El “calvario” de los vecinos dos años después del derrumbe del edificio de Teruel: “El Ayuntamiento está paralizado”

Hace dos años, 21 familias de Teruel lo perdieron todo. Vieron como el edificio donde vivían se venía abajo. No murió nadie, pero la rabia de los afectados sigue vigente al no obtener respuestas. Pilar es una de las personas que habitaban ese edificio. Con la voz entrecortada, recuerda todo lo que perdió, incluidas dos mascotas, “un agaporni y mi gatita, que era mi vida entera. Perdimos todo, todo lo que habíamos creado durante toda nuestra vida”, explica. 

El número 21 de la calle de San Francisco de Teruel se derrumbó por completo el 13 de junio de 2023 y el edificio de al lado, el 19, fue declarado en ruina. Dos años después, las quejas de los afectados contra la gestión del Consistorio siguen vigentes, puesto que todavía no se han aclarado de forma oficial las causas del derrumbe. Una vez que se conozcan las causas, se identificará quién tiene la responsabilidad de asumir el resarcimiento, que puede conllevar un importe millonario.

La Plataforma de Afectados de la Calle San Francisco de Teruel ha denunciado la falta de respuestas por parte del Consistorio y de las aseguradoras. Exponen que han realizado las pruebas para analizar el origen del agua y consideran que no se dan respuestas como “estrategia de defensa para eludir cualquier tipo de responsabilidad, ahora que los vecinos han puesto de manifiesto que fue el agua procedente de las redes municipales la causa del hundimiento del edificio”. 

Javier Carbó, portavoz de la Plataforma, explica que realizar las pruebas “ha sido un calvario” y que en todo momento “nos han puesto pegas y trabas”: “Hasta finales de julio de 2024 no se nos permitió entrar en nuestro solar a realizar las pruebas, agosto es inhábil, así que tuvimos solo septiembre y octubre, en noviembre nos dijeron que caducaba el proceso. Recurrimos y conseguimos siete semanas más. La realidad es que a finales de febrero, los únicos que hemos trabajado y tenemos un informe potente para demostrar que el agua había afectado a nuestro edificio somos nosotros”. 

El Consistorio, tal y como han confirmado fuentes del mismo a este diario, no va a realizar pruebas propias y lo deja en manos de la empresa aseguradora. Carbó sostiene que todo se “está demorando” y que “el tiempo corre en nuestra contra. No era un edificio viejo, es la punta del iceberg del problema que nos encontramos en la ciudad y en esta calle”. Fuentes del Ayuntamiento explican que las aseguradoras “están haciendo las pruebas pertinentes cuando las hayan realizado entiendo que informarán de los resultados” y justifican la demora en realizarlas por la falta de permiso de los propietarios: “Si no ha hecho antes ha sido porque la aseguradora no tenía permiso para acceder al solar que es una propiedad privada”.

Críticas al “abandono” del Ayuntamiento

Pilar cuenta que el primer año no se creían lo que les había sucedido. “Estábamos haciendo eventos. Pero, al parar este año, me relajé y me dio una sacudida, llevo siete meses de baja por esto, no estamos bien”, dice. Asegura que el Ayuntamiento, “que es quien nos tendría que ayudar, está paralizado, no dan su brazo a torcer. Lo estamos pasando mal porque está todo muy parado, nosotros cumplimos con los plazos, pero no sabemos en qué lugar se quiere poner el Ayuntamiento, si de víctimas o de qué”. 

Desde hace dos años, este matrimonio vive en un piso cedido por la Diputación de Teruel. Sin embargo, Pilar expone que no los siente suyo. “Ves que no es tu casa, no tienes libertad de poner tus cosas. Me está costando mucho acostumbrarme al piso, lo tengo que hacer en el hogar donde estoy viviendo desde hace dos años. Cada día se te pasa por la cabeza si nos van a echar, es la incertidumbre que está creando el que no sabes donde vas a ir a parar”. 

Elvira Martín es la vicepresidenta de la asociación de vecinos del barrio. Explica que los vecinos de las fincas adyacentes tienen una problemática derivada del hundimiento del número 21. El día 9 de junio, cuatro días antes del desastre, Martín y Carbó acudieron al Ayuntamiento al haber agua en los garajes del edificio del Martín que los bomberos “no eran capaces de sacar con una bomba. Estuvieron desde el mediodía hasta la mañana del día siguiente achicando agua con la bomba más potente que tienen”. Uno de los bomberos avisó de que la situación “no era normal” y, a las dos horas, dejó de entrar agua al edificio.

Ese viernes 13 de junio, en todas las fincas de la zona estaba entrando agua en los garajes, según expone Martín. Estaban preparando un escrito para enviarlo al Consistorio, pero “no nos dio tiempo, se hundió el edificio antes”. El 20 de junio, una semana después del derrumbe, analizaron el agua de los garajes y “tenía cloro. Solo hay agua con cloro en las redes municipales, no en la naturaleza”. Esa primera analítica no está certificada, la hicieron por su cuenta. 

Los vecinos afectados se organizaron, según explica Carbó, para presentar una probatoria y así reclamar lo que se había hundido. El Consistorio se hizo cargo del desescombro y gran parte del presupuesto se destinó a “un muro de contención, lo que demuestra que la situación de las calles es problemática. La manera de realizar el desescombro ha sido sujetar la calle”.

Denuncian que, dos años después, “nos encontramos en la misma situación de abandono”. Martín expone que la última vez que se reunieron con el equipo municipal fue en mayo de 2024, “una reunión hostil en la que nos vinieron a decir que no iban a hacer nada”. Solicitan la “rehabilitación integral de la zona, que se analicen los problemas y se les dé solución. Han dejado a un colectivo de vecinos sin acompañamiento y que sean ellos los que demuestren que su edificio se cayó por una entrada masiva de agua con origen en las redes municipales”. 

Reclaman que la parte del Ayuntamiento “está sin hacer”, que “las redes de saneamiento no van canalizadas por tuberías, es un sistema de arquetas de principios del siglo pasado”. Respecto a los próximos pasos, Martín explica que siguen siendo los mismos que hace dos años: “Analizar las deficiencias, trasladarlas al Consistorio y pedirle que haga una rehabilitación integral de la zona. Los vecinos necesitan una administración que les ayude. Nadie excepto los vecinos han analizado la procedencia del agua”. 

Carbó representa a los más afectados, los que perdieron sus casas. Sin embargo, el edificio colindante, el 19, ha sido declarado en ruina inminente y, si se tira, el 17 también se verá afectado, aunque este está deshabitado. “Todos los de la calle estamos afectados, pero estamos nosotros que nos hemos quedado sin casa y con un problema administrativo que puede suponer la ruina. No es solamente superar la pérdida de la vivienda, necesitamos que se trabaje en que es que ahora está en nuestra mano, acompañarnos, que el Ayuntamiento también ponga de su parte”. 

Unión vecinal 

Pilar destaca el apoyo de los vecinos, tanto los demás afectados como los del entorno. Comenta que son “una piña” y que “lo único que ayuda es cuando estás con los vecinos y te das un abrazo, eso y la familia, es todo lo que tenemos”. Durante estos meses, han realizado eventos para recaudar fondos y asegura que “la gente de Teruel se ha portado divinamente y lo siguen haciendo. Gracias a los eventos hemos sacado un poco de dinero para tirar hacia delante”. Este dinero es necesario para pagar peritos y abogados y, según explica Pilar, es mucho: “El año pasado ya pagamos una derrama de 2.000 euros y este año tocaban 5.000, aunque lo hemos dividido en tres años. Llevamos un dineral gastado, pero lo hacemos con fuerza, luchando”.

Martín explica que, desde el primer momento, los vecinos han estado organizados: “Eso ha supuesto la posibilidad de defensa de un colectivo y de sentirse apoyados, ha sido una cosa realmente dura”.

Pilar no sabe cómo acabará todo, aunque tiene claro que esta situación les “ha destrozado la vida”: “Yo antes era más negativa, ahora pienso que no voy a recuperar lo que se nos llevó la casa, por lo menos que reconozcan las causas”. Destaca que la calle entera “está de pena, van a caer más edificios” y exige que se mejore la situación para que no suceda más y “no pille a nadie dentro”. “Es desolador, piensas que en vez de estar parados, desde el Ayuntamiento podrían agilizar las cosas y apoyarnos, ya que son los que mandan”. 

“Responsabilidad pública”

Desde la oposición municipal del PSOE, el edil José Antonio Guillén valora dos años después la “prueba para el conjunto de la sociedad turolense” que supuso el derrumbe. “Además de ponernos en su lugar y empatizar con los afectados, seguro que son muy pocos los turolenses que no tenemos un familiar, un amigo o un conocido en los números 19, 21 y 23-25 de la calle San Francisco”, afirma el concejal socialista, que expresa su “solidaridad y comprensión” hacia los vecinos.

A su vez, Guillén sostiene que el suceso genera una “responsabilidad pública”. “Circunstancias como el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco terminan convirtiéndose en un espejo en el que reflejamos como personas y como políticos y la imagen que te devuelve ese espejo no está siendo la mejor, ni mucho menos”, recuerda el edil socialista. Y destaca en este sentido que “los propios afectados denuncian falta de empatía por parte del equipo de gobierno”, además del “calvario administrativo al que se están enfrentando” o “un clima de confrontación constante que llega incluso a poner en duda la legitimidad de las personas” elegidas como portavoces por los propios afectados.