Los afectados del edificio derrumbado en Teruel acusan a la alcaldesa, Emma Buj, de querer “enfrentar” a vecinos

La plataforma de afectados por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21 de Teruel ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de “enfrentar” a vecinos en pleno proceso judicial por el colapso del inmueble, ocurrido el 13 de junio de 2023. El abogado de los afectados, José Manuel Aspas, ha cuestionado las recientes declaraciones de la alcaldesa, Emma Buj, sobre posibles ayudas a los propietarios del número 19, también afectado por las consecuencias del derrumbe.

Aspas ha comparecido para actualizar la situación judicial del caso cuando están a punto de cumplirse tres años del siniestro. Según ha explicado, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Teruel por responsabilidad patrimonial continúa avanzando en el juzgado, aunque con una “tramitación un tanto pausada”.

La reclamación fue presentada después de que el expediente administrativo fuera desestimado por silencio. En la causa figuran como demandantes la comunidad de propietarios, propietarios e inquilinos del edificio derrumbado y, como demandados, el Ayuntamiento de Teruel, la aseguradora municipal Mapfre, la concesionaria Aguas de Valencia y el Consorcio de Compensación de Seguros.

El abogado ha señalado que el procedimiento entrará próximamente en fase de prueba, una etapa que considera “esencial” por las declaraciones y ratificaciones de los distintos peritos implicados.

Demanda del edificio colindante

A este proceso se suma además un nuevo frente judicial. Los propietarios del número 19 de la calle San Francisco han presentado recientemente una demanda civil contra los afectados del número 21 en la que reclaman más de 1,3 millones de euros por los daños sufridos tras el derrumbe del conocido como edificio Amantes.

El inmueble colindante quedó gravemente afectado por el colapso y terminó siendo declarado en ruina. Los vecinos del número 19 sostienen que llevan casi tres años sin poder volver a sus viviendas y defienden que la vía judicial es la única salida mientras no se determinen responsabilidades y las aseguradoras no asuman indemnizaciones.

Desde la plataforma de afectados del número 21 reconocen que la demanda es “una decisión legítima” en defensa de sus intereses, aunque Aspas cuestionó tanto el momento escogido como las declaraciones realizadas esta semana por la alcaldesa.

La polémica surge después de que Emma Buj anunciara una subvención de 94.160 euros para rehabilitar un edificio de cuatro viviendas dentro del programa PREP del entorno de La Parra, financiado con fondos europeos y orientado a la regeneración urbana. Durante su comparecencia, la alcaldesa defendió “la clara apuesta” del Ayuntamiento por la rehabilitación y la recuperación de viviendas vacías en el centro histórico de Teruel.

A raíz de esas palabras, Aspas considera que el Ayuntamiento está abriendo la puerta a incluir también a los vecinos del número 19 en futuras ayudas municipales pese al litigio existente entre ambas comunidades. “Nos parecen unas declaraciones poco afortunadas”, afirmó el abogado, que cree que pueden generar “una suerte de enfrentamiento entre dos comunidades y entre dos grupos de vecinos”, cuando, a su juicio, el Consistorio debería mantener “una posición neutral”.

Durante su intervención, Aspas también deslizó sospechas sobre la documentación incorporada a la demanda presentada por el número 19. Según afirmó, algunos documentos “solo están en posesión del municipio y de San Francisco 21, y en su caso del juzgado contencioso”, por lo que considera que podrían haber salido del Ayuntamiento. Aunque reconoció que se trata de una cuestión “difícil o imposible de probar”, aseguró que han solicitado explicaciones formales al Consistorio ante una posible “revelación indebida de secretos”.

El abogado también advirtió de las consecuencias económicas que podría tener el desenlace judicial. Según expuso, si la comunidad del número 21 fuera condenada a indemnizar al número 19 y posteriormente prosperara la reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento, el coste acabaría repercutiendo sobre las arcas públicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Teruel ha respondido posteriormente mediante un comunicado en el que reivindica su actuación “desde el primer momento” tras el derrumbe. El Consistorio asegura que durante estos años ha trabajado “con responsabilidad, compromiso y voluntad de colaboración con los damnificados”, priorizando la atención a las personas afectadas “dentro de las competencias municipales”.

Asimismo, el Ayuntamiento afirma que no entrará “en una dinámica de declaraciones públicas destinadas a responder o desmentir” lo que considera “informaciones inexactas, falsedades y bulos” sobre su actuación. El comunicado concluye señalando que el objetivo del Consistorio sigue siendo “dar respuesta y acompañamiento a quienes se vieron perjudicados por este suceso”.