Instalaron una casa móvil en una finca con permiso de su “responsable”; ahora les pueden multar con 600.000 euros

Con la fecha del desahucio a la vuelta de la esquina, Ángeles Dorta, de 38 años, y su familia, en situación de vulnerabilidad, no vieron otra opción. Compraron una casa móvil pequeña, de 28 metros cuadrados, y la instalaron en el terreno que está justo delante de la vivienda en la que residían con la autorización de quien asegura ser el responsable de la finca, Ramón, que también vive en ella. Pero el suelo no es urbanizable. Y Ramón tampoco es el verdadero dueño de la parcela.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (sur de Tenerife), gobernado por una coalición entre Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Vox, les ha abierto un expediente sancionador tras la presentación de una “denuncia vecinal”, y ahora se enfrentan a una multa de hasta 600.000 euros “por no contar con la autorización correspondiente ni de su propietario”, indican fuentes municipales.

Dorta, su pareja, José Luís García, de 53 años, y su hija, de 19, con un grado de discapacidad del 70%, están “en vilo”. Han presentado un escrito en el Área de Urbanismo del Consistorio señalando que carecen de vivienda habitual, no disponen de recursos económicos suficientes para acceder al mercado de alquiler o compra y tampoco tienen alternativa habitacional “real y efectiva”.

Defienden además que su casa modular, comprada con un préstamo por 15.000 euros, “no obedece a ánimo especulativo, lucrativo ni urbanizador, sino exclusivamente a una situación de necesidad habitacional urgente”. Y reconocen que no son los propietarios de suelo, pero que han actuado “de buena fe”, con el “consentimiento verbal de la persona que ocupa de forma continuada la finca desde hace años y que se hace a cargo de suministros básicos como el agua, lo que generó una apariencia razonable de legitimidad en una situación de absoluta necesidad”.

“En innumerables veces hemos ido al Ayuntamiento para pedir una vivienda de alquiler social. Pero nada. [También] hemos ido a inmobiliarias, pero con el problema que tiene la niña, no nos alquilan. Y aparte, tenemos animales”, lamenta García en un vídeo enviado a Canarias Ahora. Ramón agrega: “Tienen mi permiso para estar aquí. (…) Y nadie tiene que meterse. Llevo aquí cuatro años y soy el responsable de esta finca. La gente no se puede quedar en la calle”.

El desahucio de Dorta y su familia estaba previsto para el 4 de febrero. La vivienda fue comprada antes, el 14 de enero. La Policía Local de Granadilla de Abona tardó solo cinco días en personarse. Y el decreto con la propuesta de sanción fue firmado el 21 de este mes.

El expediente abierto por el Ayuntamiento de Granadilla precisa que la parcela donde está ubicado el inmueble está clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO-R). Es un tipo de suelo que, al no estar desarrollado todavía (no tiene calles, alcantarillado ni plan parcial), la ley obliga a tratarlo con las mismas restricciones que si fuera suelo rústico, donde el uso residencial está generalmente prohibido salvo excepciones muy concretas vinculadas a la explotación agrícola (ante la emergencia habitacional, sin embargo, cada día es más empleado para ello).

La casa tipo contenedor está apoyada sobre bloques de hormigón, sin otro tipo de anclaje y es de color claro. Tiene tuberías verdes “presumiblemente de saneamiento y/o fontanería” y un tubo de evacuación. Se encuentra adosada a escasos centímetros de una edificación antigua de piedra ya existente en el terreno, lo que a juicio de la policía “evidencia una implantación permanente en el terreno”. Los técnicos municipales creen asimismo que la obra está ejecutada al 75% y la han valorado en unos 7.500 euros, es decir, la mitad de lo que realmente le ha costado a Dorta y los suyos.

El decreto ordena la suspensión de cualquier trabajo o uso de la vivienda, exige el precinto administrativo de la instalación y advierte de que incumplir esta orden de suspensión conllevaría una sanción de entre 150.000 y 600.000 euros. Pero no acaba ahí. El informe califica los hechos como una infracción grave, de acuerdo con la Ley del Suelo de Canarias, sancionable con una multa de entre 6.001 y 150.000 euros. Y también da un plazo de veinte días para desmontar la casa voluntariamente. De lo contrario, habría más multas, en este caso de 600 a 3.000 euros, renovables mes a mes hasta diez veces, y la posible ejecución subsidiaria de la actuación (que el Consistorio retire el inmueble, pero endose los gastos a la familia).

Es decir, hasta tres tipos distintos de sanción. Sumándolas, el importe podría ascender a los 780.000 euros. Mínimo serían más de 160.000.

La familia, por su parte, ha solicitado la suspensión cautelar del desmonte “hasta que se valore adecuadamente la situación de vulnerabilidad descrita”. Han pedido también que se dé traslado del expediente a los servicios sociales municipales y que se valore la adopción de medidas “alternativas y proporcionales”. Creen que retirar inmediatamente el inmueble “supondría un perjuicio grave, irreparable y desproporcionado, especialmente para la hija de la compareciente [Dorta], con riesgo directo para su salud, estabilidad y bienestar”.

Dorta y su familia están siendo asesorados por la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN). Fuentes del Consistorio de Granadilla de Abona indican que “ya se está trabajando en la intervención de la familia, como se ha venido haciendo hasta ahora”, pero no dan más detalles.

Esta es la segunda vez que la familia se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin techo en menos de un año. En abril de 2025, la justicia ordenó su desahucio de la vivienda en la que residían, propiedad de la madre de Dorta y su pareja, por impago del alquiler, precisan fuentes judiciales. El primer lanzamiento fue paralizado debido a que no se tramitó el recurso de apelación, finalmente desestimado por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y en relación con el segundo, fechado para el próximo 4 de febrero, se ha solicitado de nuevo su paralización atendiendo a la vulnerabilidad de la familia.