El órgano ambiental de Canarias pidió una segunda evaluación de las jaulas marinas de Telde que nunca se realizó

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias reclamó una segunda evaluación de las jaulas marinas de Telde que registraron un episodio de mortalidad masiva de lubinas hace unos meses, contaminando el litoral y provocando el cierre de playas durante semanas. La CAEA pidió analizar de nuevo el impacto de una de las dos instalaciones que explota Aquanaria, en concreto la que está ubicada en la Bahía de Salinetas con una producción anual de 3.050 toneladas de peces, porque la empresa había modificado de manera “significativa” su ubicación inicial. Pero la Dirección General de Pesca se opuso, provocando una “discrepancia” que el Ejecutivo regional saldó a su favor, reconocen fuentes.

La petición de la CAEA data del 21 de diciembre de 2023, el mismo mes en que comenzó oficialmente la actividad de la última granja de Aquanaria en la zona, según el visor de Grafcan. El órgano acordó someter la iniciativa, de unas treinta jaulas, a una segunda evaluación ambiental porque la empresa trasladó unos 373 metros hacia el sureste su instalación, un desplazamiento que, a juicio del órgano, merecía ser analizado otra vez al tratarse de “un nuevo proyecto del que caben esperar diferentes efectos ambientales”.

En la nueva localización, las jaulas de Aquanaria pasaron a estar a solo 330 metros de los ‘campos de rodolitos’, una comunidad de algas calcáreas que contribuyen “significativamente” al equilibrio de la biodiversidad marina del litoral, muestran especial sensibilidad a las “alteraciones” de la calidad del agua“ y los ”cambios en los procesos de sedimentación“, y han sido incluidas en una Directiva Hábitats por la Unión Europea (UE) para impulsar su protección.

También se aproximaron a la concesión de Canexmar, la otra empresa con una piscifactoría en la costa de Telde (cuya producción autorizada es de 340 toneladas anuales), reduciendo la distancia entre ambas instalaciones de 405 metros a solo 207. El cambio en la ubicación de las jaulas de Aquanaria provocó que las de Canexmar quedasen justo a sotavento del proyecto modificado, “por lo que cabe esperar una influencia negativa del vertido” de la granja vecina, detalló el informe del órgano ambiental de las Islas.

Además, habría que analizar los efectos acumulativos entre ambas piscifactorías. Aunque la de Canexmar tiene autorizadas 340 toneladas al año, su producción real superaría las 1.000, reconoció la CAEA. Al sumar ambas explotaciones, las dos operan como una sola gran fuente que produce 4.000 toneladas anuales de peces, con todos los vertidos que eso conlleva. El órgano recordó en su escrito que se han observado manchas de materia grasa procedente de las jaulas alcanzando la costa teldense y superando el kilómetro de longitud (contradiciendo así a Aquanaria, que indicó en su documento ambiental que “no se han notificado” episodios por el estilo en las playas). Canexmar, por otra parte, está a solo 400 metros de arrecifes rocosos costeros, “con lo que cabe esperar la llegada del vertido”, remachó el informe.

Pero ahí no acaba todo. Al cambiar la posición de las jaulas, son necesarias nuevas simulaciones sobre cómo se dispersan sus residuos; el programa de seguimiento ambiental de la compañía dejó de ser “válido”, ya que los puntos de muestreo tenían en cuenta la localización anterior. E incluso las líneas de fondeo, que sirven para sujetar las jaulas al fondo marino, muestran ahora información que “no concuerda” con las especificaciones técnicas del proyecto al ser más cortas en el tramo oriental de la Zona de Interés Acuícola (ZIA) donde se alcanzan las mayores profundidades (-69 metros).

Todas esas observaciones fueron formuladas por la CAEA para defender la necesidad de una segunda evaluación ambiental del proyecto de Aquanaria. El órgano apuntó que debido al cambio de escenario había que volver a consultar al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y a la Dirección General de Salud Pública. Y que también era imprescindible un nuevo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina.

Pero la Dirección General de Pesca se opuso. Desde el principio solicitó la “reconsideración” de la conclusión del Servicio de Impacto Ambiental de reclamar un segundo análisis ambiental de la instalación de Aquanaria, provocando una “discrepancia” que el Gobierno de Canarias saldó a su favor, reconocen fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.

Esas mismas fuentes justifican la modificación del proyecto argumentando que fue “leve” y “necesaria” en aras de “aumentar el espacio de maniobras de los buques en su aproximación al puerto”. Dicen que dicho desplazamiento “no modificaba su ubicación, sino que adaptaba la posición de las jaulas a petición de la Corporación de Prácticos del Puerto de Salinetas”. Reiteran que fue una “adaptación ligera” vista por Pesca como una “modificación no sustancial”. Y que por eso entendieron que “no se debía someter de nuevo el proyecto a una nueva evaluación ambiental” (la primera, de noviembre de 2022, concluyó que no había “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”).

Apuntan desde la Consejería que, “una vez evaluados todos los informes”, fueron llevados a Comisión de Gobierno, que concluyó que la modificación de la iniciativa de Aquanaria no era “sustancial”, sino una “adaptación”. Canarias Ahora preguntó dónde se encontraba ese acuerdo, pero hasta la fecha de la publicación de este artículo, no ha habido respuesta. La empresa, por su parte, se ha limitado a contestar que “la concesión se encuentra plenamente vigente y otorgada conforme a derecho”.

La CAEA pidió una nueva evaluación basándose en el propio informe de 2022. En la medida ambiental número uno de ese documento consta que “cualquier modificación que se pretenda realizar del proyecto técnico (incluidos cambios en las especies a cultivar, capacidad de producción, cambio de posición de los elementos estructurales, etc.)”, será el órgano ambiental de Canarias el que determine si debe iniciarse o no nuevo procedimiento de evaluación de impacto. La CAEA lo vio “claro” en este caso.

Pero el órgano sustantivo, es decir, el que autoriza o no (en este supuesto, Pesca), rechazó esa idea. Y al final el Ejecutivo regional ignoró la petición de su órgano ambiental de la misma manera que, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife también desoyó un informe de la comisión ambiental insular (CEAT) que aconsejó hacer una nueva declaración de impacto ambiental del polémico Circuito del Motor.

El artículo 12 de la Ley de Evaluación Ambiental detalla que en el supuesto de que existan discrepancias entre el órgano sustantivo y el ambiental sobre el contenido del procedimiento ambiental, “resolverá según la administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad autónoma determine”.

La instalación de Aquanaria que se libró de una segunda evaluación ambiental lleva en el ojo del huracán desde principios de octubre por registrar un episodio de mortandad masiva de lubinas que contaminó el litoral de Telde durante dos meses, llegando incluso a provocar el cierre de playas en Mogán, en el sur de Gran Canaria.

Aquanaria cuenta con dos instalaciones en la costa teldense. La de la Bahía de Salinetas, con una producción anual de 3.050 toneladas de lubinas. Y otra cerca de la playa de Melenara, que opera desde 1999 generando al año unas 650 toneladas entre lubinas y doradas. Ambas se vieron afectadas por el desastre ambiental del que todavía se desconoce oficialmente su causa. La compañía cifra en 2.500 toneladas la cantidad de peces que murieron. También estima las pérdidas en unos treinta millones de euros.

El Seprona investiga desde mediados de octubre qué mató a las lubinas en un episodio inédito hasta ahora en la acuicultura española. Nunca se había reportado una mortalidad así. Mientras Aquanaria defiende que fue un vertido ilegal procedente de un emisario municipal, la teoría más popular entre la población local es que la mala praxis de la propia empresa ocasionó el desastre.