Una de cada cinco personas en Canarias necesita ayuda de los servicios sociales de su municipio

El 20,04% de las personas en Canarias acudió a centros de servicios sociales en 2024, según las cifras del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, publicadas en el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Es el porcentaje más bajo desde 2019, el año antes de la pandemia, pero muestra igualmente que casi 450.000 residentes en el Archipiélago buscan ayuda en los centros de atención social de sus ayuntamientos.

La estadística de este plan recoge las principales características y dimensión actual de la red pública de servicios sociales de atención primaria en cuanto a prestaciones, usuarios, gastos y recursos económicos y humanos, tanto a nivel de islas como de municipios.

La información muestra una tendencia a la baja de las personas usuarias de servicios sociales en las Islas después de que se registrara el porcentaje más elevado hasta la fecha en 2022 (22,04%). Pero sigue muy lejos de los registros de principios de siglo, cuando las cifras giraban en torno al 13%. Desde 2020, sin embargo, siempre han superado el 20%.

La mayoría de las consultas tienen que ver con la necesidad de orientar y asesorar para resolver necesidades básicas (vivienda, salud, empleo, ingresos…). Hubo un total de 1,18 millones de este tipo de prestaciones, el dato más alto jamás registrado. De ayuda a personas en situación de “especial necesidad” se contabilizaron 22.638, también el valor más elevado.

El apoyo a hogares donde la convivencia familiar es “inviable” sumó 44.796 prestaciones. Ayudas para encontrar un alojamiento alternativo ascendieron a 3.190. Y las relacionadas con la prevención e inserción social alcanzaron las 201.197. Son datos muy similares a los registrados en los últimos años. Lo que sugiere que la pobreza en Canarias no cae, sino que se estanca y cronifica.

El análisis territorial revela diferencias muy marcadas entre islas y municipios. La Gomera concentra la tasa más elevada, con el 36,49% de la población necesitando ayuda de los servicios sociales de su localidad. Pero en Lanzarote, el porcentaje cae al 15,23%, el más bajo de la Comunidad Autónoma. En las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, los registros son del 20,7 y del 17,84%, respectivamente.

Por otro lado, en clave municipal, sobresale por encima de cualquier otra localidad El Sauzal, donde el porcentaje del 125,03% indica que su sistema de servicios sociales atiende un volumen de personas que supera en un 25% a la población residente, cifrada en alrededor de 9.000 habitantes. Le siguen en los primeros puestos La Matanza de Acentejo (107,53%) y Vilaflor de Chasna (107,53%). Los datos sugieren que en estos tres municipios existe una demanda muy intensa tanto de los locales como de personas no empadronadas.

En el extremo opuesto se sitúa Ingenio, con el 3,28%, San Miguel de Abona, con el 4,29% y San Cristóbal de La Laguna, con el 4,41%. En Las Palmas de Gran Canaria, el porcentaje es del 25,29%, en Santa Cruz de Tenerife, del 5,52%, y en Telde, del 6,23%. La capital grancanaria es, con diferencia, la que peores indicadores presenta entre las grandes ciudades de Canarias.

La financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales contó en 2024 con 97,24 millones de euros. De ese total, 57,46 millones procedieron de los ayuntamientos, 37,09 del Gobierno autonómico y 5,45 del Estado. Los fondos volvieron a crecer después de haber caído por primera vez en una década en 2023. El criterio para distribuirlos viene determinado en función del número de habitantes, índice de paro, dispersión y doble insularidad en el caso de las islas periféricas, según la normativa que los regula.

El gasto por habitante en el Archipiélago se traduce en 42,56 euros por residente. Pero es en los municipios de la llamada ‘Canarias vaciada’ donde el dispendio se dispara: Fuencaliente, con 433,23 euros, está en cabeza, seguido de Betancuria (270), Agulo (225) y Breña Alta (196,11). En los últimos puestos de la tabla aparecen San Miguel de Abona, con 17,92 euros, Arona (21,03), Teror (21,59) y Santa Lucía de Tirajana (23,3).

Por último, la estadística del ISTAC también muestra el número de empleados municipales encargados de tramitar las prestaciones, un total de 2.477, de los cuales 645 son trabajadores sociales (lo que ilustra una ratio de un trabajador social por cada 3.515 habitantes en las Islas), 283 administrativos, 88 animadores, 40 educadores, 10 asesores técnicos, 1.178 auxiliares, 44 de servicios auxiliares, 42 coordinadores de programas y 24 directores de centros.