Opositores a la Policía Canaria cuestionan “el rigor y la objetividad” del tribunal del proceso selectivo para cubrir 141 plazas

Un grupo de aspirantes a ingresar en la escala básica de la Policía Canaria (grupo C, subgrupo C1) se ha unido para denunciar, tanto en la vía administrativa como en la judicial, la “concatenación” de irregularidades que, a su juicio, se han sucedido en el proceso selectivo para cubrir 141 plazas de agente en el cuerpo autonómico.

Los opositores cuestionan el “rigor, la objetividad y la transparencia” del tribunal calificador “en todas sus fases”. Desde la elaboración del examen teórico tipo test, con preguntas “fuera de temario”, basadas “en premisas falsas”, o con formulaciones ambiguas, “alejadas del manual de buenas prácticas” de la Dirección General de Función Pública, hasta el supuesto práctico, la última prueba, celebrada el pasado 6 de septiembre.

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias convocó el proceso selectivo en noviembre de 2023. En principio, ofertaba 80 plazas para el empleo de policía, pero en abril de 2024 amplió a 141 plazas.

El proceso selectivo aún no ha concluido, pero el colectivo ya ha fijado su hoja de ruta, que concluirá previsiblemente en los juzgados con la presentación de un recurso contenicio-administrativo.

Examen tipo test

El examen teórico, consistente en cien preguntas tipo test, se celebró el 9 de agosto y dio origen a una avalancha de alegaciones que fueron desestimadas en bloque, con una respuesta genérica, por parte del tribunal calificador, presidido por un inspector de la Policía Canaria.

En alguna de esas alegaciones, los opositores impugnaban hasta quince de las cien preguntas, al considerar que contravenían la normativa vigente y el manual de buenas prácticas de los procesos selectivos, un documento aprobado en octubre de 2024 por la Dirección General de Función Pública del Gobierno canario.

Hay varios ejemplos. Un enunciado preguntaba por la composición del Gobierno. Y daba tres opciones. La primera: “Presidente, un vicepresidente y ministros”. La segunda: “Presidente, uno o más vicepresidentes y, en su caso, de los ministros”. La tercera: “Presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado”. Las alegaciones incidían en que la redacción de las respuestas forzaba a los aspirantes a elegir “entre tres opciones falsas”.

La respuesta correcta, según una transcripción fiel de la norma (Artículo 1.2 de la Ley 50/1997), sería que el Gobierno se compone “del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros”. La clave está en la posición de las comas. La norma original no deja lugar a duda. Ese “en su caso” se refiere a los vicepresidentes. Es decir, puede haber uno o varios. Nunca puede referirse ese elemento eventual, no obligatorio, a los ministros, que es lo que se infiere de esas comas desplazadas de la pregunta del examen (“y, en su caso, de los ministros”).

Otra de los enunciados afirmaba que el artículo 167 del Código Penal contempla una “forma agravada de detención ilegal”. En sus alegaciones, los aspirantes exponían que ese artículo no regula un subtipo agravado, sino “un delito autónomo y sustantivo”, el de detención ilegal cometido por autoridad o funcionario público. Esa redacción ponía, por tanto, al opositor en la tesitura de “aceptar la premisa falsa del enunciado” para seleccionar la respuesta correcta.

También se quejaban de que algunas de las preguntas se “extralimitaban” del temario oficial del proceso selectivo (compuesto por 45 temas). Por ejemplo, al obligarles a conocer la estructura orgánica de la Administración General del Estado. “Se evalúa un conocimiento no exigible”, advertían.

Otras preguntas adolecían, según los reclamantes, de un “vicio de ambigüedad insalvable”. Por ejemplo, la que cuestionaba “cuántas islas principales forman el Archipiélago canario”. El elemento controvertido es aquí el “concepto jurídico indeterminado” de “principales”, puesto que, según los aspirantes, se podía referir tanto a las islas que disponen de cabildo, con lo cual la respuesta correcta sería siete (La Graciosa no tiene), como a las que están enumeradas en el Estatuto de Autonomía, que son ocho. “La pregunta no mide el conocimiento del aspirante, sino su capacidad de adivinar cuál de los dos criterios objetivos posibles ha preferido subjetivamente el tribunal”.

Esas alegaciones aludían al manual de buenas prácticas de los tribunales calificadores, que estipula que las preguntas “deben formularse sobre la base de la certeza normativa”, bajo el principio de objetividad, y “ceñirse estrictamente a los contenidos o partes del programa de temas exigible”.

Alegaciones desestimadas

Al examen tipo test se presentaron 450 candidatos. Aprobaron 379 (84%) y suspendieron 71 (16%).

El tribunal calificador desestimó todas las alegaciones presentadas. En su respuesta genérica, sostuvo que las preguntas contaban “con un enunciado adecuado”, que el texto “era objetivo” y su interpretación, “nítida y clara”. También defendía que no había posibilidad de considerar “las interpretaciones alternativas” de los aspirantes reclamantes y que el contenido de las preguntas y las respuestas era “plenamente ajustado al temario recogido en las bases de la convocatoria”.

Según ha explicado a este periódico el instructor de la academia Apolocan Eduardo Wesley Del Rosario, erigido en portavoz de los afectados, tras esa desestimación masiva de alegaciones, varios aspirantes presentaron un recurso de alzada ante el órgano convocante. Esto es, ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias.

Ante la falta de respuesta de la administración, ya preparan la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo contra ese examen tipo test, con el objetivo de anular las preguntas controvertidas. De momento, según Del Rosario, ya hay alrededor de un centenar de aspirantes que quieren presentar la acción judicial. “Hay diferentes grupos”, afirma.

Supuesto práctico

La última fase del proceso selectivo se celebró el pasado 6 de septiembre. El colectivo denunciante sotiene que el documento del examen publicado en la web por el tribunal “no es el mismo” que el entregado en el aula. Una de las preguntas, la número siete, “fue modificada a posteriori”, un hecho que, en opinión de los aspirantes, reviste una “extrema gravedad”.

Además, el ejercicio no consistió en un supuesto práctico como estipulaban las bases, sino en la detección “de errores ocultos”, aseguran. “En el enunciado de la pregunta se incluyeron errores buscados (de forma intencional). De hecho, en una de las preguntas, la número 7, había que detectar los errores del texto. ¿Qué ocurre? Que con el resto de preguntas no sabías si debías responder con lo que tendría que ser o con lo que ponía el texto, con esos errores”, señala Del Rosario.

Y pone un ejemplo. El ejercicio preguntaba quién debía imponer una sanción a un agente del cuerpo que, según el enunciado, había cometido una infracción tipificada como grave. Sin embargo, esa infracción conllevaba una separación del servicio y, por tanto, era muy grave. Por tanto, los aspirantes volvían a enfrentarse a otra disyuntiva. Calificar la infracción como grave (como sostenía, por error buscado, el texto) o como muy grave (como debía ser en realidad). Cada opción implicaba una respuesta diferente.

Otras quejas tienen que ver con el reducido espacio para contestar las preguntas del supuesto práctico o el tiempo para completar el ejercicio (una hora), “materialmente insuficiente”.

Las notas provisionales del supuesto práctico fueron publicadas el 6 de octubre. De un total de 373 aspirantes, fueron declarados aptos 203 y no aptos, 170. Los aspirantes tenían tres días para presentar alegaciones. A partir de ahí, si también son desestimadas, el proceso sería el mismo que con el examen teórico tipo test. Es decir, deberán presentar un recurso de alzada ante el Gobierno de Canarias y, en última instancia, un recurso en los juzgados de lo contencioso bien para pedir la anulación de toda la prueba o de alguna de sus preguntas.

Los aspirantes también cuestionan la transparencia del proceso en relación con la publicación de las notas provisionales del supuesto práctico, puesto que “no se ha facilitado el desglose de la puntuación” y no pone el nombre de los candidatos, sino su código.

En conclusión, el colectivo entiende que las irregularidades, “vistas en su conjunto”, dibujan un proceso selectivo “que carece del rigor, la objetividad y la transparencia exigibles para seleccionar a los futuros agentes que deben velar por el cumplimiento de la ley en Canarias”.

Un tribunal “completamente indepediente”

Desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señalan que el proceso selectivo aún no ha concluido, que está en fase de alegaciones y que, por tanto, desde este departamento no se hará ninguna valoración para no interferir en su desarrollo.

Fuentes oficiales de la Consejería que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) precisan, no obstante, que el tribunal calificador es “completamente independiente” y que el Gobierno regional solo puede actuar, en caso de que se detectara alguna irregularidad, cuando finalice el proceso selectivo.

Aquellos que superen las pruebas, pasarán a la revisión médica y podrán iniciar la segunda fase, con la entrada en la Academia Canaria de Seguridad, prevista en principio para este mes, para realizar el curso básico de acceso a la Policía Canaria, que consta de 1.100 horas de formación.

“Esta oferta de empleo de 141 plazas permitirá poner en marcha el despliegue del cuerpo general por todo el archipiélago, con la apertura de comisarías en islas no capitalinas”, anunciaba recientemente la Consejería.