El Consulado de Marruecos en Canarias sigue sin acatar sentencias firmes: los trabajadores piden amparo a Exteriores

El “reiterado” incumplimiento de sentencias firmes en materia laboral por parte del Consulado de Marruecos en Canarias ha llevado a cuatro agentes locales de esta delegación, dos de ellas ya jubiladas, a pedir la intervención del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y de su homólogo marroquí, Nasser Bourita.

En una carta también remitida a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, los firmantes reclaman que se adopten las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento “íntegro y efectivo” de los fallos judiciales que han ido recayendo a su favor desde enero de 2024 en los juzgados de lo social de Las Palmas de Gran Canaria.

La conflictividad laboral en el Consulado de Marruecos en Canarias se disparó tras la llegada de Fatiha El Kamouri en 2022. Durante la misión de la actual cónsul, que concluirá este año, los agentes locales (trabajadores que se rigen por la normativa laboral española) han presentado más de dos decenas de demandas que suman 108.569 euros entre acciones de reclamación de cantidades (por antigüedad, bolsa de vacaciones, complementos de incapacidad temporal o gratificaciones) e indemnizaciones (acoso laboral y daño moral).

De todos esos procedimientos judiciales, la delegación consular ya ha sido condenada a pagar cerca de 80.000 euros (más intereses) en resoluciones firmes.

Acoso laboral

Según la misiva, al margen de los incumplimientos de sentencias por reclamación de cantidades, el Consulado de Marruecos en Canarias sigue sin acatar dos resoluciones firmes por vulneración de derechos fundamentales y una por acoso laboral.

Una de las afectadas es una agente local que ejercía labores de atención al público, registro consular y pasaporte y a quien la cónsul ubicó en un puesto con “la mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material de oficina y despojada de funciones”, según recoge la condena por modificación sustancial de condiciones de trabajo.

A otro empleado que ejercía en los servicios de caja, recepción, archivo y servicio social, la cónsul lo convirtió en su conductor personal, con disponibilidad absoluta y llamadas “a deshoras”. Una sentencia anuló esa modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y una segunda declaró que el trabajador sufrió un trato denigrante por parte de la cónsul y constató el clima de “hostigamiento” que los agentes locales dicen sufrir desde la llegada de El Kamouri en 2022, por lo que ordenó “el cese del acoso laboral y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales”.

Según recoge la carta remitida el pasado 28 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a pesar de esas sentencias estos trabajadores no han sido restituidos en sus puestos y siguen “sin funciones asignadas, aislados físicamente en dependencias separadas, incomunicados, bajo vigilancia constante y sometidos a una situación laboral que, en la práctica, impide el cumplimiento real de los fallos judiciales”.

Este escenario, continúa la misiva, “no sólo prolonga el perjuicio personal y profesional sufrido por los trabajadores afectados, sino que plantea una seria preocupación en relación al respeto debido a las resoluciones dictadas por los tribunales españoles en materia laboral, jurisdicción que resulta plenamente aplicable a los agentes locales contratados bajo la legislación española”.

Los firmantes recalcan que la intención del escrito dirigido a los ministros, a la embajadora y al delegado del Gobierno en Canarias no es “generar confrontación”, sino “trasladar con responsabilidad institucional” una realidad que califican de “jurídicamente grave” y que, a su juicio, afecta no sólo a los trabajadores implicados, sino también “a la imagen y al respeto debido al ordenamiento jurídico del país anfitrión”.

Primer escrito en 2022

Ya en noviembre de 2022, tan solo dos meses después del aterrizaje de la actual cónsul, un grupo de seis agentes locales remitió una comunicación formal a altas instancias para poner en su conocimiento “el deterioro del clima laboral” en el Consulado de Marruecos tras la llegada de El Kamouri. En esa primera carta, este grupo de trabajadores ya alertaba de su “profunda preocupación” por conductas que, en su opinión, eran constitutivas de “acoso, hostigamiento, presión indebida y trato laboral impropio”.

“Lamentablemente, lejos de haberse corregido, la situación descrita lleva prolongándose desde hace más de tres años, con consecuencias personales y profesionales muy graves para los trabajadores afectados. Durante este periodo, todos los empleados nos hemos visto obligados a solicitar bajas médicas por ansiedad y estrés laboral, habiéndose producido, incluso, situaciones de grave afectación a la salud, derivadas del clima de presión extrema existente”, señalan los firmantes.

Ante el incumplimiento de las sentencias, los agentes locales se están viendo obligados a recurrir a procedimientos judiciales de ejecución forzosa, lo que puede conllevar “la eventual exigencia de responsabilidades derivadas de su inobservancia, como multas y sanciones pecuniarias o embargos” para el Consulado de Marruecos, advierten.

De hecho, en una resolución firmada en diciembre de 2025 una jueza ya ordenó “imponer apremios pecuniarios” (multas) al Consulado de Marruecos ante el incumplimento reiterativo de una sentencia por vulneración de derechos fundamentales.

Según la documentación aportada por los agentes locales, otro juzgado llegó a citar personalmente a la cónsul en marzo de este año para “justificar las razones del incumplimiento” de otro fallo, pero El Kamouri no se presentó. También según esos escritos, varias vistas tuvieron que ser suspendidas a principios de año después de que el abogado del Consulado de Marruecos renunciara a su defensa.

Dignidad y derechos laborales

Por todo ello, los trabajadores exigen a los ministros de Exteriores de España y Marruecos que intervengan para “garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las sentencias firmes dictadas por los tribunales españoles”, así como la restitución de los empleados en sus puestos y funciones “en condiciones reales, dignas y acordes con lo judicialmente acordado, asegurando que no se produzcan actuaciones que puedan interpretarse como represalias o como prolongación de conductas ya declaradas ilícitas”.

También reclaman “un entorno laboral respetuoso con la dignidad, los derechos laborales y la legalidad vigente” y poner fin a una situación “que se prolonga desde hace más de tres años y que ha generado un grave deterioro humano, profesional y organizativo”.

“Siempre hemos desempeñando nuestras funciones con profesionalidad y lealtad institucional. Nuestra voluntad y único objetivo ha sido y sigue siendo continuar desmpeñando nuestras funciones con normalidad y pleno respeto a la legalidad vigente, como lo hemos hecho durante años”, concluyen los agentes locales.

Desde que Canarias Ahora publicó las primeras informaciones sobre la conflictividad laboral en el Consulado de Marruecos en Canarias, en octubre de 2023, no ha recibido respuesta alguna de la delegación consular a los correos enviados.

Hasta la fecha, los trabajadores firmantes de la carta no han recibido contestación por parte de las instituciones a las que la remitieron.