Los agricultores de cercanía del rastro de Zaragoza denuncian el cambio de ubicación y la adjudicación de puestos

El conflicto entre los productores de proximidad y el Ayuntamiento de Zaragoza en torno al mercadillo dominical del Parking Sur de la Expo suma un nuevo capítulo judicial. La Asociación de Agricultores en Peligro de Extinción ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspenda cautelarmente la reubicación de sus puestos al final del recinto, mientras mantiene su recurso contra la licitación municipal de diez puestos agroalimentarios y ha presentado una querella contra el consejero de Economía del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, por la concesión directa de uno de ellos.

El origen se remonta a 2021, cuando cuatro productores de la Asociación de Hortelanos y Productores de Zaragoza instalaron sus primeros puestos junto a los mercados textil y viejo del rastro, en la entrada principal de la avenida de la Expo 2008. La iniciativa, impulsada entonces por la consejera de Economía, Carmen Herrarte, buscaba acercar a los zaragozanos productos frescos de temporada y de proximidad, y dinamizar el mercado dominical. “Si en un futuro tanto vendedores como clientes están satisfechos con la propuesta, estudiaremos el aumento de puestos hasta los ocho”, explicaba Herrarte. Esta propuesta tenía una vigencia de seis meses, prorrogables otros seis. Al finalizar el año, se hizo un informe valorando positivamente la experiencia pero, según explican los productores, con el cambio en la consejería tras las elecciones de 2023, el nuevo consejero, Carlos Gimeno, “no ha respondido” a la intención de renovar el convenio.

La polémica por la reubicación

En 2025, el Ayuntamiento decidió trasladar los puestos agrícolas al final del mercadillo, con el argumento de favorecer la sinergia con los puestos textiles y mejorar la distribución general del mercado. Pero los agricultores denunciaron que la nueva ubicación dificultaba la llegada de clientes y la carga de productos frescos, muchos de ellos voluminosos y perecederos, generando pérdidas económicas. La zona original, a la entrada del parque, estaba “próxima a la parada del autobús y con sombra, lo que es importante para nuestros productos”, explican fuentes de la asociación de productores, que critican que el cambio se produjo de forma “unilateral” y que perjudicaba a las ventas “porque estaba mucho más lejos y la gente tenía que volver cargada”.

El conflicto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón cuando la asociación solicitó la suspensión cautelar del traslado. El TSJA consideró que, aunque los puestos agrícolas representan solo seis o siete del total, la medida podría causar un perjuicio significativo a los vendedores. Por ello, decidió mantenerlos en su ubicación original mientras se tramita el recurso principal.

La sentencia subraya que los argumentos del Ayuntamiento sobre beneficios para el mercado en general “no se han acreditado suficientemente” y que la reubicación alteraba de manera importante la experiencia de venta de los agricultores. Además, destaca que no se han presentado pruebas de perjuicios económicos irremediables para la administración ni para otros puestos. Según el tribunal, la resolución municipal “solo ha perjudicado a los puestos agrícolas y, además, al público que acudía a estos y ha dejado de hacerlo”. Por eso, suspendió la resolución dictada el 26 de mayo de 2025 y permitió que los puestos mantuvieran su ubicación durante la tramitación del procedimiento.

La querella y los criterios de venta

La controversia judicial no se limita a la ubicación de los puestos. La Asociación de Agricultores en Peligro de Extinción presentó una querella contra el consejero de Economía, Carlos Gimeno, por la concesión directa de uno de los diez puestos agroalimentarios creados por el Ayuntamiento. Según fuentes de la asociación, “no se respetaron los principios de transparencia y concurrencia en la adjudicación”, y la medida podría haber favorecido intereses particulares en detrimento de los pequeños productores locales.

La querella pretende además que se investigue si estas adjudicaciones directas vulneran la normativa que protege a los productores de proximidad y garantizan la igualdad de oportunidades. La asociación denuncia que decisiones de este tipo pueden afectar de manera directa la viabilidad de sus puestos y la relación con los clientes, al permitir que competidores no locales accedan a un espacio pensado para productores genuinos. “Queremos asegurarnos de que los puestos sean para agricultores y productores locales, que cumplan con los estándares de trazabilidad y ofrezcan productos de temporada, evitando intermediarios o grandes distribuidores”, señalan fuentes de la organización. Además, subrayan que se prioriza a quienes mantienen una producción sostenible y responsable con el entorno urbano, con el fin de preservar la esencia del mercado de proximidad y asegurar la experiencia de compra directa para los consumidores.

Desde la asociación denuncian que la combinación del traslado al final del mercadillo y la concesión directa de puestos “amenaza la viabilidad de nuestro proyecto y la relación directa con los clientes, que es la esencia de nuestro mercado”. Por eso consideran imprescindible que se respeten sus criterios de venta, para que el mercadillo siga siendo un espacio de comercio local auténtico y no un escaparate para distribuidores externos.

Mientras los procedimientos judiciales siguen su curso, la Asociación confía en que se respete tanto la legalidad en la adjudicación de los puestos como la ubicación de los productores durante la tramitación del recurso principal. “Nuestro objetivo no es confrontar con otros vendedores, sino garantizar que los agricultores de proximidad puedan seguir ofreciendo productos frescos, de calidad y accesibles a los ciudadanos”, concluyen fuentes de la organización.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha defendido que cualquier actuación que realiza esta Consejería “es conforme a derecho” y ha dicho desconocer “el contenido” de la querella presentada contra Gimeno.