La ley de Radio Televisión Canaria avanza sin acuerdo en el Parlamento

El Parlamento de Canarias ha dado este lunes luz verde en comisión a la nueva ley que regulará la Radiotelevisión Canaria (RTVC) antes de su aprobación definitiva en el próximo pleno, un debate que avanza con acuerdos parciales, pero sin consenso. Los grupos del Gobierno (CC, PP, AHI y ASG) consideran positivo que con la nueva norma ya no se pueda bloquear la designación de los órganos de dirección, pero la oposición (PSOE, NC y Vox) coincide en que se mantiene un modelo excesivamente concentrado en la figura del administrador único, se reduce el control parlamentario, se crean nuevos órganos que podrían favorecer la designación de personas afines a los partidos y e smantiene la falta de pluralidad informativa en los medios públicos.

La diputada de CC Vidina Espino ha afirmado que la reforma nace para impedir que Radiotelevisión Canaria vuelva a quedar paralizada por bloqueos institucionales y para prestar un servicio público de mayor calidad, aunque Nira Fierro, del PSOE, ha denunciado que se mantiene un modelo excesivamente concentrado en la figura del director general y con un menor control parlamentario.

No obstante, los grupos, excepto Vox, han coincidido en que a lo largo del trámite parlamentario se han mejorado algunos aspectos del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la denominación oficial del texto remitido por el Gobierno.

En concreto, la socialista Nira Fierro, del PSOE, y la diputada de NC-BC Carmen Hernández reconocieron mejoras en la prohibición de la externalización de los servicios informativos, que tendrán un mínimo de 1.600 horas anuales, la mejora de la situación laboral de la plantilla y en la mayor protección de la Radio Pública Canaria.

Pero a la vez denunciaron que se mantiene la excesiva concentración de poder en el director general, propuesto directamente por el Gobierno y ratificado por mayoría absoluta en el Parlamento.

También se reducen los mecanismos de control parlamentario y las competencias del Consejo Rector, mientras que desaparecen los consejos de informativos y la obligatoriedad del mandato marco.

La diputada de Coalición Canaria Vidina Espino sostuvo que se mantiene la elección parlamentaria de la Junta de Control, pero si no hay acuerdo entre los grupos podrá nombrarse con mayoría absoluta, es decir, que ya no será imperativo el consenso.

Espino destacó el blindaje de los servicios informativos, la garantía de un mínimo de 1.600 horas anuales de producción propia, la consolidación laboral de los trabajadores, el fortalecimiento de la radio pública, la creación de un Comité Profesional y la incorporación de un código deontológico.

Todo ello, según ella, garantiza que la ley no solo no reduce la independencia del ente, sino que elimina los obstáculos que habían impedido su funcionamiento durante más de una década, ha subrayado.

El diputado del PP Carlos Ester coincidió con Espino en que la ley pone fin al bloqueo institucional de la etapa anterior y refuerza la independencia de los servicios informativos, y destacó que durante la ponencia se han incorporaron numerosas enmiendas de la oposición y aportaciones realizadas por los trabajadores y sus representantes.

Se concentra el poder en un cargo puesto por el Gobierno

La diputada de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández señaló que Coalición Canaria quiere una Radio Televisión Canaria controlada y sin contrapesos democráticos, con una concentración de poder “omnipresente y omnipotente” en el administrador general, y denunció la institucionalización del bloqueo y que se vacíe de competencias al Parlamento.

Recordó que NC-BC presentó una enmienda a la totalidad porque el proyecto de ley incumplía los dos grandes objetivos que debía perseguir, como es la adaptación de la legislación canaria al nuevo marco estatal y europeo y desbloquear la situación institucional de RTVC.

“A día de hoy no se cumple ninguno de esos objetivos. No solo no se resuelve el bloqueo, sino que esta ley lo perpetúa e institucionaliza, y además mantiene incumplimientos respecto a la normativa estatal y europea que incluso fueron advertidos por el Consejo Consultivo”, denunció.

Reconoció que el trabajo parlamentario permitió mejorar algunos aspectos del proyecto inicial. Valoró las relativas a la protección de los derechos del personal de RTVC y el establecimiento de un mínimo de horas para los informativos canarios. Sin embargo, subrayó que los avances son insuficientes porque la norma “afecta a un derecho fundamental como es el derecho de la ciudadanía a recibir una información objetiva, veraz e imparcial”.

Para Hernández, el aspecto más grave de la ley es que elimina los mecanismos de equilibrio institucional que garantizan la independencia de los medios de comunicación públicos canarios. Criticó que deje de ser obligatorio aprobar el mandato marco, el documento que fija los objetivos y principios de actuación de RTVC, y denunció que tampoco se garantice la constitución de la junta de control, al no establecer ningún plazo para su creación.

“Han cambiado las mayorías reforzadas por mayorías absolutas diciendo que así resolvían el bloqueo, pero ni siquiera quieren fijar un plazo para constituir la junta de control”. Mientras tanto, “todas esas competencias pasan al director general”, denunció.

A su juicio, la ley concentra en una sola persona, las decisiones sobre contratación, recursos humanos, gestión y línea editorial, eliminando los controles internos y externos que deben existir en cualquier medio público. “Coalición Canaria pretende una Radiotelevisión Canaria controlada y sin contrapesos” porque, como puntualizó Hernández, es “más fácil controlar a una persona que a un órgano colegiado”.

Esta televisión, recalcó la diputada de NC-BC, “no debe estar al servicio del Gobierno ni, mucho menos, de un partido político; debe estar al servicio de toda la sociedad canaria”, afirmó.

Defendió que la misión de una radiotelevisión pública es garantizar el pluralismo político y la independencia editorial, principios protegidos por el artículo 20 de la Constitución. Recriminó la desaparición de los consejos informativos, órganos integrados por profesionales cuya función es velar por la objetividad y la independencia de los contenidos.

“El Gobierno elimina una garantía democrática consolidada y la sustituye por un supuesto comité profesional del que la ley no dice quién lo compondrá, cómo será elegido ni cuáles serán sus funciones”, reprochó. Para NC-BC, esta indefinición abre la puerta a una mayor injerencia política en los contenidos informativos de RTVC.

Carmen Hernández defendió también una enmienda in voce, finalmente aceptada por acuerdo de los grupos, para incorporar entre los principios inspiradores del servicio público audiovisual el respeto a la dignidad humana, la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de la cohesión territorial y el fomento de la identidad canaria.

Intervenciones de Vox, AHI y ASG

Paula Jover, de Vox consideró que la norma aumenta el control político sobre Radiotelevisión Canaria, incorpora postulados ideológicos como la perspectiva de género o el nacionalismo, reduce el control parlamentario, crea nuevos órganos que podrían favorecer la designación de personas afines a los partidos y mantiene la falta de pluralidad informativa en los medios públicos.

Para la diputada de ASG Melodie Mendoza, la nueva ley fortalece la estabilidad institucional de Radiotelevisión Canaria, evita bloqueos y permite unos servicios informativos sólidos, rigurosos e independientes.

Raúl Acosta, de AHI, defendió que la tramitación parlamentaria permitió incorporar muchas de las reivindicaciones de los trabajadores, así como el blindaje de los informativos y garantías para la radio pública.

Cabe recordar que desde la llegada del nuevo director general de RTVC, César Toledo, se ha producido un goteo incesante de dimisiones en el ente público, desde el director de informativos, hasta parte del departamento de administración e incluso la administradora general del ente, María Méndez, que había sido colocada por Fernando Clavijo para dirigir el medio público, y lo hizo, hasta que fue puenteada con la designación de Toledo como director de Medios y Contenidos.

La plantilla de RTVC se encuentra, además, en pie de guerra, con un huelga anunciada por la deriva que lleva la televisión pública tras la llegada de su nuevo administrador general, a la que siguieron de inmediato ceses y dimisiones en cascada, además de continuos incumplimientos de convenio.