Rebelión vecinal contra una planta de biogás en tres pueblos de Huesca: “No es energía verde, es convertirnos en un vertedero industrial”

Vecinos y colectivos del municipio de Loporzano, junto a residentes de Tierz y Quicena, han hecho pública su oposición frontal al proyecto de construcción de una planta de biogás promovida por la empresa Catalana de Biogás, vinculada a fondos de inversión del Banco Sabadell. La instalación, diseñada para procesar hasta 95.000 toneladas anuales de purines y residuos cárnicos, se encuentra en tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ha encendido todas las alarmas en un territorio que se considera ya suficientemente presionado por infraestructuras y proyectos industriales.

Los colectivos vecinales califican la dimensión del proyecto como “inasumible” y alertan de que se trata de una planta de carácter industrial, incompatible con un entorno rural próximo a espacios habitados, patrimonio histórico y áreas naturales de alto valor. Frente al discurso de la empresa, que presenta la instalación como un equipamiento de tamaño pequeño-medio y de impacto limitado, los vecinos subrayan que la cifra de residuos a tratar la convierte en una de las mayores plantas previstas en la provincia.

Uno de los ejes de la crítica es la ubicación. Aunque desde la promotora se habla de un emplazamiento alejado, las distancias reales desmienten ese relato. Las llamadas Trincheras de Tierz se encuentran a menos de 700 metros de la futura planta; el núcleo urbano de Tierz, a 1,82 kilómetros; Loporzano y Quicena, a 2,75 kilómetros; el Castillo de Montearagón, declarado Bien de Interés Cultural, a 2,43 kilómetros; y la ciudad de Huesca, con más de 55.000 habitantes, a menos de cinco kilómetros.

“Es imposible hablar de un proyecto aislado cuando se sitúa prácticamente pegado a pueblos, viviendas, patrimonio histórico y a una capital de provincia”, denuncian los portavoces del movimiento vecinal. En su opinión, la localización convierte a la planta en un foco potencial de afección directa a miles de personas, tanto por los impactos ambientales como por los sanitarios.

En este sentido, los vecinos alertan de los riesgos asociados a las emisiones de gases como el amoniaco o el ácido sulfhídrico, responsables de malos olores persistentes y de problemas respiratorios, así como de la posible contaminación de acuíferos por nitratos en una zona ya catalogada como especialmente vulnerable. A ello se suma la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), que incrementa el riesgo biológico y la proliferación de insectos y roedores.

El tráfico pesado es otro de los factores que más preocupa. La planta requerirá un flujo constante de camiones cargados de residuos, circulando a diario tanto por la autovía como por carreteras locales, con el consiguiente aumento de ruido, emisiones, peligrosidad vial y deterioro de la calidad de vida. “No estamos hablando de unos pocos vehículos, sino de una logística industrial permanente”, insisten.

Desde el movimiento vecinal se acusa a la empresa de practicar “greenwashing” al presentar el proyecto como una solución ecológica y de proximidad. Según los colectivos, el municipio de Loporzano ya tiene sus residuos ganaderos y orgánicos gestionados mediante acuerdos existentes, sin necesidad de implantar una infraestructura de esta magnitud. “No hay una demanda real del territorio. Lo que hay es un modelo extractivo pensado para absorber residuos de fuera y garantizar la rentabilidad de la planta”, señalan.

En este marco, los vecinos hablan abiertamente de la conversión del entorno en un “vertedero industrial al servicio de fondos de inversión sin ningún arraigo en la zona”. Consideran que el beneficio económico se concentra en la empresa, mientras que los impactos negativos recaen sobre la población local.

Uno de los puntos más sensibles es la proximidad al Castillo de Montearagón, uno de los principales referentes patrimoniales de la Hoya de Huesca. A poco más de dos kilómetros, los colectivos alertan de un impacto visual y paisajístico irreversible. “El patrimonio no se puede trasladar ni compensar. Las instalaciones industriales transforman el paisaje y condicionan la forma en que entendemos y disfrutamos nuestro legado histórico. El patrimonio no se mide en kilómetros”, subrayan.

También cuestionan el consumo energético del proyecto. Según la propia documentación de la promotora, la planta necesita alrededor de un megavatio hora (MWh) para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación. Tras el proceso, el digestato caliente se deposita en balsas exteriores, liberando calor al entorno. Los vecinos comparan esa cifra con el consumo doméstico: equivale al funcionamiento simultáneo de entre 400 y 500 viviendas con bombas de calor. “El impacto térmico también existe y no se está teniendo en cuenta en el debate público”, advierten.

El rechazo no se limita a los impactos humanos. El proyecto se sitúa en un corredor natural clave para la biodiversidad, especialmente para aves rapaces que se desplazan entre la Sierra de Guara y los Monegros. El entorno del Flumen, el Salto de Roldán, Tierz, Monflorite y la serreta de Piracés es utilizado a diario por buitres y por especies protegidas como el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real o el halcón peregrino.

Este valor natural sustenta además un creciente turismo de naturaleza y de observación de aves, que podría verse seriamente afectado por una instalación industrial permanente. “Defender el territorio es también defender el cielo que lo cubre”, resume uno de los lemas del movimiento.

La plataforma vecinal se articula tras la reunión celebrada el pasado 16 de enero, en la que el Ayuntamiento de Loporzano y la empresa presentaron el proyecto. Más de 160 personas asistieron al encuentro y, según los organizadores, la mayoría expresó su rechazo y preocupación, tanto por el tamaño de la planta como por la falta de información previa.

Los vecinos denuncian que el proyecto se conoce desde febrero del año pasado, pero que no se comunicó de forma transparente ni a la población ni a los municipios potencialmente afectados. En estos momentos, la iniciativa se encuentra en tramitación ante el INAGA, sin que el expediente sea aún público. Los colectivos están solicitando formalmente ser reconocidos como personas interesadas para acceder a la documentación y conocer el alcance real del proyecto.

Existe además inquietud por el marco normativo. Tras las modificaciones legislativas en Aragón, este tipo de instalaciones pueden tramitarse mediante procedimientos ambientales simplificados. “Es un sistema claramente insuficiente para evaluar los impactos de una planta industrial de estas dimensiones”, denuncian.

Mientras esperan la apertura del periodo oficial de información pública, los vecinos han iniciado una campaña de movilización que incluye un canal en Instagram (@StopBiogasLoporzano), recogida de firmas en Change.org que ya ha superado las 2.100 y una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados. Exigen al consistorio de Loporzano que no firme la declaración de interés social, al considerar que no existe consenso vecinal ni una justificación real de interés público.

Además, el movimiento se coordina con la plataforma Stop Biogás Somontano, al tratarse de la misma empresa promotora y de un modelo de proyecto similar al planteado en otros puntos de la comarca. “No es un caso aislado, es un patrón que se repite. Si no se le pone freno, el territorio se verá colonizado por este tipo de macroinstalaciones”, advierten.

Frente a esta oposición, el alcalde de Loporzano, David Suelves, ha declinado hacer declaraciones, aunque recuerda que se trata de un proyecto privado en una finca privada y que seis de los siete concejales son favorables. Considera que se está generando un debate innecesario y subraya que la tramitación no depende del Ayuntamiento, sino del INAGA.

Suelves defiende que para un municipio pequeño como Loporzano los beneficios económicos serían importantes, tanto por licencias como por impuestos y la ubicación de la sede social de la empresa. También señala que representantes municipales visitaron una planta similar en Francia invitados por la empresa y que no apreciaron ni malos olores ni problemas.

Por su parte, la empresa Catalana de Biogás sostiene que mantiene un “compromiso firme con el territorio” y que su voluntad es desarrollar el proyecto desde la transparencia y la pedagogía. La empresa reconoce que este tipo de instalaciones generan dudas, pero insiste en que las plantas modernas cuentan con garantías técnicas y ambientales suficientes.

Desde la promotora aseguran que la sesión informativa fue positiva, que muchas personas agradecieron las explicaciones y que seguirán organizando encuentros. Defienden que se trata de una planta de tamaño pequeño-medio orientada a la correcta gestión de residuos ganaderos existentes y recuerdan que los objetivos de la Unión Europea en materia de transición energética obligan a impulsar este tipo de infraestructuras.

Los vecinos, sin embargo, no comparten ese diagnóstico. “No estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de que se utilicen como coartada para imponer un modelo industrial que sacrifica el territorio y la salud de quienes vivimos aquí”, concluyen. Y lanzan un mensaje directo a las instituciones: “El territorio también tiene derecho a decidir. Este proyecto se puede parar”.