El Gobierno de Clavijo quiere saltarse el planeamiento para promover viviendas con el alquiler topado solo siete años

El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) está muy cerca de permitir que los promotores construyan viviendas al margen del planeamiento a cambio de limitar el precio del alquiler durante solo siete años, apenas dos más que el periodo mínimo durante el que un propietario particular ya debe mantener un contrato de alquiler y el mismo plazo que cuando el arrendador es una empresa.

La futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, que acaba de superar el proceso de enmiendas, incluye la figura de la vivienda asequible incentivada, una modalidad de titularidad privada que permitirá a las constructoras levantar edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento municipal en suelo público y sustituir las cesiones obligatorias de aprovechamientos urbanísticos para dotaciones públicas (como colegios, parques o centros sanitarios) por compensaciones económicas.

A cambio, estas promociones deberán destinarse al alquiler residencial durante un mínimo de siete años y respetar un precio máximo equivalente (o un 20% más) al de las viviendas protegidas de promoción privada de la misma superficie.

El texto inicial del proyecto de ley establecía que este régimen de protección tendría una duración de diez años. Sin embargo, una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHÍ) rebajó ese plazo a siete durante la tramitación parlamentaria.

La diputada socialista Patricia Hernández ha denunciado que conceder estas ventajas urbanísticas a cambio de un periodo de alquiler asequible tan corto abrirá todavía más la puerta a la especulación y al “negocio” con la vivienda en Canarias.

“Están aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la gente para hacer negocio”, afirmó durante la sesión parlamentaria en la que se debatieron las enmiendas al articulado del proyecto de ley.

Son numerosas las excepciones al régimen urbanístico que incorporará la vivienda asequible incentivada en el Archipiélago. Buena parte de ellas han sido incluidas a última hora a través de enmiendas firmadas por los partidos que sustentan al Ejecutivo regional.

La normativa posibilitará que “alojamientos con espacios comunes complementarios” (también conocidos como ‘coliving’ o ‘cohousing’) puedan ser calificados como vivienda protegida o asequible incentivada siempre y cuando se adecúen a las “normas de superficie, diseño y calidad propia de estos alojamientos”. Hernández ha cargado duramente contra esta disposición.

“Vamos a permitir o quitar los requisitos para que una vivienda protegida o asequible incentivada tenga todos los servicios. Porque a partir de ahora podrán ser servicios compartidos”, ha dicho. “Una vivienda protegida podrá ser construida por el promotor sin cocina. Y hasta ahora no se podía”, ha remachado.

Otra de las modificaciones incorporadas permite a los promotores de vivienda asequible incentivada levantar sobre suelos públicos (mediante derechos de superficie o concesiones administrativas) edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento urbanístico, sin necesidad de modificarlo.

A los ayuntamientos también se les admitirá, mediante una simple ordenanza y sin alterar el plan general, “el incremento de una altura más” en edificios residenciales existentes o en parcelas sin edificar si se destinan a este tipo de viviendas.

La ley flexibiliza las obligaciones urbanísticas de forma distinta según el tipo de suelo. En suelo urbano, el promotor podrá construir “tantas viviendas como sea admisible”, aunque el planeamiento municipal fije un número máximo inferior, siempre que no aumente la edificabilidad, es decir, el volumen total de metros cuadrados que pueden levantarse en la parcela.

En suelo urbano no consolidado, el cambio va un paso más allá. Los promotores podrán sustituir la cesión obligatoria de suelo para parques, colegios, centros sanitarios u otras dotaciones públicas por una compensación económica. Es decir, podrán destinar toda la parcela a construir viviendas en lugar de reservar parte del terreno para esos equipamientos, a cambio de abonar el “valor correspondiente a las dotaciones y cesiones obligatorias que correspondan”, según recoge el proyecto de ley.

La vivienda asequible incentivada también podrá construirse en asentamientos rurales y acogerse a beneficios fiscales, entre ellos la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Además, la futura ley le otorga prioridad frente a la vivienda protegida de promoción privada en algunos supuestos de recalificación de suelo. Cuando una parcela no edificada con uso comercial o industrial pase a tener uso residencial, el 60% de la edificabilidad podrá destinarse a vivienda asequible incentivada y el 40% restante a vivienda protegida de promoción privada, pese a que la primera solo deberá mantener su régimen de protección durante siete años, frente a los treinta de la segunda.

“Les vamos a dejar construir sin dar el aprovechamiento a los ayuntamientos, sin las plazas, sin los parques, sin las dotaciones. Alquiler asequible incentivado y siete años después, libres”, señaló Hernández, del PSOE. “Seguro que hay alguno que utiliza la RIC para esto”, ironizó la diputada.