“Al estilo de la Kale borroka”: la querella con la que Cuna del Alma intenta criminalizar el activismo en Canarias

Los promotores del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en El Puertito de Adeje (sur de Tenerife), sostienen que los activistas que protagonizaron la acampada reivindicativa en 2022 contra las obras actuaron “al estilo de la Kale borroka”, la táctica de terrorismo callejero vinculada a ETA, que seguían una “evidente estrategia militar” y que se escondían bajo una “supuesta capa de defensores del territorio, o de una economía sostenible”, cuando “lo único que es sostenible en estos casos es su ego y su incapacidad manifiesta para mantener un orden o contrato social”.

La Junta de Compensación de la iniciativa, su director, Andrés Muñoz, y la empresa Segunda Casa Adeje han descrito así las acciones de 25 de los manifestantes que se opusieron a las obras en una querella que les acusa de homicidio imprudente, usurpación, desórdenes públicos, allanamiento, coacciones y daños. Fue interpuesta en septiembre de 2022, después de que la tensión entre ambas partes escalara ese mismo verano, pero a fecha de febrero de 2026 aún no ha finalizado la instrucción y continúa pendiente de diligencias, confirman fuentes judiciales.

Pocas semanas después de querellarse contra los activistas, el Gobierno de Canarias, gobernado entonces por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), paralizó cautelarmente los trabajos al detectar la destrucción de un yacimiento arqueológico, alertar del posible daño a una especie de protección especial, la viborina triste, y comprobar que el proyecto no contaba con evaluación de impacto ambiental. Todos esos expedientes se han cerrado de manera controvertida por el Ejecutivo regional de Coalición Canaria y Partido Popular. Pero los manifestantes recordaron entonces que “llevaban razón” cuando advertían de que “Cuna del Alma podía carecer de informes preceptivos y los que tenía disponibles escondían la riqueza cultural y biológica de este espacio”.

Los querellantes de hecho solicitaron una orden de alejamiento de 500 metros de El Puertito contra los activistas (que luego la promotora buscó sin éxito hacer “extensible” a cualquier persona opuesta al plan) rechazada por la justicia al estar en ese momento las obras suspendidas. No sin antes abrir la puerta a hacerlo en el futuro dada “la virulencia que se puede colegir de los hechos denunciados (agresiones, daños y coacciones continuadas en una obra) y la animadversión que existe entre ambas partes”.

El relato de hechos en la querella construye una narrativa de violencia ascendente desde el inicio de las obras en mayo de 2022 hasta el día en que los manifestantes acamparon en las oficinas del proyecto. Esa jornada es descrita como un “acto de guerra” y una “batalla campal” por parte de los promotores. Pero solo hubo un detenido, que además fue absuelto pocos días después. Y los vídeos difundidos también muestran al director de la actuación, Andrés Muñoz, forcejeando y agarrando a una activista que entró en el inmueble.

Los promotores aun así dijeron que “tal es la violencia” desplegada por los activistas que “si no se procede a una rápida actuación (…), en breve nos podremos encontrar con personas empleadas ingresados en los hospitales, o aún peor, en situaciones en las que la medicina ya no puede actuar” (no hay rastro en la hemeroteca de que algo así haya sucedido). Ellos se refieren a sí mismos como el bando “débil”, el que había estado “quieto entendiendo que con las denuncias ya presentadas (…) se actuaría”.

La querella recoge asimismo el secuestro de una excavadora durante dos meses, el lanzamiento de piedras a otra máquina, el encadenamiento de activistas a la entrada del Puertito de Adeje, obstrucciones constantes al progreso de las obras y “daños a diversos elementos como carteles publicitarios, señales colocadas en la obra, materiales y otros”, así como a vehículos. También se menciona que “provocaron un incendio en el interior de un cuarto de aperos”, que se organizaron en grupos de Telegram y que una de las personas mordió en el brazo a un vigilante de seguridad. Ese caso fue resuelto en 2024 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ambos quedaron absueltos, tanto la protestante como el trabajador.

Los promotores comparan de manera explícita a los activistas con la Kale borroka “en sus peores y más violentos momentos”, hablan de ellos como una “guerrilla urbana” que “amenazaba brutalmente” a los empleados vinculados al proyecto y denuncian la existencia de un supuesto subgrupo “claramente militarizado”. Pero no acaban ahí. Defienden que el ecologismo para ellos es solo una excusa, que presentan “un equivocado orgullo canario, haciéndose jueces de lo que hacen”, y llegan a vincular “esos mismos cánticos y discursos” con el nazismo. “En las cantinas de Berlín acabaron con millones de personas en crematorios”, exponen. En las páginas de la querella abundan los términos “delincuentes”, “bárbaros” y “desalmados”.

Impacta que los propios querellantes reconozcan en el texto que pueden sorprender sus acusaciones, en especial la de homicidio imprudente por el lanzamiento de piedras a una máquina “que estaba trabajando”. “A pesar de que se nos pueda imputar cierta exageración”, admiten, “quien lo haga es que no ha estado sufriendo el acoso continuo de los desalmados aquí querellados”.

Los activistas, por su parte, han defendido que ha habido una “campaña de mentiras y desinformación” sobre estos hechos y que en todo momento su intervención “fue pacífica”. También han denunciado agresiones y se han querellado contra el avance de las obras de Cuna del Alma. Una de ellas fue reabierta hace unas semanas por el Juzgado de Instancia Número 1 de Arona.

Este es “el proyecto que ha suscitado mayor interés y controversia social y pública en Tenerife en la última década”, apuntó la defensa de gran parte de los querellados en un escrito de contestación a una nueva solicitud de orden de alejamiento. Todo apunta que lo seguirá siendo en ellos próximos años.