El nuevo choque por el control del Poder Judicial congela la renovación de 15 vacantes en el Supremo

El último enfrentamiento vivido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta del reparto de las comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano ahonda en la fractura interna de una institución sometida a constantes tensiones. Y lo hace, además, en un momento clave, cuando está pendiente la renovación de 15 plazas en el Tribunal Supremo, la principal instancia judicial del país. Fuentes de los grupos conservador y progresista consultadas por elDiario.es coinciden en que, al menos a corto plazo, será difícil recomponer la situación ante unas hostilidades cada vez más intensas. 

La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los consejeros elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron esta semana junto al grupo conservador un reparto de poder favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva distribución, siete de las once comisiones tienen mayoría conservadora. Los progresistas son hegemónicos en cuatro, una más que en el reparto de hace un año, cuando Perelló y Preciado volvieron a unir sus votos con los vocales de la derecha en este mismo trámite. 

El reparto acordado ahora mantiene la mayoría conservadora en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. A ellos se suma la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. 

El voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos. Unos expedientes que, por otra parte, quedaron archivados sin sanción en la Comisión Disciplinaria, donde también tiene mayoría la derecha. Perelló, sin embargo, también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Tribunal Supremo. Acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Durante el próximo año, esta comisión estará formada por los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa y por las progresistas Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros. Vuelve a quedarse fuera por tercer año consecutivo el vocal José María Fernández Seijo, quien ejerce como líder en la sombra del grupo progresista. Fernández Seijo es quien suele llevar el peso de las negociaciones con el otro grupo. “Buscan erosionar el grupo machacando a quien lo lidera”, dice una fuente de este bloque. 

La “tercería vía” de Preciado 

Los conservadores acudieron al pleno celebrado el pasado miércoles con una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar. Sus diez vocales secundaron el reparto propuesto por Preciado, quien está cada vez más distanciado de los otros nueve vocales progresistas. Esa propuesta también obtuvo el respaldo de la presidenta, que adoptó un papel difícil de explicar al secundar ese esquema y también el propuesto por el resto del bloque de la izquierda. 

“No se puede defender una cosa y la contraria”, dice una fuente del grupo progresista, cuyos vocales han denunciado la existencia de una maniobra acordada que “entrega el Consejo a la derecha”. A su juicio, la lista aprobada rompe la cogobernanza y beneficia al bloque conservador en el reparto de puestos y representación. Además, consideran que se trata de una “represalia” ante su negativa a negociar de forma conjunta la renovación de las comisiones y de los nombramientos pendientes en el Supremo. 

Su tesis es que el plan del grupo conservador y de Preciado era hacer una negociación conjunta que incluyera determinadas concesiones, como la entrada de Fernández Seijo en la Comisión Permanente; a cambio de contrapartidas en los nombramientos pendientes en el Supremo. Especialmente, los ocho de la Sala de lo Penal, la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que últimamente ha tomado controvertidas decisiones en torno al derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. 

Tanto Preciado como los vocales conservadores niegan que hubiera un concierto previo para excluir al resto de miembros del órgano. El vocal elegido a iniciativa de Sumar defiende que actuó de forma independiente tras constatar la falta de entendimiento entre bloques. Y reitera que su propuesta, que él define como la “tercera vía”, “respeta el equilibrio de sensibilidades y la cogobernanza”. Además de las citadas mayorías, insiste en que los progresistas presiden “cinco de las once” comisiones, dado que incluye a Perelló como máxima responsable de la Permanente.  

Durante el pleno, Preciado defendió su candidatura alegando que era la más paritaria. El nuevo reparto logra la paridad en cuatro comisiones más que en el año anterior, de forma que diez de las once tienen una composición igualitaria. Además, ellas presiden seis de las once. Ese alegato soliviantó a las mujeres del grupo progresista, que acusan al vocal de Sumar de situarlas en determinados puestos sin haber consultado. “No somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo”, expresaron en un duro comunicado. 

Los conservadores, por su parte, afirman que respaldaron la propuesta del vocal de Sumar y que retiraron la suya por “responsabilidad institucional” y para evitar una situación de parálisis que ahora todos asumen que se trasladará a los nombramientos. Y aseguran que había un compromiso previo de negociar de forma conjunta el reparto en las comisiones y las designaciones en el Supremo y que los progresistas se descolgaron “en el último momento”. 

Las fuentes consultadas relatan un pleno muy tenso, en el que llegó a evidenciarse un aumento de las hostilidades. “La votación puede ser legítima, pero no es honesta”, llegó a decir una vocal del bloque progresista. Después, en un comunicado, el grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar aseguró que “lo ocurrido compromete las condiciones de confianza y reciprocidad que necesita el Consejo para funcionar. La cogobernanza no puede abandonarse cuando se reparten las comisiones y reclamarse después cuando hacen falta acuerdos para los nombramientos”. 

Para la elección de las comisiones se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador puede lograr gracias a Preciado. Los nombramientos en la cúpula judicial requieren, sin embargo, una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques.

“Ahora mismo las relaciones, incluso las personales, están rotas. Las posturas están muy alejadas y son muy difíciles de conciliar”, dice una fuente del grupo conservador. Otro vocal de este sector admite que lo ocurrido no facilita las negociaciones “a corto plazo”, pero cree que con el tiempo todo se irá normalizando. “Tampoco había una enorme perspectiva positiva de acuerdo en cuanto a nombramientos. No estábamos en un escenario en el que todo fuera bien y esto lo haya quebrado, las dificultades vienen de lejos”, añade este consejero elegido en su día a iniciativa del PP. 

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia y a la que miembros de ambos grupos afean su falta de liderazgo. “La presidenta siempre está animando a que lleguemos a acuerdos, pero ella tampoco adopta una dinámica de liderazgo o de aglutinar. Su actitud es muy pasiva”, apunta un vocal conservador. “Perelló está cómoda con el traspaso de cromos, luce mucho para ella esa idea de consenso. Pero nosotros seguiremos defendiendo que los nombramientos se realicen con criterios de mérito, capacidad y representación equilibrada”, apunta un consejero progresista. 

La realidad es que en estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas. Por ejemplo, fue este Consejo el que aupó al Supremo a Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, y que ha sido ponente de los polémicos autos sobre la ley de nietos. Preciado fue el único vocal que votó en contra de su designación. 

Por otra parte, el grupo conservador ha bloqueado durante meses adjudicar uno de los puestos pendientes en la Sala de lo Penal del Supremo. La intención de los progresistas era que esa plaza hubiera sido adjudicada hace tiempo a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada y de abrumadora mayoría conservadora.

Pero la estrategia de los vocales de la derecha ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar una renovación en bloque que ahora tampoco parece cercana. Fuentes de ambos grupos subrayan, por el momento, que del otro lado solo han recibido propuestas “inasumibles”.