Sánchez se escuda en la “verdad construida” por la derecha para rebajar el umbral de la responsabilidad política ante el acoso judicial

Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.

Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Y, aunque hubo un tiempo en España en el que los partidos establecieron que el momento de exigir responsabilidades políticas ante una investigación penal llegaba cuando alguien era imputado, hoy los códigos han cambiado. Por la polarización, por el uso de la Justicia como arma política y mediática, por la utilización de la acusación popular con fines ideológicos o por las investigaciones prospectivas. El caso es que tanto PP como PSOE han movido las líneas rojas en función de los casos y lo que antes se exigía ante una imputación y después ante la apertura de juicio oral, hoy es una regla vacilante, a tenor de los casos o de los cargos afectados.

Pedro Sánchez se aferra a lo que en su entorno más cercano llaman “la verdad construida” para difuminar las líneas de responsabilidad política ante lo que consideran “una ofensiva judicial sin precedentes” y en la que “la sincronización de los tiempos judiciales con los políticos es clamorosa”. Así explican el respaldo cerrado del Gobierno a la presidenta de la SEPI, a la directora de la Guardia Civil y al DAO. Ya pasó con el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que solo dejó el cargo tras una sentencia condenatoria dictada, sin pruebas, por el Tribunal Supremo.

Pese a la presión de las derechas mediática y política, el Gobierno no está dispuesto a sacrificar a más cargos, salvo que existan pruebas palmarias de comportamientos irregulares, algo que no ven ni en la presidenta de la SEPI ni en el de la directora general de la Guardia Civil. “Si los jueces han decidido hacer política, es razonable que tengamos que mover las líneas rojas de la responsabilidad”, aseguran en La Moncloa, donde admiten que el cierre de filas con los últimos imputados es también una “respuesta defensiva ante lo que está por venir porque ni los medios, ni los jueces, ni el PP están dispuestos a parar”. Se refieren a “esa verdad construida” en los diarios afines a la derecha, donde hace semanas fabulan con nuevas imputaciones de ministros e incluso con la del presidente del Gobierno.

Convertido en un émulo de Rocky Balboa, Sánchez no siente el dolor o, al menos, no lo proyecta en sus intervenciones públicas, en las que suele transmitir un control absoluto ante la adversidad de los casos judiciales. “La imputación ha dejado de ser una realidad jurídica para convertirse en un arma política de destrucción masiva de reputaciones”, asegura un miembro del Gobierno, que recuerda que mientras la derecha pide dimisiones a diestro y siniestro mientras mantiene en el cargo al alcalde de Móstoles, imputado por un delito de acoso sexual y laboral a una concejal del municipio.

La consigna, por tanto, en el Gobierno es resistir lo que venga aunque se produzcan nuevas imputaciones y la oposición exija a diario la dimisión del gobierno al completo. Cuestión distinta es la inquietud que en el PSOE han generado ya algunos movimientos internos para sembrar la semilla del antisanchismo. Nada nuevo bajo el Sol, pues incluso entre los más cercanos hubo quien fantaseó y conspiró con ese escenario durante los 5 días de abril de 2024 que Sánchez se tomó de reflexión para decidir si seguía o no al frente del país, tras la imputación de su esposa.

Enma López, protegida de Cerdán y Salazar

Las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y la candidatura de la concejal Enma López se han leído en La Moncloa precisamente en esa clave. Y no porque la aspirante a arrebatar el cartel a Reyes Maroto, la opción de Ferraz, piense que su talla da para tanto, sino porque quienes apoyan mediática y orgánicamente su candidatura “aspiran, no a ocupar un cartel electoral con escasas posibilidades de éxito, sino a propinar una derrota orgánica a Sánchez” con la que empezar a mover el avispero de una hipotética sucesión.

El problema de la aspirante y colaboradora de La Sexta Enma López es que tendrá complicado hacer una campaña a la contra de la dirección federal, ya que ha formado parte de ella hasta hace una semana, donde contó durante años con la protección del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, que tuvo que dimitir tras varias denuncias internas por acoso sexual.

De momento, en la página web creada para impulsar su candidatura “yatocaMadrid” no aparece por ningún lado el logo del PSOE, algo que no ha pasado desapercibido en la dirección socialista de la calle Ferraz, donde también miran de reojo al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, y a lo que llaman “lobby gay” del socialismo que en su día controló Adriana Lastra y “hoy está volcado en la campaña de Enma López”, aunque con excepciones.

La concejal se saltó las normas internas y el calendario oficial de las primarias con su anuncio de competir por la candidatura de Madrid, lo que ha despertado no pocas suspicacias en un PSM que no gobierna la capital de España desde hace más de 30 años, que está acostumbrado a las crisis internas, en el que la deslealtad se paga caro.

De todo ello, de sus posibles derivadas internas y del goteo de imputaciones judiciales tratará esta semana de escapar Pedro Sánchez con una agenda internacional que le llevará hasta Ankara a la cumbre de la OTAN, la primera que se celebre después del acuerdo alcanzado en La Haya para elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa y seguridad al que se opuso el presidente del Gobierno. Volverá a encontrarse allí con un Donald Trump “decepcionado con España”, en palabras del embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuyas políticas han supuesto en ocasiones un respiro para Sánchez en el asfixiante clima político nacional.