Empieza el camino para regular las redes sociales

Es, probablemente, uno de los debates políticos más importantes de nuestro tiempo: quién pone las reglas en las redes sociales. Si las ponen los parlamentos, la ciudadanía y los derechos; o si las siguen poniendo un puñado de gigantes tecnológicos, la mayoría estadounidenses, que han convertido nuestra atención y nuestros datos en una fuente inmensa de negocio.

Durante años nos han dicho que las redes son simplemente herramientas que usamos libremente. Pero cualquiera que las utilice sabe que no funcionan así. Están diseñadas para que sigamos dentro, para que miremos un vídeo más, para que volvamos cuando suena una notificación, para que compartamos más datos, más tiempo y más vida.

Mark Fisher arrancaba 'Realismo capitalista' recordando una frase atribuida a Fredric Jameson y Slavoj Žižek: parece más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Con las redes sociales pasa algo parecido: nos han querido convencer de que su funcionamiento era inevitable, de que no había alternativa, de que solo cabía adaptarse a lo que decidieran Meta, TikTok, YouTube, X o Snapchat. Pero no es verdad. Lo que está diseñado políticamente también puede regularse políticamente.

Las enmiendas que se tramitan en el Congreso, a petición de Sumar y el PSOE, apuntan a un cambio de fondo: dejar de cargar toda la responsabilidad sobre las familias, la infancia y la adolescencia, y empezar a exigir responsabilidades a quienes diseñan, gobiernan y monetizan los entornos digitales.

La primera enmienda fija los 16 años como edad mínima de acceso a redes sociales que no acrediten condiciones suficientes de seguridad y garantía de derechos para la infancia. Es decir: las redes sociales que no adapten su funcionamiento no podrán permitir el acceso a menores de 16 años.

No hablamos de prohibir internet. No hablamos de impedir el acceso a enciclopedias digitales, plataformas educativas, repositorios de software o herramientas de investigación. Hablamos de redes sociales comerciales construidas sobre recomendación algorítmica, publicidad personalizada, contacto con desconocidos, exposición permanente y extracción masiva de datos.

La clave es sencilla: si una plataforma quiere estar abierta a menores de 16 años, tendrá que demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que es segura. Que no utiliza diseños adictivos. Que no expone a niñas, niños y adolescentes a contenidos o conductas perjudiciales. Que protege su privacidad. Que ofrece herramientas efectivas frente a contactos no deseados. Que no hace negocio con su vulnerabilidad.

La segunda enmienda aborda una de las dinámicas centrales del modelo actual: la amplificación algorítmica de contenidos dañinos.

Una cosa es que un usuario publique un contenido ilegal o peligroso. Otra muy distinta es que una plataforma lo recomiende, lo priorice, lo distribuya y lo haga viral porque genera más tiempo de permanencia, más interacción y más beneficio.

Los algoritmos no son una fuerza de la naturaleza. Alguien los diseña, alguien decide para qué sirven y alguien gana dinero con sus efectos. Por eso, cuando una plataforma o un servicio intermediario utiliza sus sistemas para amplificar contenidos lesivos —como los que incitan al suicidio o a la autolesión, contenidos de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio— debe haber responsabilidad.

Y conviene decirlo bien: esto no va de convertir internet en un campo penal permanente. No va de perseguir opiniones ni de criminalizar a los jóvenes. Va de algo mucho más concreto: que una empresa no pueda enriquecerse empujando contenidos que dañan la vida de las personas. También se prevé responsabilidad para directivos que conozcan ese efecto y no actúen, y consecuencias ante el incumplimiento de órdenes judiciales o administrativas de retirada de contenidos ilícitos.

La ponencia de la Ley de Entornos Digitales ya ha echado a andar. Hemos tenido la primera reunión y ahora los grupos parlamentarios tenemos que decidir si queremos una ley tímida o si queremos estar a la altura del debate real que ya existe en la sociedad. Familias, docentes, profesionales de la salud mental, expertos digitales y muchísimos jóvenes saben perfectamente que algo no está funcionando.

El problema no es solo que un menor tenga un móvil en la mano. El problema es que al otro lado hay un modelo de negocio depredador que explota nuestros datos y vampiriza nuestra atención. Un modelo que no nació pensando en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, sino en maximizar permanencia, interacción y beneficio.

Shoshana Zuboff lo llamó capitalismo de vigilancia: un modelo económico basado en extraer información de nuestra conducta para predecirla, moldearla y convertirla en negocio. Y si eso ya es grave para cualquier ciudadano, cuando hablamos de menores es directamente inaceptable.

Por eso, para que esta ley sea útil de verdad, no basta con hablar en abstracto de “diseños adictivos” o “funcionalidades perjudiciales”. Hay que concretar. Las grandes tecnológicas son expertas en decir que cumplen mientras mantienen intacto el corazón de su negocio.

Hablamos del scroll infinito, que elimina la pausa y convierte el consumo de contenido en una cadena sin final. Hablamos de las notificaciones push, de los nudges y de la reproducción automática, diseñados para interrumpirnos, empujarnos a volver y sustituir la decisión consciente por la inercia.

Hablamos de sistemas de recomendación algorítmica optimizados para maximizar el tiempo de permanencia y la interacción. Si una adolescente se queda mirando contenidos sobre cuerpos imposibles, dietas extremas o ansiedad, el algoritmo no puede seguir empujándole más de lo mismo para retenerla unos minutos más.

Hablamos de publicidad dirigida a menores basada en sus datos personales. Una chica con anorexia no puede recibir anuncios de aplicaciones para “adelgazar con IA” porque una plataforma ha detectado, inferido o explotado su vulnerabilidad. Eso no es innovación. Es explotación.

Hablamos de mensajes efímeros, contacto por desconocidos y canales opacos que pueden ser utilizados para grooming, sextorsión o acoso sexual. Con menores, la seguridad no puede estar escondida en un menú de configuración. Tiene que venir de serie.

Hablamos también del uso de datos biométricos. Rostro, voz, rasgos físicos o patrones corporales de menores no pueden normalizarse como si fueran datos cualquiera. Proteger a la infancia no puede convertirse en una excusa para ampliar la vigilancia digital.

Y hablamos de algo tan básico como que las cuentas infantiles no estén configuradas como públicas por defecto. En enores, la privacidad debe ser el punto de partida. No la opción que encuentras después de veinte clics.

Pero restringir estas funcionalidades no será suficiente si los usuarios siguen atrapados en un puñado de monopolios.

Hoy mucha gente no abandona una red social aunque sea tóxica, invasiva o insegura porque allí están sus amistades, sus contactos, sus seguidores, su comunidad. Irse significa desaparecer. Y cuando irse significa desaparecer, la libertad de elección no es real.

Por eso la interoperabilidad tiene que entrar en este debate.

Interoperabilidad significa que una persona pueda cambiar de plataforma sin perder su vida social digital. Que pueda comunicarse con sus contactos aunque estén en otra red. Que pueda trasladar sus datos. Que puedan nacer alternativas más seguras, más democráticas, más europeas, públicas, cooperativas o de interés social.

Recordando aquel “A desalambrar” que cantó Víctor Jara, también ha llegado la hora de desalambrar las plataformas. Porque hoy las grandes redes sociales funcionan como cercados privados: si quieres irte, pierdes tus contactos, tu comunidad, tus relaciones digitales. La interoperabilidad va precisamente de eso: de abrir puertas donde hoy hay muros, de que nadie esté obligado a quedarse en una plataforma insegura, tóxica o abusiva porque fuera de ella desaparece socialmente.

Esto transformaría el mercado. Obligaría a las redes sociales a competir por la calidad de sus servicios, incluida la seguridad. Si una plataforma empeora, si deja de ser segura o si sigue basando su negocio en enganchar a menores, los usuarios tendrían una vía de escape. Hoy, en la práctica, no la tienen.

Además, permitiría que startups, empresas emergentes, desarrolladores de interés público, universidades o proyectos europeos pudieran crear nuevas herramientas de seguridad, nuevos sistemas de recomendación y nuevos mecanismos de moderación. Abriría camino a redes sociales más seguras y a innovación europea.

No basta con pedir a Meta, TikTok, YouTube, X o Snapchat que se porten bien. Hay que reducir su poder. Hay que abrir alternativas. Hay que construir soberanía digital.

Y aquí está una de las claves políticas del debate. Europa no puede seguir actuando como si la vida digital de millones de personas fuera un asunto privado entre usuarios y plataformas. Buena parte de esa vida digital está diseñada por grandes corporaciones de Estados Unidos y por otros gigantes tecnológicos globales que no responden ante nuestras comunidades democráticas.

No podemos resignarnos a que Silicon Valley decida cómo nos informamos, cómo nos relacionamos, qué contenidos se nos empujan, qué datos se extraen y qué diseños condicionan nuestra atención, nuestra autoestima o nuestras relaciones.

Regular las redes sociales no es estar contra la tecnología. Es decidir democráticamente qué tecnología queremos. Queremos innovación, sí, pero no dependencia. Queremos digitalización, sí, pero no monopolios. Queremos redes, sí, pero no a costa de la salud mental, la intimidad, los datos y la vida de niños, niñas y adolescentes.

La derecha dirá que esto es cosa de las familias. Es su respuesta de siempre: privatizar los problemas sociales y dejar sola a la gente frente a poderes económicos enormes. Nosotros creemos otra cosa. Cuando el daño tiene causas económicas, tecnológicas y políticas, la respuesta tiene que ser pública, colectiva y democrática.

La Ley de Entornos Digitales puede marcar un camino. España puede situarse en la primera línea de un debate mundial que ya ha empezado: cómo poner límites democráticos a las grandes plataformas, cómo proteger a la infancia y cómo recuperar soberanía frente a los oligopolios digitales.

Los grupos parlamentarios tenemos que estar a la altura. No basta con declaraciones generales. Hay que hablar de algoritmos, publicidad, datos, diseño adictivo, interoperabilidad y soberanía digital.

Las redes sociales han tenido demasiado poder y muy pocas obligaciones. Hoy empezamos a cambiarlo.