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La inspección sanitaria multa al CEU de València con 16.000 euros por embalsamar irregularmente más de 650 cadáveres

Fotomontaje del edificio del CEU-Cardenal Herrera y alumnos durante unas prácticas

Sergi Pitarch

12 de febrero de 2026 22:04 h

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La inspección sanitaria de la Generalitat ha multado con 16.000 euros a la Universidad Cardenal Herrera CEU por haber permitido durante años que los embalsamamientos de más de 650 cadáveres con fines de investigación en su facultad fueran realizadas por una persona sin la titulación adecuada, según ha confirmado la Conselleria de Sanidad. Los inspectores confirman así la denuncia de un extrabajador —despedido previamente— que puso en conocimiento esta práctica, que él mismo realizaba y que era totalmente irregular. La rápida actuación del departamento que dirige Marciano Gómez contrasta con la del Colegio de Médicos de Valencia, que no ha considerado plantear esta práctica de la universidad privada como intrusismo laboral.

Fuentes de la universidad valenciana han confirmado a elDiario.es que sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar alegaciones.

La Conselleria de Sanidad ha explicado que el pasado 16 de diciembre de 2025 se presentó, por registro ante la inspección sanitaria, una denuncia por parte de un extrabajador de la Universidad Cardenal Herrera CEU en relación con la realización de prácticas irregulares de conservación de cadáveres con fines docentes en dicha universidad. Técnicos de la Sección de Ordenación e Inspección Sanitaria realizaron una visita de inspección a las instalaciones del CEU Cardenal Herrera el 17 de diciembre de 2025, levantando las correspondientes actas. Los inspectores estuvieron en todo momento acompañados por personal directivo del centro universitario.

«Se confirmó por parte de los representantes de la Universidad presentes en la visita de inspección que la persona encargada de realizar las técnicas de conservación de los cadáveres era la persona denunciante, que no dispone de la titulación de médico, tal como exige la normativa», manifestaron desde Sanidad. Por ello, se procedió a iniciar el correspondiente expediente sancionador, «estableciendo una multa de 16.000 euros».

En la misma inspección, los técnicos de la Conselleria confirmaron que las instalaciones y la dotación de la sala autorizada para el uso de cadáveres con fines docentes o científicos «mantienen los requisitos por los que se emitió informe favorable para su autorización el 12 de junio de 2012, conforme a la normativa vigente». Además, añadieron, «dispone de un registro de prácticas de conservación de cadáveres, así como de toda la documentación que debe acompañar al finado».

Las mismas fuentes de la Conselleria de Sanidad señalaron que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria, «en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia». «Por su parte, el personal que efectúe la tanatopraxia o deba decidir sobre la necesidad de someter al cadáver a refrigeración o congelación deberá ser graduado o licenciado en Medicina; o contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia ajustada al Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad; o disponer del certificado de profesionalidad especificado en el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Sanidad incluido en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad».

En ese sentido, la Conselleria de Sanidad está trabajando en la modificación de la normativa de la Comunitat Valenciana para adecuarla a dicha guía.

El técnico de laboratorio y denunciante de la irregularidad en el embalsamamiento de cadáveres fue despedido el pasado mes de julio. El trabajador vincula su despido —que ha recurrido— con su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de València tres meses antes, en el marco de un procedimiento sobre la donación del cuerpo de un fallecido usuario de una residencia.

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