectos sobre los que debe de pronunciarse. No obstante, ha matizado: “Sigo pensando que son profesionales y que hubo un error, pero no quiero sembrar la desconfianza”.

Asimismo, ante la posibilidad de una anulación de los acuerdos adoptados en el consejo por su nombramiento, comentó que su voto nunca fue decisivo.